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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sancionó sólo ocho de las 242 presuntas faltas administrativas que resolvió de fondo durante noviembre de 2023 a noviembre de 2024. Es decir, solo el 3.31 por ciento de investigaciones por alguna conducta irregular tuvo un castigo.
De acuerdo con el segundo informe de labores de Norma Lucía Piña Hernández en la Presidencia del Poder Judicial de la Federación, el Alto Tribunal también desechó 294 expedientes de denuncias por presuntas faltas administrativas, esto dado que, “en su gran mayoría”, no reunieron los requisitos para que la denuncia procediera.
En octubre de este año, Ricardo Márquez Blas, trabajador de la SCJN, fue detenido por autoridades de la Ciudad de México por presunta violencia de género. A la fecha, se encuentra en prisión preventiva. La Corte aseguró que este personaje mantenía una investigación en el Alto Tribunal por este tema.
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“El Alto tribunal refrenda su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres y en contra de la violencia de género, así como con el principio de presunción de inocencia”, detalló la Corte en aquel momento.
Según la SCJN, del 16 de noviembre de 2023 al 15 de noviembre de 2024, concluyeron el trámite de 551 denuncias o quejas presentadas contra las personas que laboran en la Corte.
De esas 551 denuncias que egresaron, la SCJN realizó 242 “informes de presunta responsabilidad administrativa”, lo que, según el documento presentado días atrás, implica que un asunto fue resuelto de fondo.
En el informe presentado por Piña Hernández, el Alto Tribunal señala que dicha cantidad de investigaciones de fondo representa “un importante aumento en las labores relacionadas con la atención e investigación de las denuncias de responsabilidad administrativa”.
Sin embargo, se indica en el mismo documento, la SCJN únicamente registró sólo sanciones por faltas cometidas por las personas servidoras públicas de esta institución. De ellas, cuatro fueron amonestaciones privadas, tres amonestaciones públicas y sólo una suspensión.
“La ejecución de las sanciones referidas constituye una acción concreta para combatir la corrupción, al inhibir la comisión de otras conductas infractoras”, indica el reporte de labores
.Como ejemplo de los procedimientos por sanciones administrativas de la Corte está el caso del trabajador Jorge Arriaga, quien tuvo que comparecer ante las instancias disciplinarias del tribunal luego de ser señalado como el responsable de colocar cartulinas con mensajes contra el ministro Alberto Pérez Dayán, quien votó en contra del proyecto que buscaba declarar inconstitucional la Reforma Judicial.
.Como este tipo de comparecencias, la SCJN realizó 211 en el periodo mencionado, además de nueve diligencias para recabar evidencia y 173 audiencias.
La información sobre las responsabilidades administrativas y los casos no se han hecho públicas en el portal oficial de la SCJN desde 2022. Al realizar una búsqueda en este portal se muestra la leyenda “No se encuentran resultados” en los años 2023 y 2024, pese a que la misma página, a cargo de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y Registro Patrimonial (DGRARP), indica que la actualización es trimestral
.Según el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entre las faltas administrativas que podrían recaer servidores públicos de esta instancia están: realizar conductas que atenten contra la independencia de la función judicial, tener una “notoria ineptitud” o descuido en el desempeño de las funciones o acosar u hostigar sexualmente, entre otras.
Ante los casos de acoso sexual y laboral al interior de la SCJN, la institución señaló que “se puso especial énfasis en la protección de los derechos humanos de las personas involucradas y en la aplicación de la perspectiva de género” e incluso se implementó un plan de sensibilización para prevenir el tema
.A la fecha, explica la Corte, aún hay pendientes o en trámite 229 expedientes derivados de denuncias o quejas por faltas administrativas, de los cuales la mayoría están bajo la responsabilidad de la DGRARP y otra parte llegó a la Presidencia del Alto Tribunal. Tres de éstos se resolverán por el Pleno de la SCJN.
