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Yoon Suk-yeol comparece en el Tribunal Constitucional de Corea del Sur
Este martes 21 de enero de 2025, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, acudió al Tribunal Constitucional para participar en una audiencia del juicio que determinará si su destitución parlamentaria será definitiva. Lo hizo bajo estrictas medidas de seguridad.
El presidente fue trasladado desde el centro de detención de Uiwang, ubicado al sur de Seúl, en un convoy que lo acompañó hasta el tribunal. Yoon se encuentra arrestado desde el 15 de diciembre de 2024.
Un gran despliegue policial rodeó el Tribunal Constitucional, siendo visible desde más de un kilómetro de distancia. Además, miles de sus seguidores se concentraron en la zona para protestar, a pesar de la alerta roja emitida ese mismo día debido a la mala calidad del aire.
La policía estableció un perímetro de seguridad alrededor de las puertas del tribunal, utilizando autobuses y barreras para impedir que los manifestantes se acercaran a la entrada del edificio judicial.
Durante su comparecencia, Yoon explicará las razones detrás de la decisión de declarar el estado de excepción y su equipo legal presentará pruebas y testigos para defender sus acciones, según indicaron sus abogados en un comunicado.
Yoon argumenta que la ley marcial fue una respuesta a lo que él considera una “parálisis” del Estado, causada por las mociones de destitución que, según él, eran utilizadas de manera indiscriminada por la oposición en el Parlamento, donde su partido se encuentra en minoría desde abril de 2024.
El presidente también sostiene que los recortes presupuestarios aprobados por la bancada contraria en la Asamblea Nacional, así como los problemas con el sistema electoral, representaban un peligro para la seguridad económica y política del país, según el mismo comunicado.
El Tribunal Constitucional tiene hasta junio de 2025 para decidir si el cese de Yoon, aprobado por el Parlamento el 14 de diciembre de 2024, será definitivo o si el presidente será reinstalado en su puesto.
En caso de que la corte ratifique su destitución, se deberán convocar elecciones presidenciales en un plazo máximo de 60 días tras el fallo.
Yoon también enfrenta una investigación penal por un posible delito de insurrección, que podría conllevar penas severas, como la cadena perpetua o incluso la pena capital (aunque hay una moratoria sobre esta última en Corea del Sur desde 1997). Sin embargo, ha optado por no declarar ante los investigadores.
