Parafraseando la frase atribuida al intelectual mejicano Nemesio García Naranjo, me parece oportuna para describir la gravedad de la situación por la que se encuentra atravesando Nicaragua.
De cara a las elecciones programadas para noviembre de 2021, la represión alentada por Daniel Ortega y Rosario Murillo aumento, haciendo que ese proceso electoral este lejos de ser competitivo, al tiempo que la oposición al régimen se encuentra tan atomizada que la limita para presentarse, ante los nicaragüenses, como una opción real de poder. No es difícil imaginarse la hasta hoy previsible victoria del dueto Ortega-Murillo, en las que el régimen controlará las reglas del juego, evitando correr el más mínimo riesgo. Para ello, ya ha inhibido, enjuiciado y encarcelado a los principales aspirantes opositores a la Presidencia del país.
En tal sentido, visto que el gobierno controla todas las ramas del poder del Estado, promovió la aprobación de un conjunto de leyes que tienen como propósito criminalizar a la oposición y limitar, aún más, los derechos ciudadanos: la Ley de Agentes Extranjeros, la Ley de Ciberdelitos, la Ley de Cadena Perpetua y, finalmente, una ley que sanciona a quienes participen o lideren acciones de oposición.
No se puede hablar de elecciones justas, libres y transparentes en Nicaragua, al menos los hechos lo niegan. Aquí cabría una afirmación: El problema de las democracias imperfectas de Latinoamérica es que, aunque los votos se cuenten de manera transparente, los problemas socioeconómicos de fondo siguen sin resolverse. Por eso, las instituciones van perdiendo credibilidad.
Sin embargo, en Nicaragua es peor, pues los votos no se cuentan y los electores, en los actuales momentos, no tienen la capacidad para corregir el rumbo.
Todo parece indicar que lo que está en juego en Nicaragua es, que, a través de elecciones manipuladas, se legitime el gobierno de Ortega. En opinión de quien escribe este artículo, el precio de la perpetuación en el poder del binomio Ortega-Murillo supone la impunidad por los crímenes de lesa humanidad cometidos y la certeza de que continuarán las violaciones a los derechos humanos. Es de suponer que un cuarto mandato le permitirá a Ortega transitar hacia un modelo político sin ningún tipo de rendición de cuentas.
Es imposible saber si a corto plazo se generarán renovadas condiciones para un estallido social, más aún si Daniel Ortega se perpetúa en el poder. Esta historia es un “DEJA VU” para los venezolanos.
