Una suerte de convulsiones y movimientos se viven en la escena pública peruana luego de que desde el congreso de la república se pidiera explícitamente la vacancia del presidente Pedro Castillo a consecuencia de unas reuniones secretas, bastante sospechosas y que pudiesen indicar actos de corrupción, lo que habilitaría la opción de aplicar la norma constitucional referente a la incapacidad moral del presidente.
A decir verdad, resulta bastante tedioso y hasta evidente el esfuerzo del órgano legislativo en producir una vacancia, entre comillas legal, para poder llegar a la silla de gobierno o para al menos sacar a quien consideran aún un presidente ilegítimo y poco representativo. La figura de esta movida fue la ahora polémica congresista Patricia Chirinos, quien en actos públicos y de forma bastante descontrolada declaró frente a la opinión pública y la ciudadanía que el presidente debía ser vacado ya que no estaba a la altura del cargo. Resulta extremadamente irresponsable la solicitud de la vacancia del mandatario y resulta preocupante que la solución frente a cualquier entrecejo político sea la misma arma legal que el tribunal constitucional se negó a definir al momento que Martin Vizcarra, ex presidente de la República, presentó la demanda de competencia y que termina siendo olímpicamente ignorada por un tribunal constitucional abiertamente interesado en su relección a través del congreso, mismo congreso que solicitó la conocida vacancia en una sesión del pleno.
Para este momento la figura de destitución ya es conocida por la gran mayoría de peruanos. Es más, el desfile de cinco presidentes en un periodo menor a cinco años hace dudar realmente sobre la capacidad orgánica que tiene el país, el equilibrio de poderes y la solidez de la democracia que se maneja a la fecha. Sin embargo, resulta aún más preocupante el total desinterés que tiene el TC para legislar respecto a una cláusula totalmente abierta e interpretable que, más que lograr la tutela de los derechos dentro de este país soberano, genera una inseguridad jurídica tremenda que ha logrado desestabilizar no solo un gobierno, sino también la economía y el bienestar de miles de familias.
En estas épocas, en donde el año está cerrando y el panorama político empieza a evidenciar intereses particulares por encima de los de la población es importante tener en cuenta que lo más relevante al momento de gobernar y ser gobernado es la búsqueda del bien común. Al momento, las soluciones asertivas y los planes conjuntos son inexistentes; por el contrario, lo que más hemos visto ha sido la toma de decisiones radicales y separatistas que no aportan al proyecto común de país al que aspiramos ser. De esta manera, es imposible generar un plan conjunto en donde se pueda soñar con una sociedad unida y enfocada en sus problemas reales. Al momento, estamos frente a posiciones rupturistas que lo único que hacen es retrasar lo más importante: consolidar nuestro proyecto de país y avanzar hacia nuestro desarrollo. Es por todo ello, que resulta necesario que la sociedad identifique y demande el correcto actuar de las instituciones involucradas, tanto órganos colegiados como el TC o el Congreso de la República, así como de autoridades particulares tales como el Presidente de la República y sus ministros. Es importante marcar la agenda y no perder de vista que las celebraciones del bicentenario se acaban, pero que el sueño de crecer cada día como una gran nación continúa.