El 27 de septiembre de 2021 conmemoramos el bicentenario de la consumación de la Independencia. El proceso que llevó al reconocimiento fue largo y sinuoso, con altibajos, flujos y reflujos. En la resistencia y sublevaciones de los pueblos originarios contra la invasión española, en la lucha secular de mineros, trabajadores, artesanos, campesinos, de las mujeres se fue forjando una nueva nación. México, junto con las naciones originarias que siguieron existiendo. Juntos formaron un país multinacional que se separó del Imperio Español.
Durante el dominio colonial, la soberanía recaía, según los invasores extranjeros, en el Rey de España. Pero a principios del siglo XIX ya había mexicanos que sostenían que el origen de la Soberanía recae en el pueblo, quien la depositaba en el soberano.
En 1808 tras la invasión francesa a España y la traición de los reyes, ya no había soberano en ese país y por lo tanto tampoco en sus colonias. Así inició el movimiento de Independencia en Latinoamérica. En México al saberse el 13 de junio de 1808 que los Reyes Carlos IV y su hijo Fernando VII habían abdicado en Bayona y que la “Nueva España” no tenía soberano, se abrió la posibilidad de hacer real la aspiración de tantos mexicanos por recuperar la soberanía y con ella la Independencia.
El 19 de julio de ese mismo año, Primo de Verdad, expuso públicamente en el Ayuntamiento de la ciudad de México, la idea de que originalmente la soberanía reside en el pueblo, que la deposita en el soberano, y al no haber rey en España debería regresar al pueblo. Ese día a nombre del Ayuntamiento de México, Juan Francisco de Azcarate publicó la Representación del Ayuntamiento en cuyo texto se argumenta que “por ausencia del rey reside la soberanía (…) en los tribunales superiores que administran la justicia y en los cuerpos que llevan la voz pública”. De esta manera proponían la constitución de una junta gubernativa provisional y autónoma de la Nueva España. La Real Audiencia, como representante máximo del poder hispánico, se opuso a esta postura considerándola una “usurpación del poder real por instituciones novohispanas”. El 24 de junio, fray Melchor de Talamantes presentó un escrito sobre la formación de un Congreso Nacional del reino de la Nueva España. La idea de un gobierno autónomo que no dependiera de la Junta de Sevilla, formada luego del levantamiento del dos de mayo en Madrid por los patriotas españoles, tomó fuerza entre los criollos, ante el escándalo de los peninsulares.
El ayuntamiento solicitó una nueva Junta de Cabildo celebrada el nueve de agosto, misma que fue presidida por el Virrey José de Iturrigaray, además de los miembros del Ayuntamiento estuvieron presentes el arzobispo y los inquisidores. Primo de Verdad, que era síndico, pronunció un discurso y defendió la idea de que: “En virtud de haber desaparecido el gobierno de la Metrópoli, el pueblo, fuente y origen de la soberanía, debería reasumirla para depositarla en un gobierno provisional que ocupara el vacío ocasionado por la ausencia del Rey Fernando VII”.
Los españoles encabezados por los oidores de la Real Audiencia, se opusieron a éstas medidas, pero Francisco Primo Verdad y Fray Melchor de Talamantes habían planteado la tesis que decía: “Que ni la audiencia ni el virrey podían oponerse porque carecían de facultades legislativas y de todo género pues no obran en nombre del pueblo sino del rey cuya autoridad representaban y habiendo desaparecido éste, no podía subsistir” … “En tales circunstancias, la representación nacional corresponde al pueblo”. Los oidores peninsulares rechazaron con indignación la propuesta de Primo de Verdad, acusando a él y a sus compañeros de sediciosos y subversivos, el Inquisidor Bernardo Prado y Ovejero declaró que habían incurrido en herejía y anatema. La confrontación y el antagonismo entre los peninsulares y los criollos se profundizaron.
El Ayuntamiento dispuso que el virrey José Iturrigaray siguiera en sus funciones, ante lo cual, éste tuvo una posición ambigua que despertó la desconfianza de los españoles, quienes durante la noche del 15 al 16 de septiembre de 1808 organizaron un golpe de Estado. Esa noche Gabriel Yermo, rico hacendado español organizó a 300 hombres armados que, asesinando a los guardias, entraron al Palacio y detuvieron al virrey y a su familia. Impusieron como gobernante espurio al anciano Pedro Garibay y desataron la represión, apoyados por la Inquisición, apresaron a Francisco Primo de Verdad, Francisco Azcárate, Fray Melchor de Talamantes, a José Beye Cisneros – abad de Guadalupe-, al canónigo José Mariano Beristain a Francisco Cisneros y a José Antonio del Cristo, acusándolos de “libre pensadores”.
Fray Melchor de Talamantes murió en la prisión de San Juan de Ulúa, Primo de Verdad fue encontrado muerto en su celda del Palacio del Arzobispado. Las autoridades declararon que se trató de un “suicidio”, cuando en realidad lo ahorcaron en su celda; nadie creyó la versión oficial. También asesinaron a otros de sus compañeros
“Cuándo en virtud de las leyes de reforma el palacio del arzobispado pasó a dominio de la nación, de la parte del edificio que correspondía a las cárceles se hicieron casas particulares, una de las cuales es la que hoy habita como de su propiedad, uno de nuestros más distinguidos abogados, Don Joaquín María Alcalde. El comedor de esta casa fue el calabozo en que murió Verdad, y cuando por primera vez se abrió al público, yo vi en uno de los muros el agujero de un gran clavo y alrededor de él, un letrero que decía poco más o menos: Este es el agujero del clavo en que fue ahorcado el Lic. Verdad. Y todavía en el mismo muro se descubrían las señales que hizo con los pies y con las uñas de las manos el desgraciado mártir, que luchaba con las ansias de la agonía (…) La historia encontró la huella de la verdad en unos renglones mal trazados, y en un muro, que guardó las señales de las últimas convulsiones de la víctima…”
De esta forma se reivindicó, por primera vez en nuestra tierra, el concepto de soberanía popular que lleva necesariamente a la soberanía nacional. Dos años después del golpe de Estado español, inicia la lucha popular para alcanzar la soberanía, encabezada por Miguel Hidalgo y Costilla.
A doscientos años de la primera declaración de la soberanía popular, hoy se reconoce abiertamente que ésta reside esencial y originalmente en el pueblo (Artículo 39 de la Constitución). Pero en la actualidad, tanto la soberanía nacional como la soberanía popular están vulneradas.