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El Comité de Derechos Humanos del partido político Vente Venezuela (VV), liderado por María Corina Machado, denunció este lunes la muerte del activista Reinaldo Araujo en el estado Trujillo (oeste de Venezuela). Araujo había sido detenido el 9 de enero, y según se indicó, su salud se deterioró en prisión debido a la falta de atención médica. Su esposa había solicitado ayuda para su tratamiento, pero no se le habría permitido recibir la asistencia necesaria, según una publicación de VV en la red social X (anteriormente conocida como Twitter).
La denuncia sobre la muerte de Reinaldo Araujo
Vente Venezuela expresó su solidaridad con los familiares de Araujo y exigió a la comunidad internacional que actuara de manera inmediata ante los «criminales de lesa humanidad que hoy se aferran al poder y condenan a cientos de venezolanos a la muerte». La denuncia de la muerte de Araujo resalta una vez más las condiciones inhumanas bajo las cuales, según las organizaciones de derechos humanos, se mantienen a los opositores políticos detenidos en el país.
El partido político no brindó detalles sobre el lugar exacto de la detención de Araujo, pero se informó que él era un dirigente del partido en la parroquia Juan Ignacio Montilla, en el municipio de Valera, estado Trujillo. La noticia de su fallecimiento generó indignación entre los activistas y políticos de la oposición, quienes responsabilizan al gobierno de Nicolás Maduro por la muerte de Araujo y de otros prisioneros políticos bajo custodia.
La líder opositora María Corina Machado , en una fotografía de archivo. EFE/ Miguel Gutiérrez
Reacción de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos
La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos también condenó la muerte de Reinaldo Araujo, señalando que fue detenido de manera arbitraria el 9 de enero y mantenido en condiciones inhumanas durante su tiempo en prisión. La organización agregó que este caso es un ejemplo más de cómo el gobierno venezolano utiliza la tortura, la negación de asistencia médica y el encarcelamiento arbitrario contra la disidencia política.
Además, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos hizo un llamado a las autoridades de Venezuela para que se garantice el derecho a la vida de todos los detenidos, particularmente aquellos que han sido arrestados en el contexto de las protestas por los resultados de las elecciones presidenciales de 2024. Este caso de abuso se une a una larga lista de denuncias de violaciones de derechos humanos en el país.
Otras muertes de detenidos en Venezuela
El fallecimiento de Reinaldo Araujo no es un caso aislado. En diciembre de 2024, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) también reportó la muerte bajo custodia del Estado de Osgual González Pérez, uno de los cientos de detenidos en el marco de las protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales. González Pérez había sido arrestado el 1 de agosto de 2024 y, según informes de la organización, su salud se deterioró mientras estaba en prisión. La causa de su muerte se atribuyó a complicaciones de salud, aunque existieron discrepancias en cuanto al diagnóstico.
Fotografía cedida por Palacio Miraflores donde se observa al líder chavista Nicolás Maduro en un acto de gobierno, en Caracas (Venezuela). EFE/ Palacio Miraflores
El OVP informó que González Pérez fue internado en diciembre debido a un fuerte dolor abdominal, inicialmente diagnosticado como un cólico nefrítico. Sin embargo, algunos indicios sugirieron que podía tratarse de una hepatitis. El informe indicó que, pese a la intervención médica, las autoridades no ofrecieron el tratamiento adecuado, lo que terminó en su muerte. Este incidente, junto con el caso de Araujo, ha generado un creciente rechazo en la comunidad internacional, que exige justicia para las víctimas de abusos bajo custodia.
El papel del Estado venezolano y la comunidad internacional
En medio de estos casos de violaciones a los derechos humanos, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos instó a las autoridades venezolanas a realizar una investigación exhaustiva e imparcial sobre las muertes de detenidos, subrayando que la vida de las personas bajo custodia es responsabilidad del Estado venezolano. La comunidad internacional también ha expresado su preocupación por las condiciones de los detenidos políticos en el país, haciendo un llamado para que el gobierno de Nicolás Maduro respete los derechos fundamentales de todos los venezolanos.
Las denuncias de abuso en las cárceles venezolanas se han multiplicado en los últimos años, especialmente en el contexto de la represión política y las protestas contra el gobierno. Las organizaciones de derechos humanos han alertado sobre las condiciones precarias de los centros de detención, la falta de acceso a atención médica adecuada y las prácticas de tortura física y psicológica.
