Los organismos autónomos que Andrés Manuel López Obrador pretende eliminar sirven de contrapeso a los excesos de poder y forman parte de los derechos constitucionales de los ciudadanos.
Bajo el argumento, como siempre, de que fueron creados por los neoliberales para beneficio de las minorías, y pretender ahorro de gastos, el presidente busca consolidar su afán de poder absoluto y dar continuidad al mismo. “Pues nosotros también estamos revisando con lupa lo que hacen estos organismos, al grado que voy a proponer en el paquete de iniciativas de reforma que desaparezcan todos estos organismos que crearon para proteger a particulares y afectar el interés público…imagínense lo que nos vamos a ahorrar porque no vamos a seguir manteniendo esos organismos, facciosos, onerosos, antipopulares”, expresó el presidente.
El gobierno federal absorbería las nóminas de estas instituciones para que ningún trabajador sea despedido, es decir pasarían a las diferentes secretarías que asumirían sus funciones; así, el presidente podrá dar instrucciones a su equipo de trabajo con control de decisiones.
Entre los organismos autónomos que están en la mira del presidente están: el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), la Comisión Federal de Competencia (COFECE), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL), la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente, y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
El presidente todavía no señala si entre los organismos que pretende desaparecer están: el Banco de México (BANXICO), la Fiscalía General de la República (FGR), el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), instituciones a las que en otras ocasiones AMLO ha atacado.
Los organismos regulatorios autónomos son entidades gubernamentales independientes que gozan de autonomía en sus decisiones y gestión técnica; pretenden evitar la intervención directa del poder ejecutivo o del partido en el poder. Se establecen para regular sectores clave de la economía o áreas sensibles a fin de garantizar transparencia y equidad. En distintos países se cuenta con este mecanismo de supervisión y control.
Las funciones de estos organismos tienen que ver con temas álgidos en nuestra democracia: transparencia en la información oficial, competencia y libre mercado, energía, derechos humanos, telecomunicaciones, banca, medio ambiente e indicadores de desempeño público.
Es ilógico que quien habla de los derechos del pueblo sabio y bueno y defienda la democracia pretenda eliminar a estos organismos que fueron creados justamente para impedir el manejo discrecional del poder y la necesaria defensa del Estado ante abusos tanto del gobierno como de las empresas a los derechos humanos y condiciones de bienestar. La verdadera razón del presidente es el control absoluto: tener al congreso a su favor, eliminar los contrapesos a sus decisiones y manejar narrativas de carácter electoral.
Como es de suponer integrantes de organizaciones de la sociedad civil, señalaron que la desaparición de los órganos autónomos afectaría derechos de los ciudadanos. “Habría muchas afectaciones, no sólo en el ámbito del derecho a la información, sino también en el ámbito de rendición, de cuentas, anticorrupción, incluso en el ejercicio de recursos públicos, señaló Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), quien destacó que el INE y la CNDH son pioneros en términos mundiales.
Así mismo, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) expresó su rechazo al considerar que son el contrapeso necesario de cualquier democracia.
“La discusión central, no debe ser la eliminación de los órganos autónomos de la Constitución y que el Ejecutivo absorba sus funciones. El verdadero debate debe ser a favor de fortalecer su funcionamiento y garantizar su operación con sus órganos directivos completos y un presupuesto adecuado, pues resulta esencial que puedan desempeñar a cabalidad su papel de equilibrio y garantes de los derechos establecidos por la Constitución y las leyes”, indicó.
Lo peor que nos puede pasar a los mexicanos es normalizar los abusos de poder de los políticos y pasar por alto las iniciativas de reformas del presidente.
Estos organismos son resultado de décadas de lucha social para la separación de poderes. Su “autonomía” es para asegurar la independencia política de sus decisiones y gestión. Son reguladores del funcionamiento público. Solo en los sistemas comunistas no existen.
El paquete de reformas que presentará AMLO el próximo 5 de febrero incluye también la contrarreforma para regresar las pensiones al 100 por ciento, la de aumentar salario mínimo siempre por arriba de la inflación, la electoral, la del Poder Judicial, la de poner en rango constitucional la pensión para personas con discapacidad y la de transferir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
“Asumo la plena responsabilidad de continuar el rumbo trazado por nuestro pueblo, sin zigzagueos, el rumbo de la transformación que inició el presidente” dijo Claudia Sheinbaum. Por su parte Xóchitl Gálvez señaló que “esta propuesta (refiriéndose al INAI) es reflejo de que el gobierno federal no es tan «honesto» como a diario afirma López Obrador.
Tome nota.
Leticia Treviño es académica con especialidad en educación, comunicación y temas sociales, leticiatrevino3@gmail.com
