Las mafias de toda la región se aprovecharon de la oportunidad que les da la crisis sanitaria para reconfigurar sus actividades y áreas de control. El coronavirus causó un profundo daño a la salud y a la economía de los países latinoamericanos, exacerbando los ya altos niveles de desigualdad y pobreza, al mismo tiempo llevó al límite la eficacia y las capacidades de gobernanza de los Estados.
Si bien es cierto que las medidas de confinamientos y limitación de movimientos que se pusieron en práctica a lo largo y ancho de la región causaron trastornos en las cadenas de suministros de los bienes esenciales para el sustento de la población, también lo es que los grupos criminales reconfiguraron rápidamente sus redes de suministro, se digitalizaron, aprovechado del caos político e institucional para incorporarse, aún más, en el tejido social de la región.
Al comienzo de la pandemia los cierres de fronteras, las medidas de contención de la pandemia impactaron las rutas del narcotráfico como cualquier otro negocio. Sin embargo, el transporte aéreo y marítimo privado de estupefacientes aumentó rápidamente, mientras que se reactivaron algunas viejas rutas de transporte terrestre desde el sur de América Central hacia el norte, como lo demuestra el aumento en las incautaciones de cocaína en Costa Rica y Panamá, según el informe del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IIEE). La modernización del negocio de la droga alcanzó altos niveles con la utilización de drones y submarinos.
Los grupos criminales de toda la región también aprovecharon la oportunidad para reconfigurar sus actividades y áreas de control. Como la pandilla MS-13 en Honduras, en Colombia, poderosos carteles mexicanos como Jalisco Nueva Generación y Sinaloa han reforzado su presencia en regiones clave de cultivo de la coca con inversiones financieras. También han adoptado con entusiasmo la digitalización, aprovechando al máximo la dark-web y las criptomonedas para realizar transacciones ilícitas y lavado de dinero.
Todo parece indicar que en algunos países latinoamericanos los grupos criminales demostraron mayor eficiencia que los gobiernos. La pandemia multiplicó las presiones políticas, económicas y sociales sobre gobiernos frecuentemente incapaces de articular una respuesta a la sociedad. En México y Centroamérica los grupos criminales demostraron ser más organizados, moviéndose sin esfuerzo para hacer cumplir las medidas de confinamiento y distribuir alimentos y suministros médicos, al tiempo que mantenían los precios de bienes esenciales limitados en su área de control.
Esto último altamente peligroso porque al hacerlo, asumieron el papel del ESTADO en muchas partes de la región, y de paso consolidándose como los únicos defensores de la población. Se convirtieron cada vez más en un actor a tener en cuenta, y exacerbando aún más, la fragilidad institucional de los países y las fallas de gobernanza. Un ejemplo de lo anterior es el pedido público, al inicio de la pandemia, que hizo el ministro de salud de Brasil Luiz Henrique Mandetta, de la necesidad de un diálogo con las facciones criminales del país para que apoyasen los esfuerzos contra el Covid-19 en áreas con poca o ninguna prestación estatal de servicios de salud.
Ese pedido fue hecho el 4 de octubre de 2020: Según Mandetta, en los barrios marginales dominados por el crimen, es necesario «entender que son áreas en las que el Estado a menudo está ausente, que el que está a cargo es la milicia».
Si a esto le sumamos los largos cierres de escuelas y la infraestructura deficiente en educación en línea en la región, junto con el creciente desempleo juvenil (30% en 2020, el más alto desde 2006), se ha brindado una oportunidad de oro para que las bandas delincuentes se incorporen aún más en la sociedad civil, ya que se les está ofreciendo un grupo de talentos cada vez más grande al que reclutar.
La pregunta es: ¿qué debemos esperar? la respuesta es, que mientras las estructuras de gobernanza legal y criminal sean débiles, vamos a tener que coexistir con los grupos criminales, Lo más grave es que ya la criminalidad ha permeado a los Estados. En América Latina son muchos los altos funcionarios que participan directamente en el comercio ilícito y blanqueo de capitales.
En mi opinión es imposible abordar las causas del surgimiento y actuación de las bandas criminales, si no abordamos seriamente el crecimiento sostenido e inclusivo, si no tomamos en serio la educación, sino no creamos oportunidades reales en los países, pero aún más importante es la construcción de instituciones sólidas que son las únicas capaces de dar respuestas coherentes a la sociedad. Por otro lado, es importante darle un enfoque regional para contrarrestar los flujos financieros ilícitos y el lavado de dinero, lo cual es clave para frenar el fortalecimiento de las organizaciones criminales.
