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En Florida, el regulador de seguros ha solicitado un volumen de datos extremadamente detallado sobre millones de medicamentos recetados en el estado durante el último año. Esta solicitud incluye nombres de pacientes que recibieron estos medicamentos, sus fechas de nacimiento y los médicos que los atendieron.
El pedido de datos de medicamentos recetados en Florida
En enero, la Oficina de Regulación de Seguros de Florida solicitó esta información a los administradores de beneficios farmacéuticos, como Optum Rx de UnitedHealth y Caremark de CVS Health, compañías que supervisan los medicamentos recetados para programas gubernamentales y empleadores. Esta información es parte de un esfuerzo para revisar si los administradores de beneficios farmacéuticos (P.B.M., por sus siglas en inglés) están cumpliendo con una ley estatal de 2023 diseñada para reducir los precios de los medicamentos y controlar la influencia de estas empresas.
Aunque la solicitud es un intento de regulación, aún no se sabe con certeza por qué el estado exige tantos datos, lo que ha levantado preocupaciones sobre el sobrepaso del gobierno y la privacidad de los pacientes.
Preocupaciones sobre la privacidad y el sobrepaso del gobierno
El pedido de estos datos ha generado un debate significativo sobre la privacidad de los pacientes. Sharona Hoffman, experta en leyes de salud y privacidad de la Universidad Case Western Reserve, afirmó que «no es necesario contar con información tan detallada de los pacientes para fines de supervisión». Además, cuestionó si la solicitud podría estar relacionada con otros temas delicados, como el acceso a atención reproductiva, transgénero o salud mental.
EFE/ Carlos Lemos
Florida, bajo el liderazgo del gobernador Ron DeSantis y su legislatura predominantemente republicana, ha promulgado varias leyes controvertidas en los últimos años. Entre estas leyes se encuentra la prohibición del aborto a las seis semanas de gestación, la cual requiere que los médicos que recetan píldoras abortivas las entreguen en persona en lugar de enviarlas por correo. Otra legislación prohíbe la atención de transición de género para menores de edad, y ha dificultado el acceso a este tipo de atención para adultos. Aunque un juez anuló algunas partes clave de esta ley, sigue en vigor mientras el caso avanza por los tribunales.
¿Por qué esta solicitud de datos podría tener implicaciones políticas y sociales?
La información solicitada por el estado podría, en teoría, ser utilizada para determinar si los médicos están cumpliendo con las leyes relacionadas con el aborto y la atención para personas transgénero. Sin embargo, esto ha generado un debate acerca de hasta qué punto el gobierno debería tener acceso a datos tan personales y específicos de los pacientes.
Algunas voces críticas se han expresado sobre las implicaciones de este tipo de solicitudes, sugiriendo que el gobierno podría estar utilizando estos datos para monitorear más de cerca ciertos tratamientos médicos que están siendo regulados, como el cuidado relacionado con el aborto o la atención de salud para personas transgénero. Esta situación podría crear un precedente peligroso en cuanto al alcance de la intervención gubernamental en la privacidad de los ciudadanos.
Un cambio en el enfoque de la regulación de medicamentos
La ley estatal de 2023, que tiene como objetivo reducir los precios de los medicamentos, es parte de un esfuerzo más amplio para aumentar la transparencia y el control sobre los administradores de beneficios farmacéuticos (P.B.M.). Estos administradores actúan como intermediarios entre los proveedores de atención médica, las aseguradoras y los pacientes, y su influencia sobre los precios de los medicamentos ha sido objeto de controversia en todo el país. La ley busca garantizar que estos administradores no influyan en los precios de manera que perjudiquen a los consumidores.
Sin embargo, algunos expertos temen que el enfoque de la ley también podría estar impulsando solicitudes de datos excesivamente intrusivas que, más allá de abordar los precios de los medicamentos, podrían estar encaminadas a ejercer control sobre prácticas médicas específicas.
