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La presidenta de la Cámara de Diputados de Chile, Karol Cariola, ha anunciado este sábado su intención de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras un polémico registro llevado a cabo por la Fiscalía y concretado por efectivos de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI). Este procedimiento tuvo lugar el pasado lunes, mientras Cariola daba a luz, un hecho que la diputada ha calificado como «una gran violación de sus derechos» tanto a ella como a su hijo Borja.
Un allanamiento que viola derechos fundamentales
En un video publicado en su cuenta de la red social X, la diputada chilena relató la secuencia de los hechos, manifestando que tanto ella como su hijo fueron víctimas de una violación a sus derechos humanos. «Horas después de mi parto, organismos públicos del Estado de Chile decidieron allanar nuestra casa, invadir nuestro espacio privado, poniendo en riesgo con eso nuestra integridad física y psicológica», señaló. La parlamentaria también reveló que, además del allanamiento en su domicilio, su pareja y su familia recibieron amenazas sobre un posible ingreso a la sala de parto en el hospital donde ella se encontraba.
Injusticia e información falsa: un proceso viciado
Cariola calificó este incidente de «gran injusticia» y «escándalo innecesario», explicando que el supuesto delito que se le imputa se basa en un informe con «información falsa» y «graves desprolijidades». Aseguró que el informe que fundamentó el allanamiento confunde hechos y personas sin conexión, lo que deriva en errores de procedimiento. La diputada añadió que este tipo de situaciones «pudo ser evitado» y garantizó que tomará todas las medidas necesarias para proteger su dignidad y la de su hijo.
«Yo colaboré con la Justicia como siempre lo he hecho, entregué voluntariamente lo que me pedían a través de mi familia. No era necesario un escándalo (…). Si tenían legítimas dudas, podrían haberlas preguntado y yo las hubiese respondido con total transparencia, tal como lo han hecho con otras autoridades o personas públicas», afirmó Cariola.
Fotografía cedida por prensa de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile de la nueva presidenta de la Cámara de Diputados, la comunista Karol Cariola, en la sede del Congreso Nacional en Valparaíso (Chile). EFE/Prensa Cámara de Diputados
Acciones «viciadas»: el abogado de Karol Cariola reclama nulidad
El abogado de la presidenta de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Manríquez, también se pronunció sobre los hechos, destacando que durante el proceso de allanamiento hubo errores y desprolijidades que deben ser corregidos. Manríquez insistió en que las acciones realizadas fueron ilegales y solicitó que se declare la nulidad de todo lo sucedido, ya que se vulneraron los derechos fundamentales de la diputada.
«Por haberse vulnerado de forma ilegal e indebida sus derechos fundamentales, induciendo a un tribunal a otorgar una medida intrusiva y de incautación de su teléfono móvil con información incompleta, desprolija y errónea, hemos pedido al mismo tribunal que declare la nulidad total de las actuaciones que hicieron posible ese atropello», declaró Manríquez. Además, el abogado subrayó que este tipo de medidas, basadas en informes imprecisos y erróneos, condujeron a decisiones judiciales incorrectas que no deberían haber sido autorizadas.
Denuncia contra el director de la PDI y el informe policial
En un giro adicional, el abogado de Cariola también reveló que se ha presentado una denuncia contra el director de la Policía de Investigaciones de Chile, Eduardo Cerna Lozano, debido a la forma en que un oficial varón ejecutó el allanamiento, algo que, según Manríquez, constituye una violación a los derechos de la diputada en el momento más delicado de su vida. «El informe policial que motivó el allanamiento confunde y omite comunicaciones de diferentes personas y épocas que da a entender serían una sola, llegando a conclusiones equívocas», agregó.
El abogado de Cariola insistió en que el informe policial fue clave para autorizar las diligencias y que estas diligencias «nulas y perjudiciales» fueron ampliamente filtradas a los medios de comunicación. En su opinión, si el procedimiento se hubiera realizado correctamente, jamás se habría autorizado el allanamiento ni las medidas relacionadas con este.
