Activistas y migrantes advierten del impacto migratorio en la frontera de México y en la inflación de Estados Unidos por las deportaciones masivas que podría realizar el futuro gobierno de Donald Trump y las posibles restricciones a las visas temporales no agrícolas que el presidente Joe Biden expandió en más de 64.000.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos anunció la semana pasada esta cifra de visas adicionales para trabajadores temporales no agrícolas durante el año fiscal 2025, permisos conocidos como H-2B que se sumarán a los 66.000 que el Congreso autoriza anualmente.
La medida aborda la creciente demanda de mano de obra en sectores como la hostelería, la construcción, la jardinería y el procesamiento de alimentos, entre otras, que dependen de trabajadores temporales para operar durante picos estacionales.
Migrantes intentan cruzar la frontera con Estados Unidos nadando, el 18 de octubre de 2023 en Piedras Negras (México). EFE/ Octavio Guzmán
Pero medios estadounidenses han reportado que el programa peligra durante la próxima presidencia de Trump, quien ha advertido de usar al Ejército para llevar a cabo deportaciones masivas y ha anunciado nombramientos de funcionarios que escribieron el ‘Proyecto 2025’, que propone restringir las visas H-2.
Esto contrasta con el Gobierno de Biden, que “está buscando cómo retomar lo que ocurrió en los años 40”, cuando Estados Unidos implementó el Programa Bracero para traer trabajadores mexicanos temporales, expuso Emilio Alberto López, catedrático de la Universidad Autónoma de Chihuahua, estado fronterizo con EE.UU.
“Estados Unidos, a través de una crisis macroeconómica tiene una inflación bastante fuerte, también va a tener unos retos muy fuertes, y casi creo yo que va como en ese sentido, dar la posibilidad de estos empleos, pero básicamente temporales”, expuso el internacionalista y estudioso de la migración.
Fotografía de archivo de oficiales de aduanas vigilan los puestos de inspección en el aeropuerto Washington Dulles International Airport, Virginia. EFE/SHAWN THEW
Nacionalidades impactadas
De las 64.000 visas adicionales, al menos 20.000 estarán reservadas para trabajadores de los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica, El Salvador, Guatemala y Honduras, además de Haití, en un esfuerzo por ofrecer alternativas legales de migración y reducir los flujos irregulares hacia Estados Unidos.
El resto se asignará a otras regiones del mundo, con prioridad para empleadores que demuestren una necesidad urgente y específica.
“La raza latina, desde el último país que está en Suramérica hasta México, todos los mexicanos, centroamericanos, sudamericanos, son los que están levantando la economía a Estados Unidos”, comentó a EFE el venezolano Milkar Linares, quien está varado en Ciudad Juárez, limítrofe con la urbe estadounidense de El Paso, Texas.
Aunque hay incertidumbre por las medidas de Trump y el impacto en los migrantes, Linares piensa que al final se impondrá la realidad económica.
“Porque a un norteamericano le cuesta mover una silla para sentarse, abrir la puerta para salir y, con todo el respeto y si se sienten ofendidos lo siento, pero lo que está a la vista no necesita anteojos”, declaró.
Fotografía de archivo de pasajeros en el aeropuerto Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport en Atlanta, Georgia (EE.UU.). EFE/ERIK S. LESSER
Reacciones y desafíos
Asociaciones empresariales en Estados Unidos han aplaudido la medida de Biden por considerarla un paso importante para garantizar la continuidad de las operaciones en sectores clave.
Pero el profesor López Reyes advirtió que “estas visas ya han sido criticadas por algunos expertos, sobre todo aquellos que trabajan en cuestiones de trata de personas, debido a que es muy fácil que haya explotación de los trabajadores”.
El Gobierno estadounidense ha prometido implementar medidas más estrictas para supervisar el cumplimiento de las leyes laborales en este programa, incluyendo inspecciones más frecuentes y sanciones más severas para empleadores que incurran en prácticas ilegales.
