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El Parlamento de Corea del Sur votó este sábado a favor de la moción de juicio político para destituir al presidente Yoon Suk Yeol, en un revés extraordinario que se produjo después de que su propio partido gobernante se volviera contra él tras su negativa a dimitir por su breve intento de instaurar la ley marcial.
Es la segunda vez en menos de una década que un líder surcoreano se enfrenta a un proceso de destitución en el cargo, lo que significa que Yoon está suspendido del ejercicio de sus poderes hasta que la decisión sea finalmente resuelta por el Tribunal Constitucional del país.
Tras la votación, Yoon reconoció que “se detendrá temporalmente por ahora, pero el viaje hacia el futuro que he recorrido con el pueblo durante los últimos dos años no debe detenerse”.
“No me rendiré”, afirmó en un comunicado compartido por la oficina presidencial del país.
“Con todos los ánimos y el apoyo hacia mí en mente, daré lo mejor de mí hasta el último momento por la nación”, añadió.
El primer ministro del país, Han Duck-soo, que ejercerá de presidente en funciones según la ley surcoreana, dijo a los periodistas que “dedicaría todas las energías y esfuerzos al funcionamiento estable de los asuntos de Estado”.
Kang Sun-woo, legislador del Partido Demócrata, declaró este sábado a CNN que la “gran democracia de Corea del Sur sobrevivirá y nacerá de nuevo” tras el juicio político.
La dramática decisión marca la culminación de un sorprendente enfrentamiento político después de que Yoon declarara brevemente la ley marcial el 3 de diciembre y enviara soldados al Parlamento, donde los legisladores lucharon contra los militares para entrar en el edificio y votar en contra del decreto.
La apuesta de Yoon fracasó de manera espectacular, lo que impulsó a muchos en la vibrante democracia asiática a exigir su destitución.
La apuesta de Yoon fracasó de manera espectacular, lo que impulsó a muchos en la vibrante democracia asiática a exigir su destitución.
Yoon, que fue inmediatamente suspendido de sus poderes, espera ahora que el Tribunal Constitucional –una de las más altas instancias judiciales del país– confirme su destino, lo que puede tardar hasta seis meses.
Si se confirma, se convertirá en el segundo presidente surcoreano destituido por juicio político después de Park Geun-hye, la primera mandataria del país.
Según la ley surcoreana, el primer ministro Han Duck-soo ejercerá de presidente en funciones, pero también se enfrenta a sus propios problemas políticos y está siendo investigado por su papel en la decisión de la ley marcial, lo que aumenta la incertidumbre política en las próximas semanas.
Yoon, exfiscal e incendiario conservador, pasó dos años difíciles en el cargo, sumido en bajos índices de aprobación y escándalos políticos relacionados con su esposa y sus nombramientos políticos.
Desde que asumió el cargo en 2022, también se enfrentó a un bloqueo político con un parlamento de mayoría opositora, que le ha impedido sacar adelante leyes para recortar impuestos y suavizar la normativa empresarial, mientras sus principales rivales del Partido Demócrata utilizaban la legislatura para destituir a miembros clave del gabinete y frenar un proyecto de ley presupuestaria.
Su administración tomó medidas enérgicas contra lo que denominó “noticias falsas”, con redadas de la Policía y la fiscalía en múltiples medios de comunicación, como MBC y JTBC, así como en los domicilios de periodistas.
Yoon argumentó que su frustración por el estancamiento político le llevó a tomar una audaz medida de poder, sorprendiendo no solo a miembros de su propio partido, sino también a muchos líderes militares.
Redadas policiales e investigaciones por traición
En su discurso nocturno para declarar la ley marcial, Yoon acusó a la oposición de actividades “antiestatales” y de estar confabulada con Corea del Norte, sin aportar pruebas, acusación que sus oponentes negaron enérgicamente. También describió su acto como la única forma de desbloquear la situación política en el Parlamento.
Pero fue recibido con conmoción y rabia en todo el país, que sigue profundamente marcado por la brutalidad de la ley marcial impuesta durante décadas de dictadura militar antes de la transición a la democracia duramente conquistada en la década de 1980.
Las dramáticas escenas de aquella noche mostraron a las fuerzas de seguridad rompiendo las ventanas de la Asamblea Nacional para intentar impedir que los legisladores se reunieran, y a manifestantes enfrentándose a la policía antidisturbios.
Desde entonces, la presión sobre el presidente fue en aumento, y la Policía, el Parlamento, la fiscalía y el organismo anticorrupción iniciaron investigaciones separadas sobre Yoon por presunta traición. El martes, los legisladores aprobaron la creación de un consejo especial para investigar si Yoon cometió insurrección y abusó de su poder al decretar la ley marcial.
Al día siguiente, la Policía surcoreana allanó el despacho presidencial, según confirmó a CNN un funcionario de seguridad presidencial. También se le prohibió a Yoon salir del país.
La semana pasada, la fiscalía surcoreana detuvo al exministro de Defensa Kim Yong-hyun, quien supuestamente recomendó la imposición de la ley marcial y dimitió a raíz del escándalo. Kim intentó acabar con su propia vida bajo custodia a última hora del martes, según el jefe del servicio penitenciario del país.
El jueves, Yoon dijo que solo había discutido el decreto de ley marcial con Kim antes de declararlo. Mientras tanto, el Parlamento ya destituyó tanto al ministro de Justicia como al jefe de Policía de Yoon.
Altos funcionarios del Gobierno testificaron en varias audiencias gubernamentales durante la última semana revelando algunos detalles extraordinarios sobre la noche de la orden de ley marcial.
El comandante del Mando de Guerra Especial, Kwak Jong-geun, declaró que recibió la orden directa del presidente Yoon de romper las puertas de la Asamblea Nacional y sacar a los legisladores, pero que no la cumplió.
Corea del Sur, una de las economías más importantes de Asia Oriental y aliado regional vital de Estados Unidos, se enfrenta ahora a meses de prolongada incertidumbre política del tipo que dominó el país durante la última crisis de destitución en 2016 y 2017.
La entonces presidenta Park Geun-hye fue finalmente destituida por los legisladores por acusaciones de corrupción, expulsada de su cargo por el Tribunal Constitucional, encarcelada y posteriormente indultada.
