El tema de la reforma judicial fue ampliamente debatido antes y durante la campaña electoral de este año 2024 y se mostró la gravedad del problema dado que la corrupción rampante del Poder Judicial y su complicidad con corporaciones extranjeras se ha exhibido como nunca en los últimos años durante los cuales reiteradamente amparó los intereses de las corporaciones extranjeras frente a decisiones del Congreso como fue el caso de la Ley Eléctrica.
Además de distinguirse por solapar a narcotraficantes, ya que son muchos los casos de criminales puestos en libertad pese a ser procesados por delitos contra la salud y delincuencia organizada, Simplemente recordemos que a Linda Cristina Pereyra la esposa de Genaro García Luna le devolvieron su mal habida fortuna, a ella que administra los recursos del marido en febrero de 2023 en el que un Tribunal ordenó desbloquear sus cuentas.
El proceder a la reforma judicial fue una decisión democrática, siendo un tema reiterado en la campaña de la coalición “Sigamos haciendo historia” al proponer el “Plan C” , la candidata ganadora también lo presentó como una de sus principales propuestas, y resulta que la Doctora Claudia Sheinbaum ganó con un 59.75% obteniendo 35,9 millones de votos. La coalición obtuvo el 56 por ciento. El mandato popular es claro y da luz verde a la Reforma al Poder Judicial.
Muy diferente actuó el presidente priista Ernesto Zedillo quien de manera súbita y repentina a partir del 1º de enero de 1995 cerró un mes la Suprema Corte de Justicia y forzó la jubilación de sus 26 ministros para cesarlos en sus funciones. En pocos días firmó la iniciativa para reformar 20 artículos constitucionales que fueron aprobadas por el legislativo. Nunca habló en su campaña electoral de su intención de sustituir a todos los ministros de la Corte. Lo hizo de un porrazo y no hubo ninguna reacción ni de los medios, o cámaras empresariales o gobiernos de Estados Unidos y Canadá. Entonces ya estaba firmado el Tratado de Libre Comercio y los embajadores de estos países no amenazaron con que tal medida dañaría las relaciones comerciales o la inversión. Zedillo simplemente argumentó que no deseaba una Corte integrada por ministros nombrados por los expresidentes Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari y eso valió como explicación que nadie rebatió.
Mientras que hoy la mayoría de los ministros colocados por Peña y Calderón y alguno/a por el propio López Obrador se rebelan en pleno contra la Reforma al Poder Judicial y descalifican la medida, a pesar de que expresa la voluntad popular. Los medios dominantes de desinformación y notoriamente los embajadores de Estados Unidos y Canadá en México con un grosero injerencismo han desatado una campaña tendenciosa y falsa.
La derrotada oposición, misma que con el paro legislativo impidió un cambio constitucional en el tema de la llamada “sobrerrepresentación” hace una campaña y hasta marchas para condenar tal repartición de las curules plurinominales que ellos mismos aplicaron cuando el PRI y el PAN estuvieron en el poder y que impidieron modificar al oponerse a toda iniciativa del presidente López Obrador.
El viernes 23 de agosto el Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que Morena y sus aliados tendrán mayoría calificada en la Cámara de Diputados para la legislatura que inicia en septiembre, y que se les faltaban 3 votos para lograrla en el Senado -por cierto ya dos senadores del PRD se pasaron a la bancada de Morena-, entonces la Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró en boca de Norma Piña, que esa jornada fue »un viernes negro, en el que se puso en entredicho la democracia, mientras se sigue atentando contra el Poder Judicial».
Participantes en la marcha de este domingo 25 de agosto en contra de la iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), entre ellos José Ángel Gurría, ex secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores de México, llamaron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a no consumar la “sobrerrepresentación” de Morena y aliados en el Congreso para que no sea aprobada la enmienda constitucional. Para la oposición lo que les importa es que el Congreso no apruebe la reforma judicial y cuentan con apoyo del extranjero, de nuestros “socios metiches”.
Actuando de manera groseramente injerencista y metiéndose en un tema que es exclusivamente concerniente a México y a su problemática interna, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ha expresado “su preocupación” sobre la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Salazar indicó que la reforma, particularmente la elección de jueces por voto popular, podría debilitar la democracia mexicana y facilitar la injerencia del crimen organizado en el sistema judicial. Además, amenazante, subrayó que esta reforma podría poner en riesgo la relación comercial entre México y Estados Unidos, y llamó a un diálogo abierto entre ambos gobiernos para abordar estos temas de manera conjunta.
Muy sintonizados en el plan intervencionista de EU, Canadá expresó “preocupaciones” sobre la reforma judicial propuesta en México, específicamente en cuanto a la elección popular directa de jueces. El embajador de Canadá en México, Graeme Clark, ha señalado que esta reforma podría generar inestabilidad y afectar negativamente la confianza de los inversores canadienses en el sistema judicial mexicano. Según Clark, los inversores buscan estabilidad y un sistema judicial eficaz, y cualquier cambio que pueda comprometer esto es motivo de preocupación para Canadá. Estas posturas se alinean con las expresadas por Estados Unidos, que también ha advertido sobre posibles impactos negativos en las relaciones comerciales si se aprueba esta reforma. Ambos países dicen temer que la elección popular de jueces pueda introducir riesgos de corrupción y afectar la independencia judicial, lo cual podría tener repercusiones en la estabilidad económica de la región. El embajador advirtió que la elección directa de jueces, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la reforma al Poder Judicial, podría debilitar la democracia y poner en riesgo la integración económica entre los integrantes del Tratado de Libre Comercio.
En respuesta, el presidente López Obrador anunció que las relaciones con la embajada de Estados Unidos, así como con la de Canadá, están «en pausa» hasta que haya un pronunciamiento que ratifique el respeto a la soberanía de México por parte de estos países. Aunque López Obrador aclaró que no se trata de un conflicto personal, enfatizó la importancia de que los gobiernos extranjeros respeten la independencia de México.
¡¿Cómo se atreve míster Ken a meterse en la política interna de México?! Y a hablar del “peligro” de que se vote por los jueces, cuando en su país es práctica común y corriente. En los Estados Unidos, los jueces son elegidos por voto directo en 29 estados. En estos estados, los votantes tienen la oportunidad de seleccionar directamente a los jueces en las elecciones generales o en elecciones especiales.
En otros estados de EU, los jueces pueden ser designados por el gobernador o la legislatura, y luego podrían estar sujetos a una «retención» en las urnas, donde los votantes deciden si el juez debe permanecer en su cargo, sumando así 43 estados de los 50, como expresó la presidenta electa Claudia Sheinbaum en los que los votantes tienen palabra. Así que le recomendamos a Ken que se vaya a su país y promueva que allá no se voten los jueces y que no se meta en asuntos internos de México.
En Canadá a nivel federal, los jueces de los tribunales superiores, incluidos los jueces de la Corte Suprema de Canadá, son nombrados por el Primer Ministro, con el consejo de su gabinete. A nivel provincial, los jueces también son nombrados, generalmente por el gobernador en el consejo de la provincia. Y dicen que este “dedazo” lo aplican para que “mantengan su independencia”. Canadá ni siquiera respeta su propia Soberanía porque tienen como “rey” al inglés Carlos, por eso no les gusta el que haya votaciones, ni de jueces, ni del Jefe de Estado que por monarquía hereditaria le tocó al hijo de la “Reina” Isabel que fue Jefa de Estado de Canadá durante más de 70 años hasta el día de su muerte.
Por su parte la presidenta electa de México Claudia Sheinbaum, respaldó la decisión del jefe del ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador de pausar el diálogo con las embajadas de Estados Unidos y Canadá. “Es una decisión del presidente de la República, él es hoy el presidente constitucional, frente al agravio que cometió el embajador, tanto de Estados Unidos como de Canadá”, afirmó el miércoles 26 de agosto.
Por otro lado, en estas semanas en México, los trabajadores del Poder Judicial han realizado paros y manifestaciones en contra las propuestas de reformas o recortes presupuestales que argumentan, dicen que podrían afectar su autonomía y condiciones de trabajo y se manifestaron en diferentes ciudades del país contra el paquete de reformas que planea impulsar Morena y aliados a partir de septiembre, que incluyen la elección de ministros, jueces y magistrados. También temen que se socave la independencia del Poder Judicial al reducir su autonomía, su presupuesto y autonomía financiera.
Durante la sesión del Pleno de la Corte este martes 27 de agosto, la mayoría de los magistrados votó a favor de declarar una “no sesión” en apoyo a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación en paro. Ante estas posturas la presidenta electa Sheinbaum declaró que el paro «No es una crisis laboral es una decisión que hacen los trabajadores del Poder Judicial, y los jueces, de irse a paro por un asunto que consideran político, no se están afectando sus derechos laborales». Por su parte la ministra presidenta, Norma Piña, fue quien propuso suspender la sesión del pleno en solidaridad con el paro de trabajadores en contra de la reforma al Poder Judicial.
¿Qué defienden los ministros de la Suprema Corte? En primer lugar sus privilegios ya que un Ministro percibe ingresos mensuales totales de 792,258 pesos. Además quieren que prevalezcan las redes familiares que tienen copado al Poder Judicial, contratando familiares directos, promoviendo y ascendiendo al personal influenciados por prácticas nepotistas y lazos de amistad, siendo que esto impacta la independencia judicial y su imparcialidad, además dificulta la fiscalización.
El injerencismo abierto de los embajadores de EU y de Canadá, se debe a que el Poder Judicial actual mantiene férreas complicidades para resolver a su favor y en contra del interés nacional, disputas comerciales, contractuales, litigios de las empresas extranjeras, favorecer a los inversionistas extranjeros y “blindarlos” frente a medidas de control del Estado y la sociedad mexicana, así como favorecerlos en casos de arbitraje internacional.
México no admite injerencia extranjera y menos de EU. Ya en 1846-48 nos invadieron militarmente, nos robaron más de la mitad del territorio, ocuparon nuestro país en 1914 y mantuvieron sus tropas en Veracruz durante un año, luego invadieron en 1916 para perseguir a Pancho Villa.
Estas nuevas acciones injerencistas nos tienen que poner en alerta, en 2023 senadores estadounidenses como Lindsey Graham, Tom Cotton, y otros que han propuesto el uso de la fuerza militar en México.
Además con su poder económico intervienen para sacudir nuestra economía con ataques financieros contra el peso y moviendo a los mercados para crear inestabilidad económica.
Las presiones y el ruido pueden ser muchos, pero es claro que la voluntad popular se definió por una reforma judicial, es una decisión democrática que debe salir adelante. Los opositores están desnudándose ante los ojos de todo un pueblo, exhiben sus intereses mezquinos y eso los debilita cada vez más. Las y los mexicanos que luchan por la justicia y por sus derechos, unidos y organizados, sabrán impulsar todos los cambios que necesita un país que aspira a lograr la plena garantía de sus derechos, la justicia y la soberanía popular.
