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El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, fue arrestado este martes por la Policía del país asiático tras la emisión de una orden de detención por parte de la Corte Penal Internacional (CPI), que lo acusa de crímenes contra la humanidad debido a su sangrienta campaña contra las drogas. La detención ocurrió en el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino de Manila, tras su llegada desde Hong Kong, donde participó en un evento electoral este fin de semana, en medio de rumores sobre la orden de arresto.
Según informó la oficina presidencial, la orden de arresto fue recibida por la oficina de Interpol de Manila antes de que Duterte arribara al país. A las 9:20 hora local (1:20 GMT), el Fiscal General de Filipinas presentó la notificación oficial de la CPI, y las fuerzas de seguridad escoltaron al expresidente fuera del aeropuerto.
El arresto de Rodrigo Duterte en Manila
El arresto se produjo después de que Duterte, de 79 años, llegara a Manila en la mañana del martes. El expresidente fue escoltado por las fuerzas de seguridad hacia la base aérea de Villamor, donde fue interrogado por su detención. En un video difundido por su hija Verónica Duterte en Instagram, el exmandatario cuestionó el motivo de su arresto, afirmando: «¿Qué crimen he cometido?» y «¿Cuál es la ley y cuál es el crimen que he cometido?»
Verónica Duterte, quien acompañaba a su padre en la base, calificó la detención como ilegal, argumentando que no le presentaron una orden judicial válida para su arresto. La hija del exmandatario también expresó su descontento con el proceso legal, asegurando que su padre fue llevado a la base en contra de su voluntad.
A pesar de su detención, las autoridades filipinas afirmaron que Duterte goza de buena salud y fue revisado por un equipo médico tras el arresto.
La CPI acusa a Duterte de crímenes de lesa humanidad
La Corte Penal Internacional emitió la orden de arresto después de una investigación que comenzó en 2021, señalando que existen motivos razonables para creer que Duterte lideró un escuadrón de la muerte y utilizó su poder presidencial para llevar a cabo asesinatos extrajudiciales como parte de su guerra contra las drogas. La CPI lo acusa específicamente de crímenes contra la humanidad, como asesinato, por las ejecuciones extrajudiciales que se habrían llevado a cabo durante su mandato (2016-2022).
Según el tribunal, hubo «motivos razonables» para creer que Duterte fue responsable de al menos 43 asesinatos en la ciudad de Davao, donde fue alcalde durante 22 años. Otros 24 homicidios fueron cometidos bajo la supervisión de miembros de las fuerzas de seguridad mientras Duterte estaba en la presidencia. Las autoridades filipinas informaron que, solo durante su mandato presidencial, al menos 6.000 personas murieron en operativos antidrogas, aunque diversas organizaciones no gubernamentales elevan esa cifra a 30.000.
El expresidente de Filipinas había admitido anteriormente en una audiencia del Senado filipino que estaba involucrado en la formación de escuadrones de la muerte, argumentando que estos «gánsteres» se encargaban de matar a presuntos criminales. Estas declaraciones fueron un indicio de la implicación de Duterte en las ejecuciones extrajudiciales que forman parte de las acusaciones en su contra.
La hija de Duterte denuncia la persecución política
Sara Duterte, vicepresidenta de Filipinas e hija del expresidente, expresó su enojo por la detención de su padre. Aseguró que Duterte será «trasladado por la fuerza» a La Haya, sede de la Corte Penal Internacional, y denunció que esto constituye «opresión y persecución». En un comunicado, Sara Duterte acusó al gobierno del presidente Ferdinand Marcos Jr. de entregar a un ciudadano filipino a una corte extranjera, calificando este acto como una «afrenta a nuestra soberanía».
La vicepresidenta también afirmó que su padre no ha tenido la oportunidad de comparecer ante ninguna autoridad judicial competente desde su detención y que, hasta el momento, no se le han presentado pruebas claras de los cargos en su contra.
Reacciones y posibles consecuencias legales
El Tribunal Supremo de Filipinas también intervino en este caso y afirmó que examinará una petición presentada por el abogado Israelito Torreón, quien representa a Duterte. En su solicitud, Torreón argumenta que Filipinas no está obligada a cumplir con las órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional y que las notificaciones rojas de Interpol no son vinculantes dentro del marco legal filipino.
Este arresto marca un nuevo capítulo en la relación de Filipinas con la Corte Penal Internacional. En 2019, Duterte había retirado a su país del Estatuto de Roma, el tratado que establece la CPI, como respuesta a las investigaciones que la corte había iniciado sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante su guerra contra las drogas. Sin embargo, la CPI continuó con su investigación, ya que el país sigue siendo parte del tratado en el momento en que ocurrieron los hechos que se investigan.
Este desarrollo político y legal podría tener repercusiones significativas tanto para Duterte como para el sistema judicial filipino, al tiempo que plantea interrogantes sobre la soberanía del país frente a las acciones de tribunales internacionales. Las próximas semanas serán cruciales para determinar si Duterte enfrentará un juicio en La Haya y cómo responderán las autoridades filipinas ante las presiones internacionales.
