En su primer informe desde su nombramiento por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en octubre de 2024, la misión de tres expertos presidida por el tanzano Mohamed Chande Othman pide que el embargo de armas se extienda a todo Sudán.
Además de acusar de de crímenes de guerra a ambos bandos, Ejército y paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), acusa también a estos últimos de crímenes contra la humanidad por sus ataques en Darfur contra pueblos no árabes.
Asimismo, recomienda el despliegue de fuerzas independientes para proteger a los civiles, que se extienda a todo Sudán la investigación que la Corte Penal Internacional inició en 2005 sobre violaciones de derechos humanos en Darfur, y la creación de un mecanismo judicial internacional para complementar el trabajo de dicho tribunal.