¿Cómo abordar el mayoriteo del Senado del sábado pasado? ¿Desde la indignación, la vergüenza, la ilegalidad, la obediencia o la preocupación? El procedimiento y contenido de los cambios realizados a 20 leyes mexicanas representan un insulto para las instituciones del país y resta legitimidad a los integrantes del Congreso de la nación.
El mayoriteo es un recurso malamente utilizado que refleja la ausencia del debate y diálogo que se espera los legisladores utilicen para decidir lo que conviene para la vida pública del país. Es un reflejo del autoritarismo, para imponer visiones mediante votaciones ventajosas para aferrarse al poder. Legislar no es votar a ciegas ni seguir las instrucciones del presidente.
Con un quórum cuestionado, se aprobaron 20 reformas, en lapsos de 10 minutos cada una, que impactan las instituciones mexicanas y los servicios que ofrecían. Estos dejan duda sobre los recursos invertidos en los conceptos que amparaban y por supuesto fortalecen a los militares.
Según el presidente del Senado de la República, Alejandro Armenta, las reformas aprobadas “están firmes” en cuanto a que el protocolo fue apegado a la legalidad. La oposición argumenta vicios de procedimiento que impugnarán. El tema es que los senadores hicieron su trabajo en “lo oscurito”, por indicaciones de AMLO.
La noche del viernes el presidente se reunió con los senadores de morena y aliados en Palacio Nacional en donde les pidió sacar los temas pendientes de su agenda. Esto sucedió mientras en la sede del Senado, la oposición mantenía tomada la tribuna para evitar la votación de dichas reformas y exigir el nombramiento de los comisionados faltantes del INAI. Así, los senadores morenistas se reunieron en otra sede y aprobaron en los que se denomina “fast trak” o vía rápida o mayoriteo, los cambios a las leyes.
Santiago Creel, presidente de la cámara baja, afirmó que con esta votación en el Senado hubo un grave retroceso. “Son las 24 horas más costosas que ha tenido el país, porque en 24 horas retrocedimos 24 años”.
Mako Cortés, líder nacional del PAN, señaló “sin leer las iniciativas, sin discusión y violando el proceso legislativo, el presidente López Obrador exhibió su autoritarismo para anular la división de poderes y convirtió a sus senadores en lacayos descarados que saben cumplir sus órdenes”.
Como es de suponer, el presidente defendió al Senado y la aprobación de las reformas. “Ya estaban las reformas, ya habían pasado por la Cámara de Diputados. Eso del fast track es lo que esgrimen los del bloque conservador”.
Como siempre, sus argumentos se basaron en el pasado “¿qué hacían los del bloque conservador antes? eso también se olvida…los senadores de morena no hicieron lo mismo, no somos iguales”, expresó AMLO “no hay ninguna que se parezca a lo que hicieron (los conservadores) cuando aprobaron la reforma fiscal…los afores…nada que ver”.
El liderazgo de Ricardo Monreal, senador morenista, quedó en entredicho pues se había comprometido a que antes de la discusión y votación de estas leyes, sería nombrado por lo menos un comisionado del INAI, situación que por supuesto no sucedió. Asimismo, en su momento señaló que a las minutas aprobadas por los diputados no se les aplicaría un trámite fast track, “sino que todas ellas serán turnadas a las comisiones correspondientes, y ahí se decidirá el método para desahogarlas”, afirmó. Puras mentiras.
Diferentes organizaciones como el Frente Cívico Nacional y Poder Ciudadano por México calificaron como arbitraria e ilegal la sesión del Senado. “La ciudadanía merece una representación digna y ética en el proceso legislativo, y no podemos permitir que se tomen decisiones importantes de manera arbitraria e ilegal”, indicaron en un comunicado.
Ahora la Suprema Corte a quien AMLO calificó como “la gran alcahueta” deberá decidir sobre la impugnación que dice la oposición realizará.
Lo preocupante es que Andrés Manuel está avanzando en la transformación del país hacia un régimen autoritario. Hasta donde le es posible, avanza en el control legislativo y militarización. Su siguiente proyecto es la reforma judicial en la que, según los enterados, la propuesta será que que quien presida la Suprema Corte de Justicia no controle también la Judicatura Federal. Además, la reducción del número de ministros y magistrados, así como afectaciones salariales y presupuestales. Esto no lo podrá hacer hasta tener la mayoría calificada en Congreso y de esta forma asegurar reformas a la Constitución en lo militar, electoral y judicial, por eso su foco son las elecciones del 2024.
Continuará sus ataques a la Suprema Corte de Justicia para encender el encono contra la Institución e ir ganando adeptos electorales.
La covid-19 le hizo meter el acelerador.
Leticia Treviño es académica con especialidad en educación, comunicación y temas sociales, leticiatrevino3@gmail.com
