16 funcionarios venezolanos fueron sancionados por EE.UU., incluida presidenta del Supremo. Medida remarca rechazo de Washington a supuesta victoria de Maduro.
Estados Unidos ha anunciado sanciones a 16 autoridades venezolanas alineadas con el presidente Nicolás Maduro, por falsear el resultado de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Las sanciones afectan a los líderes del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que impidieron un proceso electoral transparente y la publicación de resultados electorales precisos. También se extienden a los cargos militares,
de inteligencia y gubernamentales responsables de intensificar la represión a través de la intimidación, las detenciones indiscriminadas y la censura a raíz del revés de Maduro en las urnas, según ha anunciado el Departamento del Tesoro.
Se trata de hacerlos responsables por “cometer fraude electoral, falsificar los resultados electorales e intensificar la represión para extender ilegítimamente el mandato de Maduro”, ha indicado un alto cargo del Gobierno estadounidense bajo condición de anonimato.
En paralelo, el Departamento de Estado ha impuesto nuevas restricciones de visado a autoridades cercanas a Maduro que considera que han socavado el proceso electoral en Venezuela y son responsables de actos de represión. Con estas nuevas restricciones de visado impuestas, casi 2.000 personas han sido objeto de restricciones de visado por su papel en el debilitamiento de la democracia, la corrupción significativa y las violaciones de los derechos humanos, ha anunciado la diplomacia estadounidense.
Washington tiene claro que Edmundo González Urrutia ganó las elecciones del 28 de julio y señala que, tras las medidas anunciadas, vendrán otras para intensificar la presión sobre el régimen de Maduro como parte de un esfuerzo internacional. “Tomamos estas acciones porque ha quedado muy claro para nosotros, no solo que Edmundo González Urrutia logró la mayoría de los votos de las elecciones presidenciales de Venezuela el 28 de julio, sino también que Maduro y sus representantes están decididos a negar este hecho y en su lugar tratan de aferrarse al poder a toda costa”, ha señalado un alto cargo del Gobierno estadounidense en una llamada con periodistas.
“Desde las elecciones del 28 de julio, Maduro y sus representantes han detenido indiscriminadamente a venezolanos por ejercer sus derechos políticos y civiles, y han desplegado una serie de tácticas intimidatorias para silenciar a la oposición”, ha añadido, recordando que González Urrutia ha tenido que salir del país y pedir asilo en España.
Además de las 16 personas, Estados Unidos ha sancionado a más de 140 individuos y 100 entidades venezolanas, entre ellos el presidente Maduro y el fiscal general, Tarek William Saab, y la mayoría de los altos cargos civiles, militares, de inteligencia, electorales y judiciales de su régimen. Sin embargo, esas sanciones y la presión internacional no han surtido por ahora efecto para abrir paso a la democracia y el respeto a los derechos humanos. Todas las propiedades e intereses que los sancionados posean en Estados Unidos o estén bajo control de ciudadanos estadounidenses serán bloqueados y se dará cuenta de ello a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Tesoro.
Aunque Estados Unidos subraya que González Urrutia ganó las elecciones del 28 de julio, ha evitado por ahora declararle o referirse a él como presidente electo. La Unión Europea lo ha evitado también por ahora tras el precedente fracasado del reconocimiento de Juan Guaidó.
Preguntado por la posibilidad de imponer nuevas sanciones petroleras a Venezuela, el alto cargo estadounidense ha evitado pronunciarse. “Seguimos muy de cerca la evolución política y económica de Venezuela y nos comprometemos a calibrar adecuadamente nuestra política de sanciones en respuesta tanto a los acontecimientos sobre el terreno como a los intereses nacionales más amplios de Estados Unidos”, ha contestado.
“En coordinación con nuestros socios, también estamos considerando una serie de opciones para demostrar a Maduro y a sus representantes que sus acciones ilegítimas y represivas en Venezuela tendrán consecuencias. También estamos muy centrados en la aplicación de las sanciones existentes, así como evaluando la mejor manera de calibrar nuestra política de sanciones hacia Venezuela a la luz de los intereses generales de Estados Unidos”, ha añadido.
Los nuevos sancionados
La nueva lista incluye al vicepresidente primero de la Asamblea Nacional, Pedro José Infante Aparicio. En ella figuran también miembros del Tribunal Supremo, incluida su presidenta, Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez; su vicepresidenta, Fanny Beatriz Márquez Cordero, y los jueces Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta, Malaquías Gil Rodríguez y Juan Carlos Hidalgo Pandares. También están el juez Edward Miguel Briceño Cisneros y el fiscal Luis Ernesto Duénez Reyes, responsables de la orden de detención contra Edmundo González Urrutia. También figuran el secretario general del CNE, Antonio Jose Meneses Rodríguez y la vocal Rosalba Gil Pacheco.
Completan la lista la fiscal Dinorah Yoselin Bustamante Puerta; el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Antonio Hernández Lárez; el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Elio Ramón Estrada Paredes; el comandante de la región capital de la GNB, Johan Alexander Hernández Larez; el director de Investigaciones Criminales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, Asdrúbal José Brito Hernández, y el subdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), Miguel Antonio Muñoz Palacios.
“La Administración Biden-Harris continuará utilizando nuestras herramientas para responsabilizar a Maduro y sus compinches y apoyar las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano”, ha indicado en un comunicado el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo.
Venezuela responde
El gobierno de Venezuela rechazó las restricciones anunciadas por el gobierno de Estados Unidos, y las señaló como “medidas coercitivas unilaterales, ilegítimas e ilegales”, según informó la cancillería en un comunicado.
“Las erróneamente denominadas sanciones, que han sido vergonzosamente promovidas por la extrema derecha fascista, rompen y violan los acuerdos firmados en Qatar y pretenden imponer a todo un país y sus instituciones las políticas de cambio de régimen como parte de la doctrina Monroe”, señaló el escrito.
El gobierno venezolano afirmó que crece y vence, que las personas en la lista de sanciones defienden la soberanía y la paz de la nación, y que, por lo tanto, la acción anunciada por Estados Unidos “no hace sino ratificar su voluntad de sacrificio y merecer el reconocimiento de toda la población”.
