El lunes 12 de febrero la Promotora por la Suspensión del Pago de la Deuda Pública realizó una conferencia de prensa en el Club de Periodistas, ubicado en Filomeno Mata 8 en el Centro Histórico de la Ciudad de México, para abordar los más acuciantes problemas de la actualidad en México.
En el evento se analizaron las iniciativas presidenciales dadas a conocer recientemente en el día 5 de febrero que se conmemora la promulgación de las Constituciones de 1857 y la de 1917. Se leyó el boletín de prensa e intervinieron Héctor Torres Gonzales, Mónica Soto Elizaga, Benito Mirón Lince, Marcelo Herrera Hebert, y Pablo Moctezuma Barragán para abordar el análisis. Al mismo tiempo se realizaron conferencias de prensa en Chihuahua, Puebla y Veracruz, para abordar este interesante tema.
El 5 de febrero de 1857 el constituyente proclama y jura la Constitución creó el Estado laico y golpeó para la Iglesia y el Ejército (que tenían fuero) y para las minorías privilegiadas. Sobre esta base México enfrentó a los conservadores y a la invasión francesa. El 5 de febrero de 1917 se aprobó la Constitución producto de la Revolución Mexicana, que fue la primera revolución social del siglo XX. México tomó la iniciativa y se colocó a la vanguardia de los grandes cambios que requería el mundo en el siglo pasado. La Revolución Mexicana plasmó en la Constitución por primera vez en el mundo derechos nacionales y sociales, así como garantías individuales que significaron un gran avance para nuestro pueblo, y un ejemplo a nivel internacional.
El 12 de febrero la Promotora por la Suspensión del Pago de la Deuda Pública, que se conformó hace más de cuatro años, lanzó las consignas. “Por el bien de todas y todos: ¡Ni un peso más al Fobaproa/IPAB!” “¡Auditoría integral de la deuda pública!” ¡Suspensión del pago del servicio de la deuda pública YA!” y se argumentó a fondo el porqué de estas demandas necesarias y urgentes.
El presidente de la Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, anunció el 5 de febrero de 2024, 20 iniciativas de reformas constitucionales que pretenden afirmar derechos de pueblos originarios y afroamericanos, ancianos, estudiantes, atención médica gratuita, educación, vivienda, agua, salarios y derecho al empleo, pensiones, oportunidades laborales y de capacitación para los jóvenes, reforestación, precios de garantía, acceso a internet, desarrollo de vías férreas, afirmar el carácter de la CFE como empresa pública y estratégica, reforma electoral y judicial, y otros puntos.
El garantizar derechos enunciados por la Constitución es una deuda añeja del Estado mexicano y es bienvenida la iniciativa de realizar reformas constitucionales en tal sentido. De hecho, para desmontar el andamiaje legal neoliberal, sentar las bases de un nuevo Estado nación democrático, popular y soberano, es necesario convocar un constituyente que elabore la Constitución del siglo XXI, una donde se organice la sociedad en torno al ser humano y la satisfacción de sus necesidades, respetando y protegiendo la naturaleza.
Asimismo, se requiere una legislación electoral que renueve la democracia en México, donde sea el propio pueblo, con su acción y participación, quien decida y haga valer su voluntad, seleccione, elija y mandate a sus representantes, organizado a partir de sus comunidades de trabajo, vivienda, actividad y territorio,para que el sistema de convivencia y de toma de decisiones sea democrático, de abajo hacia arriba, a fin de lograr el empoderamiento popular. Este es un punto pendiente en la agenda, así como otros aspectos políticos y de medidas laborales y sociales para revertir el neoliberalismo y abolir el viejo régimen.
En el ámbito económico, la Promotora para la Suspensión del Pago de la Deuda Pública señala que el poner en el centro la garantía de derechos supone colocar también en el centro al ser humano, ante los intereses de los grupos privilegiados e intereses financieros. Esto implica destinar los principales recursos disponibles para el bienestar de la población y el desarrollo del país.
Reducir gastos a campañas y partidos políticos, disminuir regidores y estructuras burocráticas, eliminar plurinominales y reducir congresistas, eliminar dependencias y organismos autónomos onerosos e imponer un límite a los salarios de servidores públicos para que nadie gane más que el presidente son pasos positivos, pero no suficientes.
Para que las reformas propuestas no queden en letra muerta, como los artículos constitucionales que actualmente ya dan derecho al empleo, la vivienda, el agua, etc., hace falta una transformación del diseño fiscal y presupuestal, que privilegie los derechos y necesidades populares.
El presupuesto de egresos de 9.06 billones de pesos para 2024 es insuficiente a todas luces; además, prevé un déficit en el ejercicio fiscal de 1.69 billones de pesos. Dicho monto no alcanza para cubrir efectivamente el ambicioso plan de reformas. Por otra parte, el incierto panorama económico y político de los Estados Unidos y el mundo conlleva grandes peligros para los que se necesitan medidas preventivas. El Estado mexicano debe ser plenamente solvente. El año 2024 recibirá ingresos por 7.32 billones de pesos, por lo que habrá nuevos endeudamientos, de más de 19% del total de ingresos. En cuanto a las erogaciones, 1.3 billones de pesos se dedicarán al servicio de la deuda pública, y 1.5 billones al pago de las pensiones, de modo que solamente 69% del presupuesto será para gasto público diferente a deuda y pensiones.
Ante esa situación, las reformas deben tener un sustento presupuestario real, sobre todo si queremos que las soluciones sean auténticas, profundas y generalizadas.
La Promotora para la Suspensión del Pago de la Deuda Pública ha hecho notar que estamos pagando las deudas adquiridas tramposamente por el viejo régimen del PRIAN, incluso la odiosa deuda del Fobaproa, por lo que es indispensable auditar y, sobre esa base, negociar con los acreedores para reducirla sustancialmente. La deuda no deja de crecer: al principio del sexenio era de 10.6 billones y al final alcanzará 16.8 billones si no se toman medidas necesarias y urgentes. La suspensión del pago de la deuda pública mientras se audita y se negocia le daría al país recursos extraordinarios de 2.5 billones en un par de años.
Al mismo tiempo es necesario aplicar un impuesto a las grandes fortunas, que en los últimos años han crecido enormemente: sólo 10 personas acumulan en 2023 más de 150,000 millones de dólares. Tomemos en cuenta que sólo 33 empresarios en México acaparan 60 por ciento de la riqueza. Aplicando un impuesto de 5% a los poseedores de más de 100 millones de pesos, que suman alrededor de 15 mil personas, se obtendría por lo menos 2 billones de pesos. Esta medida, acompañada de una reforma fiscal progresiva en la que paguen más las corporaciones que ganan más, podría dotar al fisco de recursos adicionales. Es abusivo el nivel de ganancias de las grandes corporaciones, como botón de muestra el aumento anual de los bancos fue de 40% logrando un récord en sus ingresos por intereses. Julio Gutiérrez en La Jornada ha informado que entre enero y noviembre de 2023 recibieron un billón 465.9 mil mdp por ese concepto a escala nacional, según documentan las cifras más recientes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Esta reforma fiscal podría significar un ingreso de 2 billones de pesos.
Las tres medidas en su conjunto podrían en un par de años dotar al nuevo gobierno de más de 6.5 billones de pesos, presupuesto que podría impulsar inversiones productivas enlas comunidades de pueblos originarios y afroamericanos, sustentar un nuevo sistema de pensiones, garantizar el apoyo a estudiantes, lograr atención médica gratuita oportuna y de alta calidad, financiar el sistema educativo, lanzar un ambicioso programa de vivienda popular, realizar las inversiones hídricas multilaterales de nivel nacional que garanticen el derecho al agua, impulsar salarios y derecho al empleo formal, remunerativo y con todas las prestaciones con oportunidades laborales y de capacitación para los jóvenes, así como reforestación intensiva, precios de garantía y desarrollo del campo, acceso a internet, desarrollo de vías férreas a lo largo y ancho del país, entre otros.
Existen los objetivos, tenemos recursos, hace falta aplicar el principio de priorizar el desarrollo nacional y los derechos populares por encima de los de acreedores y corporaciones rapaces.
Uno de los más grandes problemas actuales del país es el de la deuda pública , de la forma en que se resuelva depende en gran medida el futuro del desarrollo de México y del bienestar de la población. Para encontrar la solución a los dilemas de hoy, tenemos que hacer acopio de la rica experiencia histórica, sacar conclusiones y buscar alternativas actuales. Vamos a estudiar el problema de raíz, hacer un diagnóstico certero y proponer soluciones al manejo actual de la deuda externa en México. Es hora de tomar al toro por los cuernos, como lo hicieron los presidentes Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Valentín Gómez Farías, Benito Juárez y Lázaro Cárdenas, y poner por delante los intereses nacionales y populares. Durante la lucha por la Independencia la política de Morelos fue la de no reconocer las deudas del viejo régimen y posteriormente al triunfo de la Independencia la postura fue de no reconocer deudas. Fueron los conservadores como Lucas Alamán, Anastasio Bustamante, Miramón y Zuloaga quienes endeudaron al país y que todos los gobiernos progresistas suspendieron el pago de la deuda para atender las prioridades del país y de su población.
Ante grandes problemas, grandes remedios. En México el problema de la deuda exige urgente solución.
