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Entre los cientos de mensajes que el presidente Donald Trump ha publicado desde el Día de la Inauguración, hay dos palabras que han capturado la atención de la opinión pública: «protestas ilegales».
El 4 de marzo, Trump publicó en su cuenta de Truth Social que «todo el financiamiento federal se detendrá para cualquier colegio, escuela o universidad que permita protestas ilegales». Aseguró además que «los agitadores serán encarcelados o enviados permanentemente de vuelta al país de donde vinieron».
El mensaje de la administración Trump sobre las protestas
El mensaje de la administración de Trump sobre las protestas en los campus universitarios fue recientemente reforzado por Linda McMahon, la nueva secretaria de Educación. McMahon, en una entrevista con CNBC, precisó que «no se trata de una cuestión de libertad de expresión», sino de «seguridad y derechos civiles».
Si bien la libertad de expresión está protegida por la Primera Enmienda, los tribunales han determinado durante décadas que este derecho no es absoluto. En este sentido, se ha dictaminado que las autoridades pueden intervenir en protestas cuando estas se vuelven violentas o destructivas.
¿Qué define una «protesta ilegal»?
Aunque los defensores de Trump han reconocido que la definición de «protesta ilegal» sigue siendo ambigua, los críticos argumentan que esta falta de claridad puede generar un clima de incertidumbre legal. La Casa Blanca no ha respondido a las solicitudes de CNN para proporcionar detalles más específicos sobre qué protestas se clasificarían como ilegales.
«Creo que una amenaza tan amplia va a tener un efecto amedrentador sobre las protestas y los manifestantes», dijo Gloria J. Browne-Marshall, profesora de Derecho Constitucional en el John Jay College of Criminal Justice.
Vista de personas que participan en una marcha propalestina, este 8 de junio de 2024, frente a la Casa Blanca, en Washington (EE.UU.). EFE/Jim Lo Scalzo
El derecho a protestar en Estados Unidos
El derecho a protestar en Estados Unidos tiene una larga historia, que se remonta a antes de la Constitución. Desde el famoso «Boston Tea Party» hasta las luchas por los derechos civiles en la década de 1960, las protestas han sido un pilar fundamental de la democracia estadounidense.
La Primera Enmienda protege varias libertades clave: libertad de religión, de expresión, de prensa, de reunión pacífica y de petición al gobierno. Las protestas afectan directamente a estas libertades, pero los tribunales han subrayado que los derechos constitucionales no siempre han sido aplicados de manera uniforme a lo largo de la historia.
La protesta como derecho “frágil”
Gregory Magarian, profesor de Derecho en la Universidad de Washington, señala que «el derecho a protestar como manifestación de los derechos a la libertad de expresión y a la reunión pacífica es algo frágil». Esto ha sido evidente en momentos históricos clave, como cuando el presidente Abraham Lincoln suspendió la protección del habeas corpus durante la Guerra Civil, o cuando la Ley de Sedición de 1918 restringió el lenguaje contra el gobierno durante la Primera Guerra Mundial.
Protestas y represión
Aunque los tribunales permiten que las fuerzas del orden disuelvan protestas violentas, los jueces han sido reacios a impedir incluso las manifestaciones más ofensivas antes de que estas se celebren. En 1977, por ejemplo, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que un grupo neonazi tenía el derecho de protestar en Skokie, Illinois, a pesar de la gran población de sobrevivientes del Holocausto en esa ciudad.
Este caso resalta una realidad fundamental: la Constitución de Estados Unidos protege las protestas, incluso las más impopulares. De hecho, la Corte Suprema ha establecido que el Estado debe proporcionar estrictas garantías procesales antes de imponer restricciones.
Vista de una muestra de apoyo de estudiantes de la Universidad de Columbia a la causa palestina, el 22 de abril de 2024, en Nueva York. EFE/Sarah Yenesel
¿Qué constituye una protesta ilegal?
Aunque la idea de una «protesta ilegal» suena incoherente desde el punto de vista jurídico, los tribunales han establecido que las manifestaciones que se tornan violentas o destructivas pueden ser disueltas. Sin embargo, la mayoría de las veces, el derecho de reunión pacífica sigue siendo una sólida protección constitucional.
La amenaza de la deportación de «agitadores»
En línea con su postura contra las protestas, Trump también ha señalado la posibilidad de deportar a los «agitadores» que participen en manifestaciones. Este tipo de declaraciones han generado preocupaciones legales y constitucionales, especialmente en el caso de Mahmoud Khalil, un organizador de protestas proGaza. Aunque el Departamento de Seguridad Nacional intentó deportar a Khalil, un juez federal suspendió temporalmente esta medida.
El gobierno de Trump se ha mostrado firme en sus esfuerzos por aplicar consecuencias legales a los manifestantes que considera como «agitadores». Esto se enmarca en una política más amplia que podría tener repercusiones en la forma en que las universidades y otras instituciones gestionan las protestas dentro de sus campus.
Fotografía de las marchas del Día Internacional de la Mujer, en la Plaza Washington Square Park de Nueva York (EE.UU.). EFE/ Ángel Colmenares
La respuesta política a las protestas
En un contexto más amplio, no solo las universidades están siendo afectadas por las restricciones a las protestas. En el Congreso, el representante Al Green fue expulsado por interrumpir el discurso de Trump, y algunos miembros del Partido Republicano han pedido sanciones más duras contra los demócratas que protestaron en el pasado.
La postura de Trump sobre las protestas no solo se limita a las universidades, sino que también afecta a las manifestaciones políticas en general. A medida que el gobierno sigue tomando medidas contra las protestas, los críticos temen que estas acciones amenacen las libertades fundamentales que han sido parte del ADN estadounidense durante más de 200 años.
1. Mayor riesgo de criminalización de las protestas
Históricamente, las comunidades latinas han sido muy activas en luchas por los derechos civiles, la justicia social y la igualdad. Desde las marchas por los derechos de los trabajadores agrícolas en California en la década de 1960 hasta las protestas más recientes por la reforma migratoria, los latinos han jugado un papel clave en las protestas en Estados Unidos.
Si el gobierno de Trump implementa políticas que criminalizan las protestas bajo el término «protestas ilegales», los manifestantes latinos, especialmente aquellos involucrados en movimientos proinmigrantes o en defensa de los derechos civiles, podrían verse aún más expuestos a represalias, como arrestos o deportaciones. Esto podría crear un ambiente de miedo en el que los latinos se sientan desincentivados a ejercer su derecho a la libertad de expresión.
2. Aumento del perfil de riesgo para los latinos en protestas
Con el creciente enfoque en la seguridad y la criminalización de las protestas, los latinos que participen en movimientos sociales podrían ser más vigilados por las autoridades. Esto se debe a que, en muchas ocasiones, las protestas de la comunidad latina están vinculadas a temas de inmigración y derechos civiles, áreas que han sido objeto de políticas más estrictas bajo la administración Trump.
El uso de la palabra «agitador» en las amenazas del presidente también puede asociarse con una estigmatización racial y étnica, donde los latinos que se involucran en actividades de protesta podrían ser percibidos negativamente por las autoridades y ser más propensos a sufrir represalias o ser acusados injustamente.
3. Reacciones de los grupos de derechos civiles latinos
Organizaciones de derechos civiles latinas, como la Unión del Barrio o La Raza, podrían verse obligadas a intensificar sus esfuerzos para proteger el derecho a protestar de sus miembros. Estos grupos podrían enfrentar una mayor presión legal y mediática a medida que luchan contra lo que consideran un intento de suprimir las voces de la comunidad latina.
Algunos de estos grupos también podrían ser blanco de investigaciones, especialmente si sus protestas son etiquetadas como «ilegales» o disruptivas. Esto podría generar un clima de desconfianza y temor dentro de la comunidad latina, especialmente entre aquellos que temen que su participación en protestas pueda poner en peligro su estatus migratorio o su seguridad.
