Juristas pidieron evitar la “sobrerrepresentación” del oficialismo en el Congreso al alertar de que las autoridades electorales asignarán más escaños a la alianza de partidos de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, de lo que ganaron en las urnas.
Con la asignación de legisladores por representación proporcional que el Instituto Nacional Electoral (INE) haría la próxima semana, el oficialismo “se asegura la mayoría calificada“, de dos tercios, para reformar la Constitución sin obstáculos, señaló a EFE, Rafael Estrada Michel, director del Instituto de la Judicatura Federal.
“Les permitiría sacar con toda facilidad la reforma judicial, la reforma para eliminar diputados plurinominales (por votos proporcionales), etcétera”, advirtió el constitucionalista.
La sobrerrepresentación, según la Constitución, se refiere a un fenómeno electoral en el que un partido obtiene un número de escaños en el Congreso que excede significativamente su proporción de votos obtenidos.
Además de la victoria de Sheinbaum, Morena y sus partidos aliados ganaron el 2 de junio 256 diputaciones de las 300 que se eligen por voto directo y 62 senadurías de 96, pero el INE aún debe repartir los 200 diputados y 32 senadores por representación proporcional.
La Constitución establece en el artículo 54 que “un partido político” no puede tener una representación en el Congreso “que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional”, pero la oposición pide considerar en este cálculo a la coalición entera de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde (PVEM).
En conjunto, estos partidos ganaron el 54 por ciento de los votos para ambas cámaras del Congreso, pero tendrían el 75 por ciento de los escaños.
Estrada Michel recordó que la sobrerrepresentación se ha tratado de evitar históricamente, con reformas como la de 1977, cuando surgieron los diputados plurinominales, o la de 1996, cuando se introdujeron diversos partidos y no se permitía tener más de 300 diputados por elección directa o representación proporcional y que no excediera el 8 por ciento de la votación nacional.
Sobrerrepresentación a debate
Al recibir su constancia de presidenta electa para asumir el 1 de octubre, Sheinbaum pidió ante el Tribunal Electoral “respetar la voluntad del pueblo” al defender las mayorías en el Congreso, que se renueva el 1 de septiembre.
“El 2 de junio el pueblo de México también plasmó su voluntad para la composición del Congreso de la Unión, y es clara la norma electoral en la asignación de los legisladores de mayoría y de representación proporcional”, indicó en su discurso.
El constitucionalista Francisco Burgoa explicó a EFE que el debate ahora se centra en cómo se ha interpretado el artículo 54, fracción V de la Constitución.
“Si se va a mantener esa interpretación literal del artículo 54, fracción quinta de la Constitución, el riesgo es que vamos a tener una distorsión de la voluntad del electorado porque resulta que, si la ciudadanía votó por Morena a través de un convenio de coalición que hizo con el Partido Verde y el Partido del Trabajo, va a estar transfiriendo curules”, sentenció.
Afirmó que la transferencia de curules es “un fraude”, porque si bien la Ley General de Partidos Políticos establece la prohibición de transferir votos “al transferir curules implícitamente se está hablando de que hay una transferencia de votos y esto está prohibido”.
Oposición subrepresentada
Insistió en que la sobrerrepresentación del oficialismo implica una subrepresentación de la oposición y que no se garantice la reforma a la ley de 1996 que buscaba un pluralismo político.
“Ese pluralismo ya no tendría una representación de la Cámara de Diputados porque ni siquiera podría aspirar la oposición en tener un 33 % para presentar acciones de inconstitucionalidad”, lamentó.
Estrada Michel aseveró que la estrategia de Morena ha sido repartir los votos de coalición entre los partidos, lo que “violenta gravemente la autenticidad pero también la lealtad con el propio votante”.
Ante este panorama, ambos especialistas pidieron que el INE haga valer la voluntad ciudadana, además de que el órgano electoral no sea “letrista” para interpretar la Constitución.
“Tiene que verse de una forma sistemática, funcional, evolutiva progresista, garantista, que permita realmente evitar este fraude a la Constitución”, concluyó Burgoa.
