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Un gran jurado de Luisiana acusó formalmente este viernes a la doctora Margaret Carpenter, originaria de Nueva York, por presuntamente haber recetado de forma «online» una píldora abortiva a una menor en ese estado, que tiene algunas de las leyes más restrictivas sobre el aborto en Estados Unidos. La acusación se centra en el presunto suministro de fármacos inductores del aborto, lo cual sería un crimen bajo las normativas vigentes en la región.
Acusación de aborto criminal mediante fármacos inductores
El gran jurado del tribunal del distrito de la parroquia de West Baton Rouge presentó cargos de «aborto criminal» contra la doctora Carpenter, su empresa Nightingale Medical y una tercera persona no identificada, quienes estarían involucrados en la distribución de medicamentos abortivos a la menor. La acusación resalta el hecho de que estos fármacos fueron recetados por internet, lo que también ha aumentado la controversia en torno a la telemedicina y el aborto a distancia, un tema delicado en los debates sobre la legalidad del aborto en diferentes estados.
La Fiscalía General de Texas ya había demandado a la doctora Carpenter en diciembre de 2023 por suministrar «ilegalmente» fármacos abortivos a una mujer residente en ese estado, lo que resultó en complicaciones graves para la madre, quien necesitó intervención médica después de que la medicación terminara con la vida del niño no nacido.
Una mujer muestra una caja de píldoras abortivas en una farmacia. /EFE/ Luis Torres
Primera acusación penal en Luisiana por aborto inducido
Esta es la primera vez que un caso de aborto inducido mediante fármacos lleva a una acusación penal en Luisiana, un estado que ha adoptado algunas de las leyes más restrictivas respecto al aborto tras la revocación de «Roe v. Wade» por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos en 2022. Según el fiscal del distrito, Tony Clayton, la madre de la menor solicitó las píldoras abortivas a través de internet a la doctora Carpenter, quien las envió desde su clínica ubicada en el Valle del Hudson, en el norte de Nueva York.
Según los informes, la menor, de 18 años, no deseaba abortar y había planeado una fiesta para revelar el género de su bebé, pero después de tomar la medicación, sufrió una emergencia médica que la llevó a ser trasladada de urgencia al hospital, donde fue atendida y estabilizada.
Reacciones de las autoridades y defensa del derecho al aborto
La fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, reaccionó a la acusación asegurando que recetar píldoras abortivas de manera ilegal en el estado «es un delito grave», subrayando que su oficina perseguiría con firmeza a cualquier individuo que infrinja las leyes del estado, especialmente en relación con el aborto, que ha sido restringido drásticamente desde la revocación de «Roe v. Wade». En sus declaraciones, Murrill enfatizó que el estado se compromete a hacer responsables a quienes violen la ley.
La gobernadora del Estado de Nueva York, Kathy Hochul, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/Michael Reynolds
Por otro lado, la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, condenó la acusación contra la doctora Carpenter, argumentando que se trataba de un intento de criminalizar la prestación de «asistencia sanitaria básica» a la paciente. Hochul reiteró que la lucha por proteger el acceso a servicios de salud reproductiva está lejos de haber terminado y que los políticos antiabortistas no deben tener la última palabra sobre los derechos reproductivos de las personas.
«Siempre supimos que la revocación de ‘Roe v. Wade’ no era el final del camino para los políticos antiabortistas. Por eso, hemos trabajado arduamente con la Asamblea Legislativa para aprobar leyes que protejan a los proveedores de salud reproductiva y a las personas que buscan atención», destacó Hochul.
Desde que la Corte Suprema de Estados Unidos revocó la histórica decisión de «Roe v. Wade» en 2022, varios estados, incluidos Texas y Luisiana, adoptaron leyes restrictivas sobre el aborto, prohibiendo el uso de medicamentos inductores del aborto.
