El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido invocar la antigua Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, lo que le otorga el poder de detener o deportar a ciudadanos y nativos de países extranjeros sin la necesidad de una audiencia. Esta medida, que podría afectar a miles de inmigrantes, está generando gran preocupación en sectores de la sociedad estadounidense y en organizaciones de derechos humanos.
La Ley de Enemigos Extranjeros de 1798: ¿Qué permite?
La Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación histórica, fue establecida en 1798 y concede al presidente de Estados Unidos el poder de deportar o detener a cualquier extranjero que sea considerado un «enemigo». Aunque nunca se ha utilizado en tiempos modernos, su aplicación se había discutido en la administración de Trump, especialmente tras sus fuertes posturas contra la inmigración durante la campaña electoral de 2016 y su discurso de toma de posesión en 2017.
Según fuentes cercanas a la Casa Blanca, Trump planea invocar esta ley el viernes, lo que marcaría un hito en la historia reciente de las políticas de inmigración de Estados Unidos. La Ley de Enemigos Extranjeros permitiría deportar no solo a inmigrantes que han cruzado la frontera sur con México, sino también a ciudadanos extranjeros de cualquier nacionalidad, como el caso del palestino Mahmoud Khalil, quien fue detenido y cuya deportación ha generado controversia.
Vista de unas personas con un mensaje en contra de las deportaciones ordenadas por Donald Trump y en favor de los inmigrantes de EE.UU., en una fotografía de archivo. EFE/Erik S. Lesser
Impacto de la Ley en la inmigración y la seguridad nacional
Trump ha justificado el uso de esta ley como una medida para eliminar las redes criminales extranjeras que, según él, amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos. En su discurso inaugural, el presidente expresó su intención de utilizar el “pleno e inmenso poder” de la ley para erradicar las pandillas y organizaciones criminales que operan dentro del país.
“Al invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, ordenaré a nuestro gobierno que utilice el pleno e inmenso poder de la aplicación de la ley federal y estatal para eliminar la presencia de todas las pandillas extranjeras y redes criminales que traen crímenes devastadores a suelo estadounidense,” dijo Trump durante su toma de posesión el 20 de enero.
La ley también tendría implicaciones para miles de inmigrantes indocumentados que, según la administración, están involucrados en actividades criminales o pertenecen a organizaciones que son percibidas como una amenaza para el país.

El presidente estadounidense, Donald Trump, gesticula a su salida del Despacho Oval rumbo a Florida, en Washington, DC, Estados Unidos. EFE/EPA/Jim Lo Scalzo
Mahmoud Khalil y su caso de deportación
El caso de Mahmoud Khalil, un palestino acusado de terrorismo por supuestamente defender a Hamás, ha sido uno de los más polémicos bajo esta nueva política. Khalil, quien fue detenido en Nueva York, ha sido un activista pro-palestino en los Estados Unidos y su arresto ha generado una oleada de protestas. Los manifestantes exigen su liberación, argumentando que su detención es un abuso de poder y una violación de sus derechos civiles.
El uso de la Ley de Enemigos Extranjeros en su caso podría tener un efecto dominó, afectando a otros activistas y ciudadanos de países que el gobierno de Trump considera hostiles. La decisión de deportar a Khalil ha aumentado las tensiones políticas y sociales en el país, particularmente entre las comunidades musulmana y palestina.
¿Una medida peligrosa?
Si bien la Ley de Enemigos Extranjeros se utilizó brevemente durante la Segunda Guerra Mundial, su aplicación fue muy controvertida. Durante ese periodo, más de 100,000 estadounidenses de origen japonés fueron detenidos y enviados a campos de concentración en lo que hoy se considera uno de los episodios más oscuros de la historia de los derechos civiles de Estados Unidos.
En este contexto, la invocación de esta ley por parte de Trump está siendo vista por muchos como una regresión en los derechos humanos y una amenaza a las libertades fundamentales. Diversas organizaciones de derechos civiles, incluidos grupos que defienden a los inmigrantes, han expresado su preocupación de que esta medida pueda usarse de forma discriminatoria y violatoria de las garantías constitucionales.
Además, la Ley de Enemigos Extranjeros, al ser una ley tan antigua, plantea preguntas sobre su interpretación en los tiempos modernos y si su aplicación podría abrir la puerta a abusos de poder por parte del gobierno.