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El Cajón, una ciudad situada al sur de California, conocida por su postura firme respecto a la inmigración, ha decidido no apoyar las redadas migratorias bajo el nuevo Gobierno de Donald Trump. Esta decisión surgió después de que el Concejo municipal revocara una resolución previamente aprobada que había manifestado su respaldo a las autoridades migratorias. Los concejales reconsideraron su postura ante las protestas de los residentes, quienes consideraron que esta medida hacía que la ciudad se viera como «racista» y poco solidaria con las comunidades inmigrantes.
El contexto de la resolución en El Cajón
A mediados del mes pasado, el Concejo Municipal de El Cajón había aprobado una resolución en apoyo a las autoridades de inmigración, con la intención de colaborar con las políticas migratorias impulsadas por el entonces presidente electo, Donald Trump. La resolución contemplaba que las fuerzas de policía locales pudieran apoyar las redadas migratorias. Esta postura contradecía directamente las leyes estatales de California, que prohíben la cooperación de los agentes del orden con las autoridades migratorias como el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).
El alcalde republicano Bill Wells fue quien impulsó esta resolución, lo que generó controversia, dado que las políticas migratorias de Trump eran vistas como punitivas hacia las comunidades inmigrantes. Sin embargo, a pesar de las diferencias con las normativas estatales, la resolución fue aprobada en su momento por la mayoría del Concejo Municipal. Sin embargo, la creciente presión por parte de la comunidad hizo que la situación diera un giro.
Migrantes guatemaltecos deportados caminan por la pista de la Base Aérea de Guatemala, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/ STR
La presión de la comunidad y los cambios en la resolución
Tras la aprobación inicial de la resolución, los concejales comenzaron a recibir numerosos correos electrónicos y mensajes de residentes preocupados por las consecuencias que esta medida podría tener en las familias inmigrantes de la ciudad. Las quejas fueron especialmente fuertes entre la comunidad latina, que representa el 20% de la población de El Cajón, así como entre los grupos de refugiados provenientes de Irak y Afganistán, que han obtenido el Estatus de Protección Temporal (TPS).
Las protestas crecieron en intensidad cuando comenzaron a registrarse las primeras redadas en el condado de San Diego, que se encuentra muy cerca de El Cajón. Los residentes expresaron su temor a ser detenidos sin motivo alguno, simplemente por sus características físicas o su aspecto cultural. Un ejemplo de la indignación de los residentes fue el cuestionamiento de una mujer que, durante una reunión del Concejo, preguntó: «¿Por qué debo llevar conmigo mi certificado de nacimiento para ir a comprar comestibles?» Este tipo de inquietudes reflejaba el temor palpable en la comunidad.
Al darse cuenta del creciente malestar, algunos miembros del Concejo decidieron modificar la resolución inicial. Esta modificación incluyó un reconocimiento a la población inmigrante, destacando su aporte cultural y su diversidad, que han enriquecido la ciudad. Sin embargo, a pesar de estos cambios, la resolución aún mantenía la propuesta de permitir la colaboración de la policía local con el ICE en las redadas migratorias.
Rechazo a las políticas de Trump y la postura del Concejo Municipal
El rechazo de la resolución por parte de la comunidad fue contundente. La concejala Michelle Metzchel, quien inicialmente apoyó la medida, expresó en una audiencia pública que había recibido más de 100 correos electrónicos en los que se expresaba un fuerte rechazo a la resolución. «Yo no quiero ser parte de esto; esto nos hace ver como racistas y no quiero ser parte. Había aprobado inicialmente la resolución, pero puedo ser una mujer adulta y cambiar de parecer», dijo Metzchel durante la audiencia.
El Concejo Municipal de El Cajón finalmente revocó la resolución, citando la Ley de los Valores de California, que prohíbe la colaboración de funcionarios públicos y agentes del orden con las autoridades migratorias. La decisión fue vista como un triunfo para los defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes criticaron la postura inicial como una forma de criminalizar a las personas por su estatus migratorio.
Vista de carteles en una puerta a lo largo del muro fronterizo entre EE.UU. y México en San Diego, California, el 22 de enero de 2025. EFE/EPA/Caroline Brehman
El impacto de las redadas migratorias en la comunidad
Mientras tanto, las redadas migratorias impulsadas por el Gobierno de Trump han continuado en varias partes del condado de San Diego, afectando a las comunidades de inmigrantes que residen en estas áreas. El impacto de estas políticas ha sido especialmente fuerte en ciudades como El Cajón, donde la presencia de inmigrantes es significativa.
Los operativos de ICE han sido ejecutados en coordinación con otras agencias federales como el FBI y la DEA. Según reportes, los operativos se iniciaron en zonas como Escondido y Encinitas, y pronto se extendieron a otras áreas como El Cajón, San Diego, Oceanside y San Marcos. Estas redadas se han centrado en personas con órdenes de deportación o que han agotado sus recursos legales.
Los organismos humanitarios han instado a los inmigrantes a mantenerse informados sobre sus derechos. Entre los consejos más comunes destacan el derecho a guardar silencio, a no firmar nada sin la presencia de un abogado y la advertencia de que los agentes no pueden ingresar a las viviendas sin una orden judicial. A pesar de estos consejos, los operativos siguen generando un ambiente de miedo y desconfianza en las comunidades locales.
