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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este viernes que apoyará al expresidente peruano Pedro Castillo en su denuncia ante instancias internacionales por lo que considera una «injusticia» en su contra. La mandataria mexicana se refirió a una reunión que tuvo lugar el jueves con el abogado de Castillo, el argentino Guido Croxatto, quien solicitó el respaldo de la Embajada de México para llevar su causa a nivel internacional. El abogado tiene la intención de presentar una denuncia sobre las violaciones de derechos humanos que, según él, sufrió el expresidente peruano tras su arresto en 2022.
Apoyo de México a la denuncia internacional por la «injusticia» contra Pedro Castillo
Claudia Sheinbaum explicó durante su conferencia de prensa matutina que, en el encuentro, Croxatto le planteó la intención de presentar la denuncia en diversas instancias internacionales para exigir justicia por lo que considera un abuso de poder hacia Castillo. La presidenta mexicana aseguró que México brindará el apoyo necesario para que la denuncia sea presentada en las distintas plataformas internacionales que competen con el caso. “Por supuesto, que vamos a apoyar”, subrayó Sheinbaum, destacando que el apoyo de México se dará en el marco de las leyes del país.
La mandataria destacó que, a pesar de las dificultades que enfrenta el abogado Croxatto para poder contactar directamente con Pedro Castillo, el Gobierno mexicano se compromete a respaldar la denuncia, debido a que México considera injusto lo que ha vivido el exmandatario peruano.
Fotografía de archivo que muestra al expresidente de Perú, Pedro Castillo. EFE/ Paolo Aguilar
Pedro Castillo y las dificultades con la justicia peruana
Pedro Castillo, quien fue presidente de Perú desde julio de 2021 hasta diciembre de 2022, fue arrestado tras un intento fallido de autogolpe de Estado. Desde su detención, enfrenta varios procesos judiciales, incluyendo cargos por corrupción y abuso de poder. A pesar de la controversia que ha rodeado su mandato y su arresto, la postura del Gobierno mexicano ha sido consistente en señalar las violaciones a sus derechos humanos. México considera que el gobierno de Dina Boluarte en Perú es «espurio», debido a las circunstancias que rodearon el arresto y destitución de Castillo, algo que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador había expresado anteriormente.
Actualmente, el Poder Judicial peruano tiene programado para el próximo 4 de marzo el inicio del juicio oral contra Castillo por el intento de golpe de Estado, lo que ha generado una gran atención internacional, tanto en América Latina como en otras partes del mundo. La situación del exmandatario ha acaparado la atención de organismos de derechos humanos, que se han manifestado sobre el trato que ha recibido desde su arresto.
Relaciones diplomáticas entre México y Perú
El respaldo de Sheinbaum a Pedro Castillo forma parte de una línea continuista respecto a la política exterior de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador. En diciembre de 2022, López Obrador calificó de «golpe de Estado» el arresto de Castillo y reiteró su apoyo a la familia del expresidente peruano. En este sentido, México ha mantenido relaciones tensas con el gobierno de Dina Boluarte en Perú, especialmente después del encarcelamiento de Castillo.
México y Perú han mantenido relaciones diplomáticas limitadas desde febrero de 2023, cuando ambos países decidieron reducir su nivel de representación diplomática a encargados de negocios. Este distanciamiento se intensificó luego de que Sheinbaum no invitara a ningún representante peruano a su toma de posesión el 1 de octubre de 2024, una medida que reflejó las tensiones entre ambos gobiernos.
El asilo de la familia de Pedro Castillo en México
Una de las acciones más destacadas del Gobierno mexicano en apoyo a Pedro Castillo fue el otorgamiento de asilo político a su esposa, Lilia Paredes, y a sus dos hijos. Estos recibieron protección en territorio mexicano tras huir de Perú debido a la persecución política que enfrentan tras la detención de Castillo. Esta acción subraya el compromiso de México con la protección de los derechos humanos y la defensa de aquellos que, como la familia Castillo, se ven amenazados por motivos políticos en su país de origen.
