Algunos albergues al sur de la frontera de Estados Unidos atienden a muchos más migrantes ahora que el gobierno estadounidense dejó de considerar la mayoría de las solicitudes de asilo, mientras que en otros no se han producido grandes cambios.
El impacto parece irregular a más de una semana de la entrada en vigor de la suspensión temporal impuesta por EEUU. Los albergues al sur de Texas y California tienen bastante espacio, mientras que hasta 500 deportaciones diarias desde Arizona agobian a los que se encuentran en el estado de Sonora, México, señalaron sus directores.
“Tenemos que rechazar a las personas porque no podemos, no tenemos espacio para todas las personas que necesitan refugio” lamentó Joanna Williams, directora ejecutiva de Kino Border Initiative, que puede alojar hasta 100 personas a la vez.
Alrededor de 120 personas ocupan el albergue de San Juan Bosco en Nogales, al otro lado de la frontera de la ciudad de Arizona con el mismo nombre, un aumento con respecto a las cerca de 40 que había antes del cambio en la política, de acuerdo con su director, Juan Francisco Loureiro.
“Hemos tenido un incremento bastante notable”, dijo Loureiro el jueves. La mayoría de ellos son mexicanos, incluidas familias y personas adultas. México también acordó aceptar a deportados de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Un refugio en Agua Prieta, un remoto poblado en la frontera con Douglas, Arizona, también comenzó a recibir a más hombres, mujeres y niños mexicanos la semana pasada: 40 el domingo, más de 50 el lunes y después alrededor de 30 al día.
Al igual que los que se envían a Nogales, la mayoría entraron a Estados Unidos más al oeste, a lo largo de la línea estatal entre Arizona y California, de acuerdo con Perla del Ángel, trabajadora del Exodus Migrant Attention Center.
Pero en Tijuana, los directores de cuatro grandes albergues dijeron esta semana que no han recibido a un solo migrante deportado desde que la prohibición del asilo entró en vigor. Al Otro Lado, un grupo de defensa de los migrantes, asesoró únicamente a siete de ellos en el primer día de operación de una cabina de información en el principal cruce donde los migrantes son deportados desde San Diego.
“Lo que hay ahorita es mucha incertidumbre”, señaló Paulina Olvera, presidenta de Espacio Migrante, que aloja hasta 40 personas que viajan en familia, predominantemente desde México, y que tiene a otras durmiendo en la acera exterior. “Hasta ahora, lo que hemos visto son los rumores y el impacto de la salud mental de las personas. Todavía no hemos visto retornos”.
Funcionarios del gobierno de Joe Biden dijeron la semana pasada que miles de personas han sido deportadas desde que la nueva norma entró en vigor el 5 de junio, suspendiendo el asilo cada vez que el número de arrestos por cruzar sin autorización legal alcance los 2.500 en un solo día. Los funcionarios, que informaron a los reporteros bajo la condición de permanecer en el anonimato, no fueron más específicos.
La suspensión permanecerá en efecto hasta que el número de arrestos se reduzca por debajo del promedio diario de 1.500 durante siete días.
“Estamos preparados para repatriar a un número récord de personas en los próximos días”, dijo a reporteros de habla hispana Blas Nuñez-Neto, subsecretario de seguridad nacional de política fronteriza y de inmigración, después del anuncio de la política.
Por el momento, el Departamento de Seguridad Nacional no había respondido a una solicitud de cifras hecha este viernes, ni lo ha hecho el Instituto Nacional de Migración de México.
Mientras tanto, las autoridades mexicanas han reunido a las personas que cruzaron sin autorización legal y las han trasladado muy al sur de la zona fronteriza.
Las ciudades fronterizas de México se han visto muy presionadas por cambios anteriores en la política estadounidense, entre ellos, el plan “Quédate en México” de la era de Trump, durante el cual, unas 70.000 personas esperaron en México para una audiencia en el tribunal migratorio estadounidense. Los defensores de la inmigración interpusieron el miércoles una impugnación federal contra el cambio en la política del gobierno de Biden.
