La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó a una jueza federal de extralimitarse en sus funciones, al ordenar bajar del Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de la reforma judicial, publicado el 15 de septiembre.
“Recientemente una jueza quiere que quitemos del Diario Oficial de la Federación donde se publican las reformas, que bajemos la reforma constitucional por un amparo”, aseveró este sábado durante un evento en Escárcega, Campeche.
Hoy en la mañana estaba leyendo la Ley de Amparo y en el artículo 61 dice que la ley de amparo claramente no puede incidir cuando hay reformas constitucionales, o sea, la jueza se está extralimitando”, puntualizó.
“Por eso, dijimos: el pueblo de México eligió a sus gobernantes, a sus diputados, a sus senadores, quiere elegir a jueces magistrados y ministros, y no vamos a bajar esa publicación porque la jueza no está en su derecho”, agregó.
Las declaraciones de la mandataria mexicana ocurren luego de que esta semana Nancy Juárez Salas, jueza Décimo Noveno de Distrito con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, ordenara eliminar del Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional al Poder Judicial.
El fallo estableció un plazo de 24 horas para que Sheinbaum Pardo y el director del DOF, Alejandro López, o, de lo contrario, afrontar una pena de tres a nuevo años de prisión, una multa, y la destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo.
En la conferencia matutina de Palacio Nacional, la mandataria mexicana dejó en claro que no iban a bajar del DOF dicho decreto, y apuntó que denunciará a la jueza Nancy Juárez ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Unas horas después, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) condenó la denuncia que el Gobierno Federal interpondrá contra la juzgadora.
El Congreso y el Ejecutivo han ignorado los amparos que han presentado los trabajadores del Poder Judicial y los jueces desde la votación de la reforma a dicho sector, al argumentar que no tienen atribuciones para detener una modificación constitucional.
