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Más de una veintena de fiscales generales de diversos estados han demandado al Gobierno de Trump por su reciente decisión de poner a la mitad de los empleados del Departamento de Educación en baja administrativa. La demanda fue presentada ante una corte federal en Massachusetts, cuestionando la medida anunciada por la Administración Trump para reducir a casi 2.000 trabajadores de la agencia, en línea con su política de recortar sustancialmente el tamaño del gobierno federal en Estados Unidos.
El recorte de personal en el Departamento de Educación de EE. UU.
El presidente Donald Trump ha buscado reducir el tamaño de la administración pública, y la última medida en esta dirección afecta directamente al Departamento de Educación. Según el anuncio realizado por la secretaria de Educación, Linda McMahon, cerca de 2.000 empleados, aproximadamente el 50% de la plantilla, serán enviados a baja administrativa a partir del 21 de marzo. Los trabajadores afectados recibirán su salario y beneficios hasta el 9 de junio, con la promesa de una indemnización cuando sus contratos finalicen.
Esta decisión ha generado preocupación en varios estados, especialmente entre aquellos que dependen de los fondos federales para apoyar a los estudiantes, especialmente a los de bajos ingresos y aquellos con discapacidades. En total, la plantilla del Departamento de Educación pasará de 4.133 a 2.183 empleados, lo que deja a más de 1.300 personas sin trabajo.
Fotografía de las afueras del Departamento de Educación en Washington (EE.UU.). EFE/EPA/ Jim Lo Scalzo
La demanda contra el Gobierno de Trump
La demanda fue presentada por una coalición de 21 fiscales generales, liderados por Letitia James, la fiscal general de Nueva York. Estos fiscales generales consideran ilegales e inconstitucionales los despidos masivos, argumentando que la medida podría tener un impacto negativo en la educación de millones de estudiantes en todo el país. James, en su declaración, destacó que «despedir a la mitad de la fuerza de trabajo del Departamento de Educación perjudicará a los estudiantes, especialmente a aquellos de bajos ingresos y con discapacidades que dependen de los fondos federales».
Los fiscales generales también señalan que McMahon no tiene la autoridad legal para interrumpir funciones esenciales del Departamento de Educación, lo que plantea una posible violación de la ley. La coalición busca una orden judicial que impida la ejecución de esta medida, que ellos consideran una amenaza para la estabilidad educativa del país.
El impacto en los estudiantes latinos
Uno de los grupos más afectados por esta reducción será el de los estudiantes latinos, que representan una parte significativa de la población escolar en Estados Unidos. Se estima que aproximadamente 18 millones de estudiantes latinos podrían verse directamente afectados por este recorte en los servicios educativos, ya que muchos de ellos dependen de programas financiados por el Departamento de Educación.
El Departamento de Educación ha sido crucial para garantizar el acceso a una educación de calidad para las comunidades de bajos recursos, y los recortes de personal podrían significar menos apoyo en áreas clave como la educación especial y la asistencia financiera para estudiantes de comunidades vulnerables.
BONNIE CASH / POOL/ EFE
La política educativa de Trump y su impacto a largo plazo
La reducción del personal del Departamento de Educación se enmarca dentro de la agenda de Trump de reducir la burocracia gubernamental y limitar la participación federal en la educación. La Administración ha considerado la posibilidad de firmar una orden ejecutiva que llevaría al desmantelamiento del Departamento de Educación, siguiendo una promesa de campaña de Trump de devolver la autoridad educativa a los estados y limitar la intervención del gobierno federal.
Este enfoque ha sido polémico, ya que muchos críticos argumentan que, al eliminar o reducir el tamaño del Departamento de Educación, se debilitan los sistemas de apoyo educativo para aquellos estudiantes que más lo necesitan. En particular, los defensores de la educación pública temen que esta política favorezca a los estados más ricos y deje atrás a aquellos con menos recursos, lo que agravararía las desigualdades educativas.
Reacción de la comunidad educativa
El recorte en el Departamento de Educación ha provocado protestas tanto a nivel local como nacional. Miembros de la Asociación Nacional de Educación (NEA) han expresado su preocupación por el impacto que tendrá esta medida en los estudiantes y en los educadores. Los manifestantes han señalado que la reducción de personal en la agencia significa menos recursos y menos apoyo para las escuelas que necesitan más atención federal.
Además, se ha generado una creciente preocupación entre los educadores sobre el futuro del acceso a una educación de calidad para los estudiantes más desfavorecidos, en particular aquellos que dependen de las políticas federales para su desarrollo académico.
Vista de la entrada del Departamento de Educación de Estados Unidos, este 6 de marzo de 2025, en Washington. EFE/Jim Lo Scalzo
Los estados involucrados en la demanda
La coalición de fiscales generales que presentó la demanda proviene de una amplia variedad de estados, incluyendo California, Nueva York, Illinois, Massachusetts, Maryland, Michigan, Nevada, Nueva Jersey y Washington, entre otros. Estos fiscales generales están solicitando que se revierta la decisión del Gobierno de Trump y que se mantengan los servicios y el personal del Departamento de Educación para garantizar que no se ponga en riesgo el futuro de millones de estudiantes.
La demanda también cita la eliminación de las oficinas regionales de la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación, lo que limita aún más la capacidad de la agencia para proteger los derechos civiles de los estudiantes en todo el país.
