América Latina tendrá este mes de noviembre una agenda electoral bastante cargada. Estos procesos electorales quizás cambien el mapa político en algunos países Argentina, Chile y Honduras, mientras que en otros aumentaran las tensiones tanto Nicaragua como en Venezuela.
La primera cita es, Nicaragua, cuyas elecciones se realizarán el próximo domingo 7 de noviembre. Daniel Ortega buscará su tercera reelección consecutiva en un proceso de extrema preocupación rodeado de un “clima de represión”, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La victoria de Ortega se da por descontada por las circunstancias en las que se produce la votación: siete aspirantes presidenciales y una treintena de dirigentes opositores han sido arrestados por “traición a la patria”. Los observadores de la OEA y la Unión Europea han renunciado a participar ante la falta de condiciones para ejercer su trabajo.
La profundización de la crisis en Nicaragua tendrá efectos nacionales e internacionales. A nivel nacional profundizará las grietas sociales y políticas que se reabrieron en 2018, a nivel internacional, una elección no transparente daría a luz a un régimen con poca legitimidad, dificultando el acceso a recursos e inversiones internacionales, y tendría sus efectos en el aumento de la emigración hacia otros países de la región o hacia a Estados Unidos.
En Argentina, el domingo 14 de noviembre se realizará la elección para la renovación del Congreso Nacional, en la que se renovará 127 de los 257 escaños en la Cámara de Diputados y 24 de los 72 de la cámara del Senado. Un evento no muy prometedor para el gobierno de los FERNANDEZ, tras los resultados de las primarias celebradas en septiembre, en las que el partido oficialista fue superado por el bloque opositor Juntos por el Cambio.
Es probable que el gobierno pierda el control del Congreso, así como también el control de la asignación de presupuestos, en medio de un proceso de reestructuración de la deuda externa, es decir un margen de maniobra política muy limitado. Cabe recordar que el actual gobierno argentino afronta la cita electoral lastrado por la recesión económica, un déficit galopante, una inflación que roza el 53 % y una cuestionada gestión de la pandemia que hasta ahora se ha cobrado la vida de 116.000 argentinos.
El tercer fin semana del mes, la atención política estará puesta entre el norte y el sur de la región. Para el 21 de noviembre los venezolanos están convocados a comicios regionales y locales a los que la oposición, incluido el sector liderado por Juan Guaidó, acudirá por primera vez desde 2017, tras su ausencia en las presidenciales de 2018 y las parlamentarias del 2020, de dudosa legitimidad, por cierto, lo que le permitió al Maduro ocupar el 92 % de las bancadas del Parlamento. Es importante recordar que en Venezuela coexisten, dos congresos, dos presidentes, dos tribunales supremos de justicia.
A los venezolanos les tocara elegir 23 gobernadores, 335 alcaldes y concejales y diputados locales. Será una elección con participación opositora, luego que el antichavismo acordara que era mejor dar pelea en las urnas, que despejar el camino para que Nicolás Maduro tomase el control absoluto.
Es importante reconocer que hay agotamiento de la estrategia de presión del Presidente encargado Juan Guaidó. Aunque la mayor parte de los partidos han presentado candidatos, Guaidó y un sector de dirigentes que le siguen no han tomado las regionales como bandera, lo cual evidencia las fracturas internas que favorecen al Gobierno.
Las elecciones transcurrirán en un escenario negativo para el chavismo: el cerco internacional que se ha levantado entorno a la clase política chavista; la reciente extradición a Estados Unidos del colombiano Alex Saab, y una segunda e inminente extradición a Estados Unidos, desde España, del general Hugo Armando Carvajal, el primero acusado de ser testaferro de Maduro y su entorno, promotor de negocios sucios que beneficiaron a clase política chavista y de blanqueo de más de 9000 millones de dólares. El segundo, ex jefe de inteligencia de Chávez facilito el tráfico de estupefacientes, además de poseedor de gran cantidad de información sensible de los negocios del chavismo.
En el extremo sur de America Latina, el mismo 21 de noviembre se realizarán en Chile elecciones presidenciales, llenas de incertidumbre y mirando al 19 de diciembre, cuando con casi total seguridad tendrá que acudir a una segunda vuelta.
El actual presidente Sebastián Piñera, quien no se puede presentar a la reelección, afronta el escándalo provocado por las revelaciones de los papeles de Pandora con un juicio político en puerta, que podría desembocar en su destitución; una crisis social desatada en 2019 y los preparativos para redactar una nueva Constitución. Su legado planea sobre las aspiraciones de los siete candidatos, ninguno de los cuales tiene posibilidades de salir elegido en a la primera vuelta, según las encuestas.
No hay escenario claro, los indecisos van entre 16, 20 y 50%, según tres encuestadoras distintas, y ningún candidato tiene por ahora el capital electoral para lograr vencer por mayoría el 21 de noviembre próximo: repuntan por ahora en los sondeos, con 21%, el joven diputado de 35 años, Gabriel Boric, representante de la coalición Frente Amplio, y el abogado ultraderechista José Antonio Kast, del Partido Republicano.
La única mujer en la contienda, la democristiana Yasna Provoste, que se ubica en el tercer lugar y se desvanece quien hasta hace dos semanas era la pieza fuerte de la coalición del gobierno, el derechista Sebastián Sichel. Cualquiera de estos cuatro nombres puede alcanzar la segunda vuelta del 19 de diciembre.
El próximo 28 de noviembre los hondureños votarán para elegir, más que un nuevo presidente, un modelo político. Son las undécimas elecciones que se celebran desde que en 1981 concluyeran dos décadas de regímenes militares,
La presidencia de Juan Orlando Hernández, reelegido en 2017 en lo que sus opositores consideraron un “fraude” y una acción propia de una “dictadura, ya que una controvertida decisión del Poder Judicial hizo posible lo que la Constitución impedía y lo que es peor familiarmente vinculado al narcotráfico internacional, un hermano menor ha sido condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por narcotraficante.
Durante el juicio el fiscal encargado pintó una imagen sombría de Honduras como un «narcoestado» donde los carteles se habían infiltrado «en el poder policial, militar y político, alcaldes, congresistas, generales militares y jefes de policía, e incluyo al actual presidente Juan Orlando Hernández.
Por el lado opositor Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación (Libre), esposa del expresidente Manuel Zelaya, derrocado en 2009, por promover reformas constitucionales que la ley no permitía. La señora Castro es la aspirante con más opciones de entre los catorce candidatos opositores que se enfrentan al oficialista Nasry Asfura. Es de esperar que si la Sra. Castro resulta ganadora va a querer vengarse de lo que pasó con su esposo y confrontara problemas con casta militar y las relaciones con Estados Unidos serán muy tensas.
La crisis de América Latina plantea en algunos países una necesidad de reformular el contrato social, lo cual es «una buena oportunidad para evitar el surgimiento de opciones populistas.
