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El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, expresó este sábado su rechazo a la reinstauración de la Lista Restringida de Cuba por parte de Estados Unidos, así como a la reactivación del Título 3 de la Ley Helms-Burton, ambas medidas dirigidas contra la isla caribeña. El mandatario calificó estas acciones como un “abuso” envuelto en mentiras, con el fin de justificar lo que calificó como un “cerco criminal” contra el país.
Cuba responde a la reinstauración de la lista restringida
En una serie de mensajes a través de redes sociales, Díaz-Canel afirmó que la reinstauración de la Lista Restringida de Cuba por parte del gobierno estadounidense no fue una sorpresa, ya que, según él, esta decisión forma parte de una campaña más de acoso contra el pueblo cubano. La lista restringida incluye a una serie de compañías cubanas bajo el control de los servicios de inteligencia y militares de la isla, a quienes el gobierno de Estados Unidos acusa de represión y vigilancia directa sobre la población cubana.
Díaz-Canel aseguró que las sanciones impuestas por Washington, confirmadas el pasado viernes por el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, «recibirán el repudio de todos los cubanos que aman a su tierra». Además, subrayó que la medida solo aumentará el aislamiento internacional de Estados Unidos, sin que logre su objetivo de debilitar la soberanía y la dignidad de Cuba. En su mensaje, el presidente también culpó a las decisiones estadounidenses de causar un «daño» significativo a la población cubana, afectando especialmente su bienestar económico.
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en una fotografía de archivo. EFE/Luong Thai Linh/Pool
Reacciones de la Cancillería de Cuba
A través de un comunicado emitido el sábado, la Cancillería cubana denunció que las recientes sanciones de Estados Unidos podrían ser solo un anticipo de otras medidas más duras que la Administración Trump ha estado preparando desde 2017. El comunicado advirtió que estas medidas, tomadas con fines políticos, son una forma de intensificar el cerco económico contra la isla.
La Cancillería también criticó las decisiones de Washington, acusando al gobierno republicano de actuar en beneficio de grupos e intereses particulares en Estados Unidos, particularmente aquellos vinculados a familias reaccionarias y sectores políticos de la Florida. Según la diplomacia cubana, estas medidas son una muestra de la «naturaleza corrupta» de la administración estadounidense, que persigue intereses que no corresponden con el bienestar de la población cubana.
La lista restringida: Un golpe a la economía de Cuba
La reinstauración de la lista restringida, que el gobierno de Donald Trump había suspendido en los últimos años de la administración anterior, ha generado gran preocupación en Cuba. Esta lista prohíbe transacciones con empresas cubanas que estén vinculadas al gobierno de la isla, especialmente aquellas relacionadas con el ejército, los servicios de inteligencia y otras agencias de seguridad. Según Rubio, la finalidad de esta medida es “negar recursos a las ramas del régimen cubano que oprimen y vigilan directamente al pueblo cubano, mientras controlan grandes sectores de la economía”.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó que además de incluir nuevamente a las compañías que ya estaban en la lista hasta finales de la administración de Joe Biden, se ha añadido a Orbit, una empresa encargada de procesar remesas que actúa para los militares cubanos. Esta reactivación de la lista busca cortar el acceso a recursos financieros que, según Washington, terminan beneficiando al régimen cubano y sus estructuras de control.
El presidente cubano, Miguel Diaz-Canel, en una fotografía de archivo. EFE/Ernesto Mastrascusa
La reactivación del Título 3 de la Ley Helms-Burton
Además de la reinstauración de la Lista Restringida, el gobierno de Estados Unidos también ha reactivado el Título 3 de la Ley Helms-Burton, una legislación que fue suspendida por la administración de Biden a pocos días de asumir la presidencia. Este Título permite a ciudadanos estadounidenses presentar demandas en tribunales de EE. UU. contra empresas extranjeras que operan en propiedades que fueron expropiadas por el gobierno cubano después de la Revolución de 1959.
Con esta medida, Estados Unidos busca presionar a las empresas internacionales que operan en Cuba, obligándolas a elegir entre continuar sus negocios en la isla o enfrentarse a demandas judiciales por parte de los ciudadanos estadounidenses cuyos bienes fueron confiscados por el gobierno cubano.
