Las madres de algunos de los adolescentes detenidos en Venezuela, en el contexto de la crisis poselectoral, denunciaron este domingo (20.10.2024) que a sus hijos les han violado sus derechos humanos y que sufren atropellos en prisión, al tiempo que exigieron su libertad inmediata.
La organización no gubernamental Foro Penal, que lidera la defensa de las personas consideradas «presos políticos» en el país, publicó en X (antes Twitter) un video en el que una veintena de madres piden la libertad de sus hijos y reiteran que estos «no son terroristas», pese a que algunos han sido señalados por supuestamente haber incurrido en este y otros delitos.
«Le han violado todos sus derechos, no le permiten absolutamente nada (en la cárcel), ni ropa ni comida. Clamamos justicia, ellos no son terroristas, son inocentes, mi hijo es un estudiante», dijo Maite Landaeta, madre de un adolescente que fue arrestado el 29 de julio, un día después de las elecciones presidenciales, en las que Nicolás Maduro fue proclamado vencedor.
La mujer criticó que a los adolescentes detenidos en el estado Anzoátegui los hayan trasladado a una prisión en Miranda, cercano a Caracas, a unos 300 kilómetros de distancia de su lugar de origen. «Muchas no tenemos los recursos para llegar a nuestros hijos, para saber cómo están de salud (…), hablo en nombre de todas estas mujeres del estado Anzoátegui, queremos libertad para nuestros hijos», agregó.
Landaeta explicó que el 14 de octubre le permitieron visitar a su hijo -por espacio de 10 minutos- y que volvió días después, para hacerle llegar un tratamiento médico que necesitaba, pero las autoridades del penal, aseguró, le «negaron rotundamente el acceso del medicamento». Otras madres de los adolescentes -cuyo total de detenidos es de 68, según el Foro Penal– alertaron sobre los daños psicológicos causados a sus familiares durante el tiempo en prisión.
Luego de que la oposición mayoritaria denunciara fraude en las elecciones presidenciales, cuyo resultado oficial no es reconocido por numerosos países, se desató una oleada de detenciones en el país que se salda con 2.400 personas aprehendidas, algunas de ellas en protestas, según el Ejecutivo.