La ley de amnistía para implicados en el proceso independentista de Cataluña, aprobada definitivamente por el Congreso español el 30 de mayo, entró en vigor tras ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Las defensas jurídicas de los 37 encausados de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) por el ‘procés’, incluido Oriol Junqueras, presentan esta mañana sus peticiones formales para reclamar que se les aplique la ley de amnistía, indicó ERC en un comunicado.
La ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, aprobada el pasado 30 de mayo por la mayoría del Congreso, entrara en vigor este martes 11 de junio, tras ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
A partir de ahora, su aplicación queda en manos de los jueces y tribunales que tengan sobre la mesa causas vinculadas a ese proceso independentista, es decir, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, el Tribunal de Cuentas, así como más de 300 causas en los juzgados y tribunales de Cataluña.
Borra responsabilidades penal, administrativa y contable
La ley de amnistía borra las responsabilidades penal, administrativa y contable de las personas relacionadas con el proceso independentista de los últimos doce años.
La norma, en vigor desde hoy, establece que se suspenderán de forma inmediata las medidas cautelares y las órdenes de detención en vigor, pero hay discrepancias entre los juristas, quienes han cuestionado que pueda hacerse de forma automática.
Delimita el perdón a la malversación y el terrorismo de mayor gravedad
Además, los fiscales del Tribunal Supremo comunicaron al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que se oponen a amnistiar el delito de malversación porque la propia norma lo excluye y, además, «afecta a intereses financieros de la Unión Europea (UE)».
Esto concierne a varios de los dirigentes independentistas catalanes condenados en 2019, así como a otros que huyeron de España en 2017 para evitar la acción de la Justicia, tras la declaración unilateral de independencia, entre ellos, al entonces presidente regional de Cataluña, Carles Puigdemont, que aún lidera el principal partido independentista catalán, JuntxCat.
Los jueces preguntarán a las partes antes de aplicar la ley y entonces se conocerá la postura de la Fiscalía, que pretende mantener una unidad de actuación, aunque aún no se conoce cual será su posición respecto al delito de malversación, una decisión cuya última palabra estará en manos del fiscal general.
Además, los tribunales, que tienen dos meses para aplicar la ley, pueden plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional o una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE, y el proceso en el que estén trabajando quedaría en suspenso.
Para blindarse ante posibles cuestiones prejudiciales ante la justicia europea, la ley establece en un artículo los delitos que quedan excluidos de la amnistía y delimita el perdón a la malversación y el terrorismo de mayor gravedad.
