Naciones Unidas anunció al martes que suspendió la distribución de alimentos en Rafah, debido a la falta de suministros y la inseguridad imperante en esa ciudad del sur de Gaza, añadiendo que ningún camión entró en los últimos dos días por el muelle flotante erigido por Estados Unidos.
El organismo mundial no especificó cuánta gente queda en Rafah luego que las fuerzas israelíes lanzaron una intensa ofensiva allí el 6 de mayo, pero parece haber varios miles de personas. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) también advirtió que el centro de Gaza se está quedando sin alimentos.
Abeer Etefa, vocera del PMA, una agencia adscrita a la ONU, advirtió que “las operaciones humanitarias en Gaza están al borde del colapso”. Si no empiezan a llegar alimentos y suministros “en cantidades masivas, imperarán condiciones de hambruna”, agregó.
La advertencia surge en momentos en que Israel trata de contener el daño causado por el pedido del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional de solicitar órdenes de arresto contra líderes israelíes y del grupo palestino Hamás, una gestión respaldada por tres países europeos, incluso Francia. El fiscal Karim Khan citó al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y a su ministro de Defensa Yoav Gallant por supuesto “uso de la hambruna como herramienta de guerra”, una acusación que ellos y otros funcionarios israelíes rechazan enojadamente. El fiscal también acusó a tres líderes de Hamás de crímenes de guerra, por las muertes de civiles en el ataque que ese grupo armado encabezó el 7 de octubre, el cual desató la actual guerra.
La crisis humanitaria en Gaza se ha empeorado en las dos semanas desde que Israel lanzó su incursión en Rafah el 6 de mayo, con el propósito de desarraigar a los combatientes de Hamás. El ejército israelí capturó el cruce de Rafah con Egipto, que desde entonces permanece cerrado. Para el 10 de mayo, solo alrededor de tres docenas de camiones han entrado a Gaza, desde el cruce cercano Kerem Shalom, porque los combates le dificultan a los trabajadores de ayuda llegar a él, dice la ONU.
La principal agencia a cargo de refugiados palestinos, UNRWA, anunció la suspensión de la distribución de la ayuda en Rafah en un post en X, sin dar detalles, aparte de mencionar la falta de suministros.
Etefa dijo que el PMA había suspendido la distribución en Rafah al quedarse sin reservas. La agencia continúa repartiendo comidas calientes en el centro de Gaza y haciendo “distribuciones limitadas” de paquetes reducidos de comida en el centro de la franja, pero “los paquetes se van a agotar en pocos días”, añadió.
Etefa dijo que 10 camiones entraron por el muelle artificial el viernes y fueron llevados a su almacén en el centro de Gaza. Pero, añadió, un viaje de 11 camiones que iba a tener lugar el sábado fue frustrado por multitudes de palestinos que se llevaron suministros, y solo cinco camiones llegaron al almacén. No hubo más entrada de suministros por vía de los muelles el domingo ni el lunes, dijo.
La ONU dice que unas 1,1 millones de personas en Gaza —casi la mitad de la población— sufren niveles catastróficos de hambre y que el territorio está al borde de la hambruna.
Hasta inicios de mayo, unos 1,3 millones de palestinos se habían aglomerado en Rafah tras huir de la ofensiva israelí en el resto del territorio. Por lo menos 810.000 de ellos han vuelto a ir desde que Israel lanzó su incursión contra la ciudad. Los refugiados se han repartido por distintas partes del sur de Gaza, erigiendo vastos campamentos de carpas o aglomerándose en escuelas de la ONU ya dañadas en ofensivas israelíes previas.
En cuanto a las acciones de la Corte Penal Internacional, ningún funcionario israelí enfrenta la posibilidad inminente de arresto, pero el anuncio agrava el aislamiento de Israel en momentos en que hasta sus más cercanos aliados lo critican por su conducción de la guerra en Gaza.
Bélgica, Eslovenia y Francia dijeron el lunes que respaldan la decisión del fiscal Khan. Dicho apoyo deja al descubierto discrepancias en Occidente en cuanto a la postura hacia Israel.
Israel aún cuenta con el apoyo de su principal aliado, Estados Unidos, así como de otros países occidentales que se posicionaron en contra de la decisión. Pero si las órdenes se emiten, podrían complicar los viajes internacionales para Netanyahu y para Gallant, aunque no enfrentan un riesgo inmediato de arresto ya que Israel no forma parte del tribunal.
El fiscal también pidió órdenes de arresto contra tres líderes de Hamás: Yahya Sinwar, Mohammed Deif e Ismail Haniyeh. Hamás ya es considerado un grupo terrorista internacional por Occidente. La creencia es que Sinwar y Deif están escondidos en Gaza, pero Haniyeh, líder supremo del grupo, está basado en Qatar y suele viajar por la región. Qatar, al igual que Israel, no es miembro del CPI.
La guerra comenzó el 7 de octubre tras un ataque mortal de Hamás en el que milicianos de Gaza cruzaron a Israel y mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, además de llevarse 250 rehenes. Khan acusó a los líderes de Hamás de crímenes contra la humanidad como exterminio, asesinato y violencia sexual.
Israel respondió con una intensa ofensiva que ha matado a más de 35.000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no distingue entre civiles y combatientes. La mayoría de muertos son mujeres y niños, según fuentes palestinas. La guerra ha desatado una crisis humanitaria que ha desplazado a una buena parte de la población del enclave costero y ha hundido a parte de ella en la hambruna.
La ministra belga de Exteriores, Hadja Lahbib, dijo el lunes en una publicación en X que “los crímenes cometidos en Gaza deben ser procesados al más alto nivel, sin importar quiénes sean los responsables”.
Netanyahu y otros líderes israelíes tacharon la decisión del fiscal como vergonzosa y antisemita. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también criticó al fiscal y respaldó el derecho de Israel a defenderse de Hamás. Reino Unido dijo que la iniciativa “no ayuda” y que la CPI no tiene jurisdicción en ese caso, mientras que República Checa, un país aliado de Israel, calificó la decisión de Khan de “lamentable y completamente inaceptable”.
Un comité de tres jueces decidirá si emite las órdenes de arresto y permite que el caso siga adelante. Los jueces suelen tardar unos dos meses en pronunciarse.
