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El Salvador acepta recibir a criminales de EE.UU. en un acuerdo sin precedentes
El Salvador ha alcanzado un acuerdo con Estados Unidos para albergar a criminales deportados, incluyendo a miembros de bandas transnacionales como la MS-13 y el Tren de Aragua. El acuerdo, calificado por algunos como “sin precedentes”, se dio a conocer el lunes por el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, tras su reunión con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele. Sin embargo, la propuesta ha generado preocupación, especialmente entre grupos de derechos humanos, por sus posibles implicaciones legales y humanitarias.
Un acuerdo histórico en el marco de la política migratoria de Trump
El acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador no solo afecta a los deportados salvadoreños, sino que también contempla la aceptación de criminales extranjeros de cualquier nacionalidad que hayan sido detenidos en EE. UU. En su anuncio, Rubio destacó que este acuerdo migratorio es “el más extraordinario y sin precedentes en el mundo”. El acuerdo también incluye la posibilidad de que El Salvador albergue en sus cárceles a delincuentes estadounidenses convictos, aunque la viabilidad legal de esta última medida sigue siendo incierta.
A pesar de la propuesta, expertos legales han señalado que la deportación de ciudadanos estadounidenses a otro país es ilegal, lo que podría generar un importante conflicto jurídico. Leti Volpp, profesora de Derecho en la Universidad de California, advirtió que “Estados Unidos tiene absolutamente prohibido deportar a ciudadanos estadounidenses”.
La propuesta de Bukele: una cárcel a cambio de una tarifa
El presidente Bukele confirmó el acuerdo a través de sus redes sociales, destacando que El Salvador estaría dispuesto a recibir a criminales convictos, incluidos ciudadanos estadounidenses, en su nueva prisión de alta seguridad, el Centro de Internamiento de Terroristas (CECOT). Esta prisión, con capacidad para 40,000 reclusos, ha sido diseñada para albergar a los criminales más peligrosos del país.
Bukele explicó que el acuerdo incluiría una tarifa que, aunque baja para Estados Unidos, sería significativa para El Salvador, permitiendo que el sistema penitenciario salvadoreño se vuelva más sostenible. Desde que asumió la presidencia, Bukele ha implementado políticas de mano dura contra las bandas criminales, lo que ha reducido la violencia en el país, pero también ha generado críticas por las condiciones inhumanas en las prisiones.
Críticas y preocupaciones sobre los derechos humanos
La aceptación de este acuerdo ha provocado un fuerte rechazo por parte de grupos de derechos humanos y de la oposición política en El Salvador. La organización humanitaria Human Rights Watch ha denunciado las condiciones penitenciarias en El Salvador, alertando sobre el hacinamiento y la falta de acceso a servicios básicos como agua potable y saneamiento en muchas prisiones.
El Departamento de Estado de EE. UU. también ha emitido advertencias de viaje que incluyen el trato “duro” de los prisioneros en El Salvador, con condiciones que constituyen una amenaza para su salud y vida. A pesar de estos señalamientos, el gobierno de Bukele ha defendido su política de seguridad como una respuesta necesaria ante la violencia que azotaba el país.
Una medida controvertida que refleja las tensiones migratorias
El acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador también se inserta dentro del marco más amplio de las tensiones migratorias en América Central y la política de inmigración de la administración Trump. En su reciente gira por la región, Trump ha mostrado interés en conseguir acuerdos con países centroamericanos para frenar el flujo de inmigrantes hacia EE. UU., y el pacto con El Salvador forma parte de ese enfoque.
Algunos críticos han calificado esta propuesta como una “solución transaccional” entre dos líderes autoritarios, Bukele y Trump, que buscan estrechar relaciones a través de acuerdos de migración y seguridad. Mneesha Gellman, profesora de política internacional, argumentó que este acuerdo carece de base legal y podría violar derechos internacionales relacionados con los migrantes.
Reacciones políticas dentro de El Salvador
En El Salvador, la reacción frente al acuerdo ha sido mixta. El partido de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) ha criticado duramente el pacto, calificando a la medida de “humillante” para el país. Manuel Flores, secretario general del FMLN, cuestionó el trato de El Salvador como un “patio trasero” de Estados Unidos, criticando la falta de consideración por el bienestar de los deportados.
Por otro lado, los aliados de Bukele han defendido el acuerdo, destacando que contribuiría a la seguridad del país y permitiría hacer frente a las bandas criminales que han operado en El Salvador durante años. En este contexto, Bukele ha reforzado su imagen como líder de una lucha exitosa contra la violencia, aunque las críticas por las violaciones a los derechos humanos continúan.
La política de seguridad de Bukele y su relación con EE. UU.
La política de seguridad de Bukele ha sido un punto de atracción para la administración Trump. La represión de las bandas criminales, incluida la MS-13, ha ganado la admiración de Trump, quien ha relacionado las políticas de mano dura de Bukele con sus propias estrategias para controlar la inmigración y reducir la violencia en las ciudades estadounidenses.
La relación entre ambos países también se ha centrado en el uso de recursos como el CECOT para albergar a los deportados, lo que pone en evidencia la naturaleza pragmática y transaccional de este acuerdo. A pesar de los elogios de Trump y sus aliados, los críticos argumentan que este acuerdo podría sentar un precedente peligroso para la política migratoria global y para los derechos humanos de los migrantes.
Impacto de las políticas migratorias de Trump en América Latina
La política migratoria de la administración Trump ha tenido un impacto profundo en América Latina, especialmente en los países centroamericanos que han sido presionados para aceptar deportados y controlar el flujo migratorio hacia el norte. La situación ha generado tensiones en la región, con países como El Salvador, Guatemala y Honduras bajo presión para implementar políticas más estrictas.
El acuerdo con El Salvador refleja las dinámicas de poder en la región, donde los gobiernos centroamericanos han aceptado ciertos términos a cambio de ayuda económica o beneficios en términos de seguridad. Sin embargo, este tipo de acuerdos también genera dudas sobre las implicaciones de derechos humanos y la soberanía de los países involucrados.
En resumen, el acuerdo entre El Salvador y Estados Unidos sobre los criminales deportados marca un precedente importante en la política migratoria y de seguridad, pero también plantea interrogantes sobre la legalidad y los derechos humanos involucrados. Las reacciones tanto dentro como fuera de El Salvador seguirán evolucionando, mientras los líderes políticos y las organizaciones de derechos humanos monitorean de cerca el impacto de esta medida.
