El Congreso de la Ciudad de México aprobó en la previa una reforma para evitar la venta de alcohol ilegal, lo que endurece sanciones contra las chelerías callejeras.
Dicha reforma adiciona una fracción V bis al artículo 28 y modifica el artículo 32 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. Además también hay cambios en el artículo 286 del Código Penal para el Distrito Federal.
La diputada morenista Yuriri Ayala Zúñiga explicó que las modificaciones que se aplican al artículo 286 del Código Penal local, modifican las cualidades del sujeto activo que puede incurrir en el delito de retiro o violación de sellos, aumenta la temporalidad de la sanción privativa de la libertad al pasar de ser un delito a un delito grave, agregando el término de “suspensión de actividades”, que constituye una medida cautelar con colocación de sellos durante el procedimiento de verificación.
En lo referente a los cambios de los artículo 32 y 28 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, se indica que se sancionará la conducta de quienes vendan bebidas alcohólicas en la vía pública sin contar con los permisos correspondientes, con lo cual se desincentiva el comercio sin previa verificación del cumplimiento de los requisitos administrativos y de forma indiscriminada, lo cual genera conflictos sociales en la zona de venta.
El legislador de Movimiento Ciudadanano (MC), Royfid Torres González, señaló que la regulación de los negocios denominados chelerías es necesaria a efecto de combatir la venta y consumo ilegal de alcohol.
Comentó que encuentra favorable la modificación para ejercer las acciones que correspondan respecto al quebrantamiento de sellos, sin embargo, destacó que se requiere detallar el concepto para impedir la corrupción.
También se aprobó la reserva al artículo 286 del Código Penal local, mediante la cual el texto incluirá en el primer párrafo, al que “altere, destruya o desaparezca los sellos puestos por orden de la autoridad competente”, y en el segundo párrafo, “medidas de seguridad” o aseguramiento.
De esta manera, se busca desincentivar el comercio sin previa verificación del cumplimiento de los requisitos administrativos y de forma indiscriminada, lo cual genera conflictos sociales en la zona de venta.
