El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su preocupación por la propuesta de reforma constitucional en México que podría ampliar el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa.
“La prisión preventiva automática contraviene principios esenciales de derechos humanos”, indicó en un comunicado Türk, quien aseguró que este tipo de privación de libertad “no debe ser una práctica general, sino una medida basada en una decisión individualizada por parte de una autoridad judicial” en la que las circunstancias de un determinado caso lo justifiquen.
“México enfrenta diversos desafíos en materia de seguridad y acceso a la justicia, pero ampliar el uso de la prisión preventiva oficiosa no es la respuesta”, subrayó el alto comisionado, quien recomendó en cambio “fortalecer la capacidad de las fiscalías para reunir evidencia”.
También aconsejó “demostrar la necesidad y proporcionalidad de la prisión preventiva ante una autoridad judicial caso por caso, considerando alternativas a la privación de la libertad”.
El comunicado de la oficina que dirige el alto comisionado austríaco recordó que mecanismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos de la ONU y el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria han recomendado eliminar la prisión preventiva oficiosa de la legislación y la práctica en México.
Asimismo, en 2023 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que esta medida es contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y ordenó a México adaptar su sistema legal.
La reforma constitucional en México, que forma parte de una serie de modificaciones ya adoptadas o en revisión, fue aprobada el 13 de noviembre por la Cámara de Diputados y actualmente está siendo analizada por el Senado.
Esta modificación agrega delitos como la extorsión, el contrabando y ciertos tipo penales relacionados con las drogas a la lista de cargos en los que la prisión preventiva es automática.
Por otro lado, Türk recordó que la amplia reforma judicial adoptada en septiembre en México incluye elementos como la elección popular de jueces, la terminación anticipada de los mandatos judiciales o la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial con amplias facultades, y expresó igualmente preocupación por ello.
Con estas disposiciones “se corre el riesgo de socavar seriamente la independencia del Poder Judicial y su capacidad para defender efectivamente el Estado de derecho“, subrayó el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas.
