Manuel Guerrero, el mexicano condenado en Qatar a seis meses de prisión, aunque podrá salir del país tras pagar una multa de 10 mil riyales cataríes (unos 48 mil 92 pesos mexicanos), apelará la decisión al insistir en que lo detuvieron en febrero por ser homosexual.
“Quiero apelar el veredicto y estoy solicitando asesoramiento de expertos sobre mis opciones al respecto”, señaló Guerrero, quien también tiene ciudadanía británica, en un comunicado.
Manuel, quien podrá regresar a México cuando pague la multa impuesta por el Gobierno catarí, obtuvo una sentencia por “posesión de drogas” después de que la Policía de Qatar lo arrestó el 4 de febrero en Doha, la capital del país.
Las autoridades cataríes lo detuvieron luego de acudir a una cita acordada a través de una aplicación en la que los agentes crearon un perfil falso y lo arrestaron al momento del encuentro.
Guerrero estuvo casi un mes en la cárcel, donde denunció que tuvo que firmar papeles cuyo contenido desconocía, le hicieron estar más de un día sin consumir agua y careció la mayor parte del tiempo de acceso a su tratamiento por ser una persona que vive con VIH.
De acuerdo con Manuel, las autoridades de aquel país lo sentenciaron por el delito de posesión de drogas, pero él aseguró que no cometió ese crimen y que le sembraron metanfetaminas.
Por ello, se dijo “profundamente decepcionado” con el veredicto “injusto”, pues afirmó que este se dio pese a las violaciones al debido proceso durante su detención y juicio, lo que incluyó torturas y malos tratos para presionarlo a revelar los nombres de su parejas y personas homosexuales.
“Así como obligarme a utilizar mi huella digital para firmar múltiples documentos en árabe sin traductor, negándome el derecho a tener un abogado o traductor durante la audiencia preliminar y manteniéndome en condiciones de vida inhumanas durante 44 días”, apuntó.
Insistió en que las autoridades cataríes lo condenaron por ser gay, lo que constituye una violación a sus derechos humanos.
Aunque agradeció que, eventualmente, podrá salir del país, condenó el juicio, las torturas y malos tratos.
Finalmente, instó a los gobiernos de Reino Unido y México a expresar su preocupación a las autoridades cataríes pertinentes sobre el “juicio injusto y las violaciones del debido proceso que ha experimentado”.
El caso despertó el interés de activistas, quienes crearon una campaña para llamar la atención del Gobierno de México, que en un comienzo rechazó intervenir porque Guerrero se había inscrito en Catar como ciudadano británico.
Sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores aceptó finalmente intervenir en el caso de Guerrero, hasta lograr la sentencia del martes.
