Miles de personas salieron a las calles de Tiflis, Georgia, para protestar por la aprobación de la ley de influencia extranjera, de lineamiento ruso. Ya desde temprano, antes de que se produjera la votación final, una multitud estaba reunida en las afueras del Parlamento y, tras conocerse el resultado, cientos de georgianos no tardaron en sumarse.
Entre banderas de Georgia y de la Unión Europea, las personas se mantuvieron en un clima de enojo, pero sin altercados y hasta cantaron el himno nacional y el Himno a la Alegría del bloque comunitario.
“Me siento muy enfadada, muy frustrada, pero lo más importante es no perder la esperanza”, dijo una joven de 23 años que estaba en las puertas de la sede legislativa y prometió no moverse de allí.
También, un hombre señaló su preocupación por el futuro del país y sostuvo que “estamos presenciando físicamente, literalmente, cómo los ciudadanos georgianos, cómo los miembros del Parlamento georgiano están vendiendo nuestro país”. Un tercer manifestante advirtió que “este día determinará el destino de nuestro país, estamos eligiendo entre Europa y Rusia, y todas las personas reunidas aquí, excepto los policías, quieren Europa y Occidente”.
Por su parte, la diputada opositora Khatia Dekanoidze habló tras la votación y dijo el resultado era de esperar y sus consecuencias en los lazos con el exterior también. “No se trata de la ley sino de la elección geopolítica a favor de Rusia. Ahora mismo estamos esperando las sanciones de Estados Unidos y también de la Unión Europea”, sostuvo.
Este martes, los diputados georgianos se reunieron en el Parlamento y, en una votación que acabó con 84 voluntades a favor y sólo cuatro en contra del total de 150, se definió rechazar el veto presidencial a la polémica ley rusa de influencia extranjera.
La medida -que tiene cinco días para ser promulgada por la mandataria, Salome Zurabishvili– establece que todas las ONG o medios de comunicación que cuenten con una financiación del extranjero que supere el 20% deben registrarse como “organización que persigue los intereses de una potencia extranjera” y someterse a un control administrativo. En 2021, Rusia aprobó una legislación muy similar que permitió aumentar la represión contra la disidencia, por lo que desde un primer momento fue vista con malos ojos en Tiflis.
Además, por su naturaleza impide al país seguir su camino hacia la adhesión a la Unión Europea, que el pasado diciembre dio un gran paso al recibir la condición de aspirante a la membresía.
En este clima, Zurabishvili se dirigió a la multitud reunida en las afueras del Parlamento y los instó a no bajar los brazos y seguir luchando por el futuro del país.
“Están enfadados, ¿verdad? Enfádense pero pongámonos a trabajar. El trabajo es que tenemos que prepararnos para un verdadero referéndum. ¿Queremos un futuro europeo o la esclavitud rusa? 84 hombres no pueden decidir esto, nosotros sí… nosotros, todos juntos”, dijo la mandataria al adelantar que hará uso de su potestad para llamar a una consulta popular por este asunto si el pueblo logra reunir el mínimo de 200.000 firmas.
“Recopílenlas y llévenlas a mi administración. Estoy con ustedes, yo soy ustedes”, sumó.
Las protestas casi diarias en Georgia llevan siete semanas y se convirtieron en un hecho sin precedentes en la historia del país. Inclusive, el asunto generó tal discordia en la sociedad que el año pasado el proyecto debió ser abandonado pero, este año, fue reactivado casi sin cambios.
Esto llevó a que los grupos de defensa de derechos humanos y gobiernos occidentales advirtieran por las tensiones que surgirán y las medidas que podrían imponerse sobre los actores bajo la lupa. Por ejemplo, Transparencia Internacional prevé que sus activos podrían ser congelados en un intento por limitar su labor.
Estados Unidos y la Unión Europea también manifestaron su preocupación por el anuncio y el riesgo de “sofocar” la libertad de expresión que representa. “El Parlamento votó por levantar el veto (…) a un proyecto antidemocrático”, apuntó el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, mientras que el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, lamentó que esto implique un “descarrilamiento de la vía europea” del país.
La ley es “contraria a los principios y valores centrales” del bloque y “supone un retroceso en al menos tres de los nueve pasos establecidos en la recomendación de la comisión para el estatus de candidato respaldada por los líderes de la UE y tendrá un impacto negativo en su camino” hacia la adhesión, dijo.
No obstante, el primer ministro, Irakli Kobakhidze, impulsor de la legislación, apuntó que las sanciones que Occidente pueda imponer sobre su país no son “serias” ya que “nadie puede castigar al pueblo georgiano y nadie puede castigar a las autoridades elegidas por el pueblo georgiano”.