La reforma al Poder Judicial que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, como está propuesta, pondrá en grave riesgo el Estado de derecho en México, advirtió la exmagistrada federal Martha Elizabeth Ibarra.
En un posicionamiento, advirtió que la elección de jueces y magistrados por voto popular no garantizaría su profesionalismo, imparcialidad e independencia, además de que no se lograría el objetivo de “democratizar” la impartición de justicia.
«De llevarse a cabo en esa forma, se estaría vulnerando uno de los principios fundamentales de un Estado de derecho que es, precisamente, la independencia judicial. La neutralidad de nuestros juzgadores es esencial para que todos los ciudadanos tengan la certeza y seguridad de que cada caso será juzgado con total neutralidad y no conforme a intereses”, manifestó la jurista.
En cambio, afirmó, esos esfuerzos de mejora y de evolución deben enfocarse en proteger los derechos de los ciudadanos y en mantener la confianza pública en el sistema judicial, lo cual “es un baluarte que no puede ni debe comprometerse”.
La especialista enumeró los riesgos que implicaría la reforma judicial, entre ellos la “politización” del Poder Judicial; la financiación de grupos de interés a candidatos a jueces; y la posibilidad de que se nombre a impartidores de justicia incompetentes.
«Los jueces deben tomar decisiones que, aunque impopulares, sean correctas según la ley y la justicia. La presión de la opinión pública en un sistema de elección popular podría llevar a los jueces a emitir fallos basados en lo que es popular, en lugar de lo que es legalmente correcto”, advirtió la exmagistrada.
Martha Elizabeth Ibarra resaltó que en países de primer mundo “ministros, jueces y magistrados tienen total independencia para ejercer sus funciones, sin que indebidamente interfieran otros poderes del estado, grupos políticos o influencias externas que pongan en riesgo la garantía de un juicio justo y equitativo”.
«Realmente en esas posiciones, necesitamos mujeres y hombres de gran valor moral, profesionales del derecho, con conocimiento y experiencia vasta para que los gobernados tengan la certeza jurídica de que en México los juzgadores cumplirán con los principios fundamentales que rigen la labor judicial en México: Independencia para juzgar, imparcialidad en sus fallos, objetividad y profesionalismo, para lo que se requiere de un riguroso proceso de exámenes de oposición diseñado para asegurar que quienes imparten justicia, lo hagan con la máxima profesionalidad y compromiso”, manifestó.
La jurista reconoció que lamentablemente en esos cargos públicos hay perfiles no idóneos para ser juzgadores, “lo que resulta evidente cuando por compadrazgos o dedazos están en esos puestos quienes no tienen el menor conocimiento para impartir justicia, ni tampoco tienen la carrera jurisdiccional que se requiere, o mucho menos conocer las leyes que deberán aplicar en su tarea cotidiana”.
Aun así, la especialista recalcó que “aunque la democratización de la elección de jueces y magistrados puede parecer una forma de aumentar la participación ciudadana, compromete la imparcialidad y calidad de la justicia y aplicación del derecho”.
