Agentes de la Policía Nacional de España liberaron a 11 mujeres latinoamericanas, principalmente de Colombia y Venezuela, que eran explotadas sexualmente por una organización criminal asentada en Lanzarote, en las Islas Canarias, según informó ese cuerpo de seguridad en un comunicado.
Una operación que según la policía española llevó a la detención de seis personas vinculadas a este entramado criminal, que se dedicaba a captar mujeres en situaciones de escasez y penuria en sus países de origen con falsas ofertas de trabajo para ejercer como empleadas de hogar o modelos de contenido erótico para webcam en España.
Todas ellas residían hacinadas en una vivienda prostíbulo ubicada en la localidad de Arrecife, distribuidas en habitaciones con varias literas que no contaban ni con puertas ni ventanas, según el comunicado.
Los responsables de esta red criminal las obligaban a prostituirse en otro local situado en Puerto del Carmen, a unos 15 kilómetros hacia el sur, que simulaba ser un centro de masajes y que solo atendía durante la noche.
La policía destacó que esta organización mantenía un fuerte control sobre las mujeres a través de sistemas de video de vigilancia, obligándolas a estar disponibles las 24 horas del día y consumir drogas en el caso de que se les requiriera.
La investigación y la liberación se pudo llevar a término gracias a la denuncia de dos de las víctimas, según informó la Policía Nacional.
Modus operandi
Una vez que las mujeres que contactaban aceptaban las falsas propuestas de trabajo, este entramado criminal organizaba y financiaba su traslado hasta la isla de Lanzarote, enseñándoles a disimular para que no levantaran sospechas en los controles fronterizos durante el viaje.
Una vez en la isla, la organización les retiraba el pasaporte y les informaba que habían adquirido una deuda económica cercana a los US$10.000 que debían saldar por medio de la prostitución, destacó el comunicado.
Esta deuda crecía constantemente bajo un sistema de multas que dificultaba a las víctimas poder satisfacerla. Entre otras, los miembros de la red imponían sanciones que iban de los US$21 a los US$43 por hechos como no limpiar, no sacar la basura o regresar al departamento después de la hora permitida.
Según la Policía Nacional, esta red criminal se quedaba con el 40% de los ingresos generados por las mujeres, aunque realmente éstas no recibían cantidad alguna hasta que no saldaban la deuda contraída.
Sólo en 2023, las autoridades españolas realizaron cerca de 200 operativos para desarticular a unas 80 organizaciones criminales dedicadas a la trata y a la explotación en el país. También se identificaron a 664 víctimas, de las cuales el 98% eran mujeres que provenían de Sudamérica, según datos del Ministerio del Interior.
