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La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas llevó a cabo la desactivación de un sistema de videovigilancia no autorizado en el municipio de Tonalá, que se presume era utilizado por un grupo delincuencial para realizar actividades ilícitas. Este operativo, que involucró a varias dependencias de seguridad, logró deshabilitar un total de 26 cámaras de vigilancia que se encontraban en diversas localidades de la región.
Operativo de desmantelamiento de cámaras en Tonalá
El operativo se llevó a cabo con la participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) y la Policía Municipal de Tonalá. En total, las autoridades deshabilitaron 26 cámaras de videovigilancia ubicadas en puntos estratégicos del municipio. Estos dispositivos, que estaban instalados en postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Teléfonos de México (Telmex) y en postes de alumbrado público, fueron encontrados en diferentes áreas de la localidad.
Las cámaras de videovigilancia ilegales estaban distribuidas de la siguiente manera: 11 en Paredón, tres en Boca del Cielo, dos en Cabeza de Toro y 10 en Puerto Arista/Playa del Sol. Las autoridades aseguraron los dispositivos y los pusieron a disposición del Fiscal del Ministerio Público para determinar las acciones legales pertinentes.
(FGE Chiapas)
La creciente presencia de sistemas de videovigilancia ilegales en Chiapas
Este operativo no es el primero de su tipo en Chiapas. Como informó Infobae México, el pasado 6 de enero se realizó la desactivación de 30 cámaras de videovigilancia en los municipios de Frontera Hidalgo y Suchiate, que también se utilizaban para actividades delictivas. Estos dispositivos, que se encontraban en postes similares a los del Escudo Urbano C5, un sistema que gestiona las emergencias y las llamadas al 911, se utilizaban, según la autoridad, para extorsionar y secuestrar a migrantes.
La Fiscalía de Chiapas indicó que el despliegue de fuerzas de seguridad en estos operativos se debió a una denuncia que señalaba a una célula de la delincuencia organizada. La organización utilizaba las cámaras para secuestrar y extorsionar a migrantes en los municipios de Frontera Hidalgo, Metapa de Domínguez y Suchiate. El uso de cámaras de videovigilancia ilegales también se ha detectado en otros municipios de la región, como Mapastepec, San Fernando, Emiliano Zapata y Acala.
El objetivo estratégico de los sistemas de videovigilancia ilegales
Los grupos criminales instalan sistemas de videovigilancia por diversas razones estratégicas. En primer lugar, estas cámaras les permiten monitorear los movimientos de las autoridades y de otros grupos rivales, lo que les da la capacidad de anticiparse a operativos y ataques. Además, refuerzan el control territorial al vigilar las entradas y salidas de áreas clave bajo su dominio, lo que les proporciona una ventaja considerable en términos de logística y respuesta.
Otro de los objetivos clave de estos sistemas es la intimidación. Al instalar cámaras en lugares visibles, los grupos criminales demuestran su poder y capacidad para vigilar a quienes transitan por sus zonas de influencia. Además, las cámaras de videovigilancia suelen estar equipadas con tecnología avanzada que facilita la comunicación y la coordinación entre los miembros del grupo, lo que aumenta su eficiencia operativa y su capacidad para tomar decisiones rápidas.
(Foto: Fiscalía de Chiapas)
Desmantelamiento en coordinación con fuerzas federales y estatales
El operativo llevado a cabo en Tonalá fue parte de una estrategia más amplia de seguridad denominada «Nueva ERA». En este operativo, participaron más de 500 elementos de diversas instituciones, incluyendo la SEDENA, la SSP, la Policía Municipal de Tonalá y la Fiscalía General del Estado. Este esfuerzo conjunto subraya la importancia de la colaboración interinstitucional en la lucha contra la delincuencia organizada y la criminalidad en el estado de Chiapas.
La Fiscalía de Chiapas subrayó que los dispositivos asegurados fueron puestos a disposición del Fiscal del Ministerio Público, quien determinará las acciones legales que correspondan de acuerdo con la ley. El hecho de que se haya logrado desactivar este sistema de videovigilancia ilegal es un paso importante en la lucha contra la delincuencia organizada en la región.
