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El miércoles 12 de marzo de 2025, las oficinas del Departamento de Educación de Estados Unidos amanecieron cerradas tras una orden ejecutiva del presidente Donald Trump. Esta decisión es parte de su plan para desmantelar la agencia, cumpliendo una de sus promesas de campaña.
La sede central del departamento, ubicada en Washington D.C., solo estuvo custodiada por personal de seguridad, con algunos manifestantes visibles frente al edificio. Esta concentración se produjo luego de que Trump emitiera la orden para cerrar las oficinas como parte de su proceso de reestructuración.
El departamento de educación cierra bajo orden de Trump
Los empleados del Departamento de Educación recibieron el martes un correo electrónico interno, que se filtró a los medios, donde se les instruía abandonar las instalaciones antes de las 6 p.m. hora local (22:00 GMT). Se mencionaba que las oficinas permanecerían cerradas «por razones de seguridad» durante todo el día siguiente.
Más tarde, Linda McMahon, secretaria del departamento, emitió un comunicado donde confirmaba la reducción de la plantilla del departamento. A partir del 21 de marzo, aproximadamente la mitad de los empleados serían puestos en baja administrativa, lo que reduciría la fuerza laboral del departamento de 4.133 trabajadores a 2.183.
Protestas frente al departamento de educación
La mañana del 12 de marzo, las únicas personas que se encontraban dentro de las instalaciones del departamento eran los empleados de seguridad. Fuera del edificio, Chloe Kinsley, una joven de 23 años, sostenía un cartel que decía: “Los profesores me apoyaron durante 17 años, ahora es el momento de apoyarlos a ellos». Kinsley expresó que la educación pública es vital para los niños de Estados Unidos, y por eso decidió manifestarse frente al departamento.
La reestructuración y el futuro del departamento de educación
La administración de Trump ha sugerido que otras agencias gubernamentales podrían asumir algunas de las funciones del Departamento de Educación. Entre las opciones propuestas, el Departamento de Justicia podría encargarse de los derechos civiles, mientras que el Tesoro o el Departamento de Comercio tomarían el control de los préstamos estudiantiles. Además, el Departamento de Salud y Servicios Humanos podría ocuparse de los derechos de los estudiantes con discapacidades.
Sin embargo, el futuro de la misión fundamental del departamento —promover la igualdad de acceso escolar— sigue siendo incierto. Este aspecto ha sido un tema central de debate, dado que el sistema educativo de EE. UU. está marcado por profundas desigualdades.
Vista de la sede central del Departamento de Educación de Estados Unidos, este 12 de marzo de 2025, tras amanecer cerrada por orden del presidente Donald Trump. EFE/Shawn Thew
Trump desmantela el departamento de educación y despide a miles de trabajadores
A medida que la administración de Trump avanza con la reestructuración del departamento, el número de empleados se ha reducido considerablemente, incluyendo el despido de 1.300 personas anunciado recientemente. Trump ha prometido eliminar el departamento por completo, calificándolo de innecesario y derrochador, a la vez que lo acusa de estar infiltrado por ideologías progresistas.
El desmantelamiento de la agencia ha provocado la preocupación de activistas y defensores de la educación, quienes temen que sin el departamento, los estudiantes más desfavorecidos, como los de bajos ingresos, los que aprenden inglés y los estudiantes con discapacidades, no reciban el apoyo necesario.
Preocupaciones por la equidad en la educación
Weadé James, director de políticas educativas en el Center for American Progress, advirtió que destruir el Departamento de Educación crearía una clase inferior de estudiantes. La creación del departamento en 1980 se inspiró en los movimientos de derechos civiles de las décadas de 1960 y 1970, con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades educativas.
Si el departamento fuera eliminado, muchos temen que el gobierno federal ya no pueda garantizar la igualdad de acceso a la educación para todos los estudiantes, especialmente para aquellos de comunidades marginadas.
El impacto en las escuelas de EE. UU.
La reducción de la agencia y la reorientación de sus fondos hacia los estados podrían tener consecuencias graves. Los fondos federales, como los del Título I, han sido fundamentales para las escuelas en áreas de alta pobreza. Sin embargo, McMahon ha propuesto enviar este dinero directamente a los estados, lo que ha generado preocupación entre quienes temen que, sin supervisión federal, los fondos no se distribuyan de manera equitativa.
Wil Del Pilar, vicepresidente de EdTrust, subrayó que el Departamento de Educación ha jugado un papel crucial en la lucha por la igualdad educativa, estableciendo barreras y protecciones que aseguran la igualdad de resultados para todos los estudiantes. Sin esa supervisión, las escuelas podrían enfrentar aún más dificultades para abordar las desigualdades existentes.
Una joven muestra su apoyo a los profesores ante una oficina del Departamento de Educación de Estados Unidos cerrada por orden del presidente Donald Trump, este 12 de marzo de 2025. EFE/Shawn Thew
El futuro de la educación bajo el gobierno de Trump
Una de las principales preocupaciones es el destino de los miles de millones de dólares destinados a la educación pública. Los fondos para la educación de estudiantes con necesidades especiales, como aquellos con discapacidades o que aprenden inglés, son más altos, debido a los recursos adicionales que requieren estos programas. El posible cambio en la distribución de estos fondos podría profundizar las brechas educativas, especialmente en estados que ya enfrentan desafíos económicos.
McMahon ha insistido en que el dinero debe ser administrado por los estados con menos restricciones, lo que ha generado temor de que los fondos sean mal utilizados o que no lleguen a los estudiantes que más los necesitan.
Implicaciones para los estudiantes más desfavorecidos
Los estudiantes en estados como Mississippi, Dakota del Sur, Arkansas, Montana y Alaska, que dependen significativamente de los fondos federales, podrían verse particularmente afectados si se modifican las normas de distribución de los recursos. Estos estados dependen de la ayuda federal para financiar hasta el 20% de sus escuelas públicas, según datos gubernamentales.
La Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación también ha sido fundamental en la protección de los derechos de los estudiantes con discapacidades y aquellos que enfrentan discriminación racial. Sin embargo, bajo la administración de Trump, la agencia ha priorizado otras denuncias, lo que ha generado críticas de que ya no está cumpliendo su misión de manera adecuada.
