La Unión Europea y Naciones Unidas han denunciado este miércoles el auge de los ataques a hospitales en zonas de conflicto señalando las consecuencias que tiene este fenómeno para las supervivientes de violencia sexual y de género.
En comunicado conjunto, el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, y la Representante Especial de Naciones Unidas sobre la Violencia Sexual en Conflictos, Pramila Patten, señalan que los ataques a centros de salud y hospitales han incrementado en los últimos años. En 2023 se registraron 1.510 ataques a instalaciones sanitarias en zonas en conflicto, mientras que en 2019 se produjeron en torno a 1.000.
Todo esto, alerta la UE y la ONU, tiene consecuencias en el acceso a las víctimas de violencia sexual. «Estamos alarmados por este aumento, que dificulta gravemente el acceso de los supervivientes de la violencia sexual a la asistencia, la protección, la denuncia y la reintegración que salvan vidas», recalcan.
En este sentido, indican que este tipo de violencia es «una de las formas más devastadoras y es cometida en especial contra mujeres y niñas, pero también contra hombres y niños, durante los conflictos armados».
Al entender que genera un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres, subrayan que «garantizar la inviolabilidad de las instalaciones sanitarias en las zonas de conflicto es primordial para proteger los derechos humanos básicos de las supervivientes».
Por todo ello el bloque europeo y el organismo multilateral instan a a las partes en conflicto a que garanticen que las instalaciones sanitarias no son un objetivo de ataques.
«Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional de donantes para que financie las operaciones de los agentes humanitarios, incluidos los que trabajan en la prestación de servicios especializados para satisfacer las necesidades más acuciantes de los supervivientes de la violencia sexual y de género», recoge el comunicado conjunto.
La declaración subraya la intención de la UE y la ONU de «proteger a los supervivientes y a las personas en situación de riesgo para garantizar un entorno propicio y hacer que los autores rindan cuentas de sus crímenes», instando así a que la comunidad internacional aumente la demanda para proteger las instalaciones sanitarias en zonas en conflicto bélico.
