Aumentan los reclamos ciudadanos por una nueva Ley General de Aguas, que debió aprobarse por el Congreso en 2013 y hasta la fecha no lo ha hecho. Urge una nueva ley para garantizar el derecho humano al agua.
Antes del gobierno neoliberal de Carlos Salinas, desde 1917 hasta 1992 había poco más de dos mil concesiones, del salinato a la fecha, son alrededor de 550 mil: Coca-Cola, (55 mil millones de litros anuales), Pepsi (32 mil millones), Danone (15 mil millones), Nestlé (9 mil millones). Coca-Cola, Pepsi, Danone, Nestlé, Bimbo acaparan 133,000 millones de litros, mientras que más de una tercera parte de los hogares carecen de agua corriente en sus casas y tienen que comprarla en garrafones, botellas, latas o bien recipientes de cartón.
Siempre se ha despojado del agua a los pueblos, pero nunca como cuando Salinas de Gortari creó en 1989 la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para entregar el vital recurso a las grandes corporaciones, haciendo aprobar la ley de Aguas Nacionales (LAN) en 1992, que creó “mercados del agua” y desconoció los derechos ancestrales de los pueblos, despojándolos del líquido. Esta ley, neoliberal hasta la médula, sigue vigente hasta la actualidad, casi 32 años después. Como consecuencia, según datos INEGI, 3 mil 300 empresas acaparan el 20% del agua en el país, lo que representa una enorme inequidad en el acceso al recurso.
Las cerveceras y refresqueras explotan millones de metros cúbicos de agua al año y forman parte de los millonarios del agua, este 1% que explota la quinta parte del agua en México es un grupo privilegiado que cuenta con grandes concesiones de agua y algunos se encuentran en zonas desérticas como Monterrey por lo que tienen que extraer de los mantos acuíferos lo que provoca su sobreexplotación. Además, es la industria la principal generadora de contaminantes orgánicos en el agua.
Las grandes corporaciones apoyadas por las potencias capitalistas aumentan la inequidad. En el caso de México, el CONEVAL informó en 2022 que 9.3 millones de personas carecían de toma de agua en sus viviendas. En el medio rural el 15% de las viviendas no estaban conectadas a la red hidráulica, mientras en las urbanas sólo el 2.8 por ciento.
En los hogares capitalinos más pobres se consume cinco veces menos agua que en los más ricos y además son los más afectados con los cortes. El problema en México suele tratarse como un fenómeno natural, pero la realidad es otra, no hay agua por sobreconsumo de unos pocos, contaminación de acuíferos, sobreexplotación por parte de las corporaciones que promueven la corrupción y el abandono institucional.
Por cada hectárea que se urbaniza, la recarga se reduce 2.5 millones de litros de agua al año. Actualmente, el abastecimiento de agua potable a la Ciudad de México es de 31.2 m3/s, 9 m3/s se extraen del sistema Cutzamala (Michoacán); 2.1 m3/s, del sistema de pozos en Barrientos (Estado de México); 0.6 m3/s, de la Caldera (Estado de México); 4 m3/s del Río Lerma (Estado de México); 0.9 m3/s del sistema Chiconautla (Estado de México), y 14.6 m3/s de los manantiales y pozos ubicados en la Ciudad de México.
La extracción es mayor a la recarga, la demanda es creciente y se reducen las zonas de captación. Además, las corporaciones son consentidas por Conagua. La defensora del agua, Elena Burns, ha señalado que el año pasado, la Conagua recaudó 22 por ciento de los derechos que los usuarios industriales tenían que pagar, lo que hizo que 43 mil millones de pesos se quedaran en los bolsillos de los usuarios industriales, agroindustriales y de servicios. Esos recursos son necesarios para invertir en la infraestructura hídrica.
Es necesario que la metrópoli sea sustentable, captando agua de lluvia, racionalizando el uso de agua y tratándola. La población demanda agua potable y de buena calidad en sus hogares para dejar de consumir agua embotellada, que conduce a millonarias ganancias a las corporaciones que la venden, procurar captación de agua de lluvia construir terrazas y pequeñas represas para retener el agua y aumentar su infiltración al subsuelo, rescatar lagos y ríos contaminados.
Las cerveceras, lecheras, refresqueras, mineras y las inmobiliarias son parte del grupo denominado “los millonarios del agua” pues explotan millones de metros cúbicos de agua al año y forman parte de este 1% que explota alrededor de la quinta parte del agua en México. Mientras los campesinos son quienes necesitan agua suficiente para alcanzar la soberanía alimentaria, actualmente 27 millones de personas sufren hambre en México, importamos casi el 50% de los alimentos que consumimos, cada vez importamos más maíz, el año 2022 llegamos a 18 millones de toneladas, un año después el 2023 se rompió record con 19.7 millones. Es necesario financiar apoyos a cooperativas, a pequeños y medianos agricultores, para la producción, transporte y comercialización.
El tema del agua es prioritario y el poder legislativo no puede seguir postergando una nueva Ley General de Aguas, por lo que aumenta la organización y la movilización para arrancar ese derecho indispensable.
¿Qué propone la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas que impulsa la Coordinadora Nacional Agua para Todos y Todas?
La Propuesta Ciudadana de Ley General de Aguas reconoce el agua como un bien común de la nación, proveniente de la naturaleza, a ser manejada sin fines de lucro. Se propone:
- Comprometernos con una Agenda Nacional: agua para ecosistemas, agua para tod@s, agua para soberanía alimentaria; fin a la contaminación, a la destrucción de cuencas y acuíferos y a la vulnerabilidad a inundaciones y sequías por mal manejo.
- Construir instancias de participación comunitaria y ciudadana desde la microcuenca hasta el nivel nacional, para consensuar Planes Rectores vinculantes para cumplir con la Agenda Nacional cuenca por cuenca.
- Establecer la Contraloría Social del Agua, instancia ciudadana auto-organizada a nivel municipal, de cuenca y nacional, para evaluar el desempeño de autoridades cuyas acciones u omisiones vulneren los derechos asociados con el agua, y, en caso necesario, recomendar la revocación de su mandato.
- Reconocer y restaurar los derechos a las fuentes históricas del agua de los pueblos originarios.
- Desmontar el sistema de concesiones que ha resultado en la privatización, acaparamiento y sobreexplotación del agua. Los Consejos Ciudadanos determinarán los volúmenes a dedicar al uso personal y para la alimentación sana, respetando los límites de las cuencas y los acuíferos, y determinarían los volúmenes disponibles, las prioridades y los condicionantes de acceso para usos no prioritarios. No se permitiría el uso de aguas nacionales para la minería tóxica, la fracturación hidráulica (“fracking”), ni para usos que implicarían su contaminación con sustancias peligrosas.
- Poner los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en manos públicas y comunitarias, sin fines de lucro, con mecanismos para garantizar su administración eficaz y transparente. Tendrían que consensuar y ejecutar Planes Municipales para garantizar el acceso equitativo a agua de calidad, así como bebederos y baños dignos de libre acceso.
- Reorganizar el uso agrícola del agua y la infraestructura para riego. Comités de ejidatarios y comuneros, pequeños agricultores, consumidores, y asesores técnicos consensarían planes, cuenca por cuenca, para poner fin a la contaminación y el desperdicio del agua y energía en este sector, y priorizar la producción de alimentos sanos para el consumo local y nacional.
- Establecer un Fondo Nacional para el Derecho Humano al Agua y Saneamiento, para el financiamiento directo de proyectos auto-gestionados por parte de comunidades sin acceso a agua o saneamiento, priorizando el equipamiento de escuelas públicas.
- Garantizar presupuesto para el agua de por lo menos 0.7% PIB, para ejecutar los Planes Rectores y Municipales, y garantizar sistemas de monitoreo y vigilancia hídrica, públicos y ciudadanos.
- Toda obra hidráulica tendría que contar con un Dictamen demostrando que implicaría menos costos y más beneficios socio hídrico ambientales a lo largo de su vida útil. No se permitiría la concesión (privatización) de obras hidráulicas.
- Prohibir la autorización de grandes proyectos de urbanización en cuencas que sufran de estrés hídrico (hundimientos, grietas, agua fósil, inundaciones, zonas sin acceso al agua, aguas residuales sin tratamiento y reúso).
- Requerir un Dictamen de Impacto Socio Hídrico adicional al Manifiesto de Impacto Ambiental, a ser elaborado por especialistas avalados por el Consejo Ciudadano de Cuenca, y contando con el consentimiento libre, previo e informado de los habitantes, asegurando que el proyecto no pondría en riesgo los derechos asociados con el agua.
Para todo ello es vital en particular el punto 3: construir la Contraloría Ciudadana del Agua.
Afortunadamente en estos momentos hay acciones, el 11 de agosto, al término del análisis de La Crisis Hídrica en Puebla por el Grupo Promotor de la Controlaría Autónoma del Agua de Puebla “Joel Arriaga”, Elena Burns señaló la necesidad de deshacer los modelos privatizadores y las instituciones que los garantizan, y subrayó la gran necesidad de crear Contralorías Ciudadanas del Agua a nivel local, estatal y federal.
En Puebla, organizaciones acusaron que la subcuenca del Alto Atoyac como la de Libre Oriental tienen un déficit hídrico, debido a las concesiones concedidas por Conagua. Es inadmisible que ante las justas protestas de la población se les reprima como sucedió el mes de junio en el que dos hermanos, Jorge y Alberto Cortina Vázquez, fueron asesinados por elementos de la Fuerza Cívica de Veracruz cuando apoyaban un plantón instalado por campesinos frente a la corporación Granjas Carroll, en la comunidad de Totalco, municipio de Perote. Hoy exigen justicia y el retiro de la criadora de cerdos de la Cuenca Libre Oriental.
En otro frente, del 5 al 9 de agosto se desarrolló una intensa Jornada del Agua en el Estado de México en busca de alternativas agro-hídricas ambientales para la sostenibilidad de la Cuenca Lerma-Chapala y el Altiplano Central, una de las más importantes y extensas del país. En el evento, el secretario del Agua del Estado de México, Dr. Pedro Moctezuma Barragán, destacó la urgencia de abandonar el modelo extractivista del agua, que explota este recurso para la producción masiva de materias primas y subrayó la necesidad de poner fin al despojo y a los negocios que lucran con el agua y la contaminan sin tratamiento alguno.
Se debe lograr la unidad de acción frente a la problemática del agua y en todos los frentes, para hacer valer los derechos al agua y al medio ambiente sano frente al extractivismo y para lograr justicia y plena garantía de derechos para todas y todos, tanto entre los seres humanos como hacia la madre naturaleza que también tiene derechos vitales.
Es necesario que el pueblo asuma su soberanía y conquiste el poder político para que decida y mande, velando por sus intereses y los del país frente a los intereses de las corporaciones y las potencias capitalistas. Es hora de una renovación democrática que impida los abusos y privilegios al amparo del poder.
Hoy por hoy se construye la respuesta popular para llenar los vacíos que aprovecha la ultraderecha y asumir la soberanía; se fortalece la participación consciente para que en México se ejerza el poder del pueblo que lleve a la profunda transformación y a la armonía entre los seres humanos y con la naturaleza.
