México ha experimentado un aumento significativo en las solicitudes de asilo, pasando de 2,137 en 2014 a 140,812 en 2023, lo que lo ha convertido en el tercer país con más solicitudes a nivel mundial. A la par, las autoridades mexicanas han implementado estrategias como las devoluciones forzadas, alertaron ONG en el informe “El principio de no devolución en México 2023”.
En el reporte, elaborado por organizaciones como Asylum Access México, Apoyo a Migrantes Venezolanos, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y otras, se denunció que los principales obstáculos que afrontan quienes buscan refugio en México son un sistema de citas deficiente que dificulta solicitar asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
Aunado a la negativa del Instituto Nacional de Migración (INM) a entregar Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias, la falta de coordinación interinstitucional, y la detención arbitraria y devoluciones forzadas de personas en proceso de asilo, incluso con documentos migratorios.
También, se denunció la implementación de procedimientos migratorios sumarios que limitan el acceso a la información, asesoría jurídica y la posibilidad de solicitar protección internacional.
Expulsiones
La investigación mostró que, según cifras del INM, más de 51,000 personas fueron devueltas a sus países de origen en 2023, sin un desglose claro de cuántas de ellas habían manifestado su intención de solicitar asilo en México.
Entre los países con mayor número de devoluciones destacaron Honduras, El Salvador, Cuba, Guatemala, Haití, Colombia y Venezuela. Además, el 8.68% de las personas devueltas fueron menores de edad, de las cuales más del 62% tenían entre 12 y 17 años.
“Se carece de garantías procedimentales en detención migratoria, pues aún no se tiene certeza respecto al tiempo que pasan las personas en ‘custodia’ del INM desde que se realizan las acciones de verificación y revisión hasta que son llevadas a una estación migratoria. Tampoco se ha evitado que los agentes del INM trasladen a las personas de una estación a otra y no les contabilicen el número de horas que pasan en detención durante el traslado”, denunciaron las ONG.
El informe también criticó las deficiencias en la protección de niñas, niños y adolescentes en contextos de movilidad humana ya que, pese a las leyes nacionales e internacionales que prohíben su devolución si su vida, seguridad o libertad están en peligro, persisten las expulsiones sin un análisis adecuado del riesgo que enfrentan.
Falta de Información
Durante la presentación del reporte, Luisa Schlotterer, auxiliar encargada del Área de Asilo de Sin Fronteras IAP explicó que, en muchas ocasiones, las autoridades no informan adecuadamente a las personas detenidas sobre su derecho a solicitar asilo y en algunos casos los agentes migratorios han intentado coaccionar o engañar a los migrantes para que acepten el retorno voluntario a su país de origen.
“Existe una omisión de brindar la información adecuada por parte de los agentes del INM y además no existen los suficientes intérpretes”, aseguró la especialista.
Mientras que, Itzel Tomasini, abogada en el Programa Casa Refugiados, dijo que, ante el aumento de casos de transgresiones al principio de no devolución por parte de las autoridades migratorias, las organizaciones decidieron convocar al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Entre recomendaciones que las ONG realizaron al Estado mexicano están que el INM, Comar y procuradurías de protección a niñas, niños y adolescentes deben garantizar el reingreso de las personas solicitantes de asilo y refugiadas devueltas a su país de origen; fortalecer el sistema de asilo, crear una base de datos compartida para mejorar la comunicación interinstitucional y reparar integralmente a las víctimas de devolución.
