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El viernes por la mañana se implementó un operativo de gran escala en el municipio de Chiapa de Corzo, en el estado de Chiapas, que culminó con la detención de 87 policías. Los detenidos están presuntamente involucrados con organizaciones criminales que luchan por el control territorial de la región, según las autoridades locales.
Operativo en Chiapa de Corzo para frenar el crimen organizado
El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, confirmó el operativo en sus redes sociales, donde destacó que la operación fue coordinada con todas las fuerzas de seguridad para garantizar la aplicación de la ley en la región. «¡Ni un paso atrás en la lucha contra la delincuencia!», escribió Ramírez, haciendo un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada por medio de las autoridades competentes, quienes proporcionarían más detalles de las acciones de seguridad.
El objetivo principal del operativo era desmantelar los retenes ilegales establecidos por grupos criminales en los caminos que conducen a las zonas serranas de Chiapas. «Los caminos están libres de retenes clandestinos, y estamos garantizando el libre tránsito en toda la región», afirmó el mandatario local, haciendo énfasis en que la seguridad en la región sería restaurada sin retrocesos.
Foto: Policía Chiapas
Detención de policías en Chiapa de Corzo
En el marco del operativo, se logró la detención de 66 agentes de la Policía Municipal de Chiapa de Corzo, además de 20 oficiales más pertenecientes a la corporación de Tránsito Municipal. Todos los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, acompañados de 16 armas, 12 de ellas largas y 4 cortas, que fueron incautadas durante la ejecución de una orden de cateo.
Se rumorea que entre los detenidos se encuentra Jesús «N», director de la Policía de Chiapa de Corzo, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente por la Fiscalía General del Estado (FGE) o por la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP).
El contexto de violencia en Chiapas
El estado de Chiapas se ha convertido en un territorio altamente disputado por diversas organizaciones criminales. Tres grupos principales pelean por el control de la frontera con Guatemala y las rutas utilizadas para el tráfico de migrantes y drogas: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Chiapas y Guatemala (CCyG).
La violencia generada por estas organizaciones ha obligado al Gobierno Federal a tomar medidas drásticas. A finales de enero, se desplegaron más de 700 elementos de seguridad en los municipios de Villaflores y Villacorzo, con el fin de capturar a dos objetivos prioritarios y a 65 policías que presuntamente trabajaban o mantenían vínculos con estos grupos criminales.
Cortesía / Secretaría de Seguridad del Pueblo
Consecuencias legales para los detenidos en Chiapa de Corzo
El fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que en total se han detenido a 78 personas en lo que va del operativo. La mayoría de los detenidos está siendo investigada por delitos como extorsión agravada, lo que podría acarrear penas de hasta 30 años de prisión. En el caso de los policías municipales detenidos, se les investiga por ejercicio abusivo de funciones, un delito que también conlleva penas significativas, que podrían llegar hasta 12 años de prisión.
La respuesta del Gobierno ante la creciente violencia
El operativo de Chiapa de Corzo refleja un esfuerzo por parte del gobierno local y federal para restaurar el orden en una región que ha sido severamente afectada por el crimen organizado. A medida que estos grupos siguen luchando por el control de territorios estratégicos para sus actividades ilícitas, las autoridades buscan desmantelar las redes de apoyo y corrupción dentro de las fuerzas de seguridad locales, como ha quedado demostrado con la detención de los 87 policías en Chiapa de Corzo.
En este contexto, la lucha contra las organizaciones criminales en Chiapas es un desafío complejo, que requiere de una coordinación estrecha entre las autoridades locales, estatales y federales. La eliminación de los retenes ilegales y la captura de aquellos que colaboran con los grupos delictivos son pasos importantes, pero el camino hacia la paz y la seguridad en la región aún es largo y difícil.
La situación en Chiapas refleja un problema más amplio que afecta a muchas otras partes del país, donde la infiltración de criminales en las instituciones de seguridad pública continúa siendo una de las mayores barreras para la efectividad de las políticas contra el crimen organizado.
