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El Gobierno de Donald Trump solicitó este jueves a la Corte Suprema que permita la aplicación parcial de las restricciones a la ciudadanía por derecho de nacimiento mientras se resuelve el caso en tribunales inferiores. A través de solicitudes de emergencia, el Gobierno pidió a los jueces limitar los fallos emitidos por tres jueces de distrito de Maryland, Massachusetts y Washington, quienes bloquearon la orden firmada por el presidente Trump al comenzar su segundo mandato.
La orden de Trump sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento
La orden ejecutiva firmada por Trump pretende limitar el acceso a la ciudadanía por derecho de nacimiento, específicamente para los nacidos en Estados Unidos después del 19 de febrero, cuyos padres se encuentren en el país sin autorización. La medida también impediría que agencias estatales emitan o acepten documentos que reconozcan la ciudadanía para estos menores.
Actualmente, la orden de Trump está bloqueada a nivel nacional, y tres tribunales federales de apelaciones han rechazado las solicitudes del Gobierno para poner fin a la ciudadanía por nacimiento, incluida una reciente decisión en Massachusetts, el pasado martes.
Fotografía de archivo del presidente de EE.UU., Donald Trump, en Washington, DC (EE.UU.). EFE/EPA/Chris Kleponis / Pool
La batalla legal sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento
Aproximadamente dos docenas de estados han presentado demandas en contra de esta orden ejecutiva, argumentando que viola la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos. Esta enmienda consagra el derecho a la ciudadanía para cualquier persona nacida en el país, independientemente del estatus migratorio de sus padres.
El Departamento de Justicia ha defendido la legalidad de la orden, señalando que los jueces a nivel estatal no tienen la facultad de emitir fallos de impacto nacional. Según el Gobierno, las decisiones tomadas por tribunales locales no deberían extenderse a nivel federal, especialmente cuando se trata de un asunto que involucra la política nacional de inmigración.
La Corte Suprema y su postura sobre las medidas cautelares
En este contexto, la Corte Suprema tiene la última palabra sobre si la orden de Trump debe entrar en vigencia mientras el caso sigue su curso. En el pasado, la mayoría conservadora de la Corte ha expresado su preocupación por las medidas cautelares con alcance nacional. Sin embargo, hasta ahora, el máximo tribunal no se ha pronunciado específicamente sobre este caso.
Esta solicitud no es la primera vez que el Gobierno de Trump enfrenta desafíos judiciales relacionados con medidas de impacto nacional. Durante su primer mandato, la Administración también apeló a la Corte Suprema en casos como la prohibición de viajes desde varios países de mayoría musulmana. En aquel entonces, la Corte respaldó la política de Trump, aunque evitó pronunciarse sobre las medidas cautelares de alcance nacional.
El presidente estadounidense, Donald Trump, gesticula a su salida del Despacho Oval rumbo a Florida, en Washington, DC, Estados Unidos. EFE/EPA/Jim Lo Scalzo
La importancia de la ciudadanía por derecho de nacimiento
La ciudadanía por derecho de nacimiento es un principio fundamental que ha sido parte de la Constitución de Estados Unidos desde su ratificación. La Enmienda 14, adoptada en 1868, fue diseñada para garantizar que todos los nacidos en el país, independientemente del origen de sus padres, tengan los mismos derechos y protecciones bajo la ley. El derecho a la ciudadanía por nacimiento ha sido una herramienta crucial para integrar a las generaciones de inmigrantes que han llegado a Estados Unidos a lo largo de los años.
Sin embargo, la orden de Trump representa un cambio significativo en la interpretación de este derecho. Si se implementa, podría afectar a una gran cantidad de niños nacidos en Estados Unidos, cuyos padres están en el país sin autorización, y generar un precedente que cambie el concepto de ciudadanía tal como se entiende actualmente.
El impacto de la orden ejecutiva en los estados
Los fiscales generales de los estados que han presentado demandas contra la orden consideran que esta violaría no solo la Constitución, sino también el principio de igualdad ante la ley. Según sus argumentos, la implementación de estas restricciones tendría un impacto directo en millones de personas, afectando a aquellos que nacen en Estados Unidos y cuyos padres están en situación migratoria irregular.
Además, los críticos de la medida señalan que el intento de Trump de modificar la ciudadanía por nacimiento podría generar una división aún mayor entre los ciudadanos y las comunidades inmigrantes, especialmente aquellas que dependen del derecho a la ciudadanía por nacimiento para garantizar sus derechos y protección legal.
