La Oficina del Contralor Electoral (OCE) de Puerto Rico presentó, ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, 22 demandas de cobro de dinero por concepto de multas contra aspirantes, candidatos y tesoreros del Partido Nuevo Progresista, el Partido Popular Democrático (PPD) y del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).
Sin embargo, tan pronto el contralor electoral, Walter Vélez, confirmó temprano este lunes que tomaría acción legal y divulgó la identidad de los deudores, algunos de ellos procedieron a pagar o pactar un acuerdo con la entidad pública.
“Agotamos los recursos administrativos sin éxito. Estos comités han fallado en cumplir con las regulaciones relacionadas al financiamiento de las campañas y responder asertivamente a las comunicaciones de esta oficina”, indicó Vélez, en un comunicado de prensa.
Precisó que las 22 demandas fueron por violación a la Ley para la Fiscalización de las Campañas Políticas (Ley 222 de 2011) y, en síntesis, se trata de 60 multas administrativas impuestas, que ascienden conjuntamente a $274,000.
“Eso corresponde, en su mayoría, a la auditoría del evento electoral 2020, que, en muchos casos, se le hicieron planes de pago e incumplieron con los mismos”, precisó Vélez, luego, en entrevista telefónica con El Nuevo Día.
Agregó que la Ley 222 de 2011 permite una rebaja en el pago de las multas, siempre y cuando el infractor acepte la violación. Sin embargo, aclaró que, cuando no se cumple con el pago estipulado, “la cuantía se retrotrae a la cantidad original”. El dinero por concepto de multas impuestas por la OCE va al Departamento de Hacienda.
Entre las 22 personas multadas, se encuentra la exalcaldesa de Aguadilla, Yanitsia Irizarry, y los alcaldes de Cidra y Guayanilla, Ángel Concepción González y Raúl Rivera Rodríguez, respectivamente. Esos tres políticos, entre otros multados, habían hecho un plan de pago con la OCE, lo que les permitió aspirar a un puesto electivo en las pasadas primarias, pero luego dejaron de cumplir con la obligación, explicó Vélez.
El Código Electoral exige a los postulantes que, al aspirar a un puesto electivo, no tengan deudas con la OCE y, si las tienen, hayan realizado un plan de pago que deberán evidenciar ante la Comisión Estatal de Elecciones.
Tras la divulgación de la información este lunes, el alcalde de Cidra se comunicó con la OCE y pagó su multa. Lo mismo hizo Nydia Encarnación, tesorera del comité de John Paul López, del PPD. Mientras, Annette Jiménez Collet, del MVC, transó un acuerdo con la entidad fiscalizadora.
Según la OCE, entre las faltas señaladas a los comités de los 22 multados, está incumplir con requerimientos de información, no presentar informes, además de ingresos y gastos no informados o no depositados en la cuenta de campaña, donantes no identificados y deficiencias en controles internos.
La lista completa de multados incluye a seis aspirantes y candidatos a legisladores y siete postulantes a ocupar alcaldías, así como igual número de tesoreros de comités de campaña política.
“Es indispensable que cada uno de los componentes políticos cumpla cabalmente con las disposiciones establecidas por la Ley 222 y el ordenamiento. Con este fin, continuaremos agotando los esfuerzos para hacer cumplir el mandato legislativo”, puntualizó Vélez.
