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Siempre decimos lo mismo: los índices de violencia en el país van en aumento. Sinaloa está en llamas a raíz de la detención del Mayo Zambada que ha provocado una narco guerra que lleva 550 muertos en cuatro meses. Además, pérdidas por 18 mil millones de pesos y la caída de 25 mil empleos según reportó el sector empresarial de Culiacán.
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Pero no es exclusivo de Sinaloa, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los datos de homicidios dolosos hasta octubre en Guanajuato ascienden a dos mil 119, en Baja California mil 788, en Estado de México mil 689 y Chihuahua con mil 421. Nuevo León no se queda atrás, ocupa el séptimo lugar a nivel nacional por los índices de asesinatos en noviembre. Según datos de Cómo Vamos, desde el 2021 en Nuevo León hay un incremento del 53 por ciento en homicidios.
Estos números son reflejo de al menos cuatro situaciones: el fortalecimiento del crimen organizado, la inacción o complicidad de las autoridades, las estrategias de seguridad fallidas y la desigualdad social.
Y por si fuera poco los cárteles reclutan jóvenes, no solo para integrar sus ejércitos, ahora también lo hacen como cocineros de sus drogas. Fue preocupante el reportaje publicado por el New York Times, “Mexican Cartels Lure Chemistry Students to Make Fentanyl” en el que describe cómo los cárteles de drogas en México están reclutando estudiantes y profesionales de química para operar laboratorios clandestinos. Utilizan estrategias de persuasión o coacción para atraer talento que pueda mejorar la producción de drogas sintéticas como el fentanilo y las metanfetaminas.
Es evidente que los esfuerzos en seguridad de las autoridades federales son insuficientes e inefectivos. Una vez más se cuestiona que el ejército esté distraído con otras actividades en lugar de proteger a la población.
Los cuatro puntos centrales de la estrategia de seguridad presentada por Omar García Harfuch al asumir como Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal: 1) Atención a las causas de la violencia; 2) fortalecimiento de la Guardia Nacional; 3) refuerzo de la inteligencia; y 4) coordinación con entidades federativas, así como la capacitación de la policía local y proximidad social, suenan muy bien, “muy hermoso” como diría mi mamá, sin embargo, es urgente frenar la criminalidad.
La denominada Operación Enjambre fue un golpe directo y efectivo contra la corrupción en las estructuras gubernamentales locales vinculadas al crimen organizado, particularmente en el Estado de México. El operativo incluyó la participación de la Marina, la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y autoridades estatales, desplegando más de 800 elementos. Durante la operación, se ejecutaron órdenes de aprehensión contra funcionarios municipales por delitos graves como extorsión, secuestro exprés y homicidio, todos presuntamente relacionados con grupos criminales como La Familia Michoacana. Entre los detenidos se encuentran alcaldes y directivos de seguridad pública de municipios como Amanalco, Naucalpan e Ixtapaluca.
Fue una excelente demostración de la aplicabilidad de la estrategia de seguridad y de que cuando hay voluntad, se ejecutan las cosas, pero se necesitará acabar también con los enjambres estatales. Se envió un mensaje de que sí es posible actuar, y de paso también a Trump, en el compromiso del gobierno federal contra el narcotráfico y redes de complicidad. Esperemos que los detenidos no queden libres en breve.
Además de la deficiente lucha contra la criminalidad, es evidente que el tejido social en México está seriamente dañado y se debe pedir ayuda a los especialistas. Dentro de las congregaciones religiosas de México quien tiene conocimiento y experiencia en la reconstrucción del tejido social, es la Compañía de Jesús de los jesuitas. A través de experiencias concretas en comunidades fragmentadas socialmente, han desarrollado diferentes metodologías de intervención dentro de lo que ellos llaman Modelo de Reconstrucción del Tejido Social. Su propuesta trabaja desde las entrañas de las poblaciones buscando armonía con el poder político principalmente. Se trata de sanar heridas entre los habitantes.
Para los jesuitas, la reconstrucción de comunidades requiere de varias condiciones, sobre todo cuando la base de la acción colectiva es la inseguridad: primero, la voluntad de empoderar a las comunidades, sean rurales o urbanas; segundo, buscar la sostenibilidad mediante el acompañamiento de una acción policial de proximidad que refleje la empatía entre comunidad local y policías; y tercero, generar condiciones de confianza mutua entre los actores sociales.
Trabajar en tres frentes: más operaciones enjambre para acabar con redes de narco corrupción; más asignación de militares en las comunidades más violentadas para proteger a la población; y reconstrucción del tejido social.
No queremos más abrazos.
Leticia Treviño es académica con especialidad en educación, comunicación y temas sociales, leticiatrevino3@gmail.com
