Es increíble que áreas tan críticas en México, como la educación, la salud, la seguridad y el medio ambiente, enfrenten recortes presupuestales para 2025. Pareciera que nos quieren ignorantes, enfermos o muertos.
El Proyecto de la Ley de Ingresos para 2025 aprobado en comisiones del Congreso contempla de 9.3 billones de pesos de ingresos, de los cuales 1.2 billones corresponde a deuda y 5.3 a ingresos tributarios, prevé recortes a 22 de las 26 secretarías.
Según el análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), “ante el crecimiento desproporcionado del gasto en 2024 y la falta de una reforma fiscal, el nuevo gobierno se verá obligado a ajustar a la baja el gasto público, con una reducción de 3.3 por ciento en términos reales”. Además, el crecimiento de la deuda en años recientes llevará a un aumento del 8.5 por ciento en el pago de intereses de la deuda, lo que representará el 14.9 por ciento del gasto total. La Secretaría de Hacienda estima que la economía crecerá entre 2.0 por ciento y 3.0 por ciento en 2025, aunque los especialistas hablan de uno por ciento.
No sorprende que haya una visión de gasto racional o austero, ya sabemos que el presupuesto debe ser flexible y que es solo un plan que permite ajustes y reasignación de recursos. Lo que llama la atención es la falta de visión ante las crecientes necesidades de los mexicanos, las prioridades que se están protegiendo ante un ambiente económico sombrío.
Para Guillermo Anaya, exsenador panista, las finanzas nacionales enfrentarán la crisis de Pemex, la posible caída de remesas ante la llegada de Trump, el incremento de deportaciones de indocumentados y la eventual imposición de aranceles, situaciones que afectarán las asignaciones a los estados y municipios y por ende, a los ciudadanos.
En 2025, las prioridades de gasto se centran en 17 programas sociales y 10 proyectos de inversión, con un presupuesto total de 1.02 billones de pesos (11.0 por ciento del gasto total). Las decisiones del pasado se convierten en proyectos intocables, mientras que los programas sociales, que no contribuyen a la movilidad social, parecen más bien clientelistas y ligados a los intereses del partido en el poder. Entre los programas sociales se encuentran la Pensión Universal para Adultos Mayores, las becas Benito Juárez, la nueva beca universal de educación básica, la pensión para mujeres de 60 a 64 años y el programa Bienestar Casa por Casa, que ofrece atención médica a adultos mayores con discapacidad, entre otros.
En cuanto a los proyectos de inversión, destacan la conclusión del Tren Maya y la construcción de trenes como el México-Querétaro, el AIFA-Pachuca, el Corredor Interoceánico y el Tren México-Toluca, junto con obras hidráulicas, infraestructura vial y proyectos de digitalización gubernamental.
Entre los sectores más afectados por los recortes se encuentran la Secretaría de Salud, que sufrirá una reducción del 34 por ciento, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con un recorte del 39 por ciento, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con un 36 por ciento menos, y la Secretaría de Defensa Nacional con un recorte del 43.8 por ciento.
Estos ajustes contrastan con países como Japón, Corea del Sur y Singapur, que han apostado por la educación como motor de transformación social y económica, logrando altas tasas de crecimiento y reducción de la pobreza.
En el sector salud México enfrenta una crisis en atención, infraestructura y abasto de medicamentos, y esta visión de recorte presupuestal no está alineada al contexto internacional donde varios países están aumentando su gasto en salud como parte de una estrategia a largo plazo para mejorar sus sistemas médicos y estar mejor preparados para futuras crisis. Ejemplos de estos países son Suecia, España, Francia (que prioriza la salud mental) y Argentina.
En cuanto a seguridad, el recorte en este sector no parece reflejar la urgencia de combatir la creciente presencia del narcotráfico. Un dato alarmante es que en el primer mes del gobierno de Claudia Sheinbaum se reportaron 2 mil 564 homicidios dolosos, un 7 por ciento más que en el mismo periodo de 2023, lo que equivale a un promedio de 82 asesinatos diarios.
Por otro lado, el sector cultural, que en 2023 generó 820,963 millones de pesos (2.7 por ciento del PIB) y empleó a 1.4 millones de personas (3.5 por ciento del total), sufrirá una reducción presupuestaria del 30.8 por ciento.
Aunque ya se ha dicho que los “ahorros” provenientes de la desaparición de organismos autónomos y del ajuste en el poder judicial se destinarán a Cultura y Educación, lo que llama la atención, insistimos, es la falta de una visión estratégica.
Los expertos señalan que, aunque el presupuesto busca equilibrio, enfrenta riesgos significativos. Los recortes en sectores fundamentales podrían limitar el crecimiento del capital humano y la calidad de vida, lo que, a su vez, podría repercutir negativamente en la productividad y el desarrollo. Además, el entorno internacional adverso podría complicar la estrategia fiscal, especialmente si no se generan ingresos adicionales o si el crecimiento económico es insuficiente.
La clave será cómo el gobierno maneje la ejecución del presupuesto, la generación de ingresos y la atracción de inversiones en un contexto global incierto. México se enfrentará a un 2025 desafiante que requerirá reestructuración, visión estratégica y decisiones bien fundamentadas para equilibrar prioridades y atender necesidades urgentes.
Leticia Treviño es académica con especialidad en educación, comunicación y temas sociales, leticiatrevino3@gmail.com