¿Es posible juzgar antigua una ley que aún no ha entrado en vigor? Lo es, según la opinión de los legisladores uruguayos que esta semana votaron a favor de una nueva norma de financiación de los partidos políticos. Luego de cuatro años de negociaciones, el Parlamento de Uruguay acordó modificar las reglas vigentes desde 2009, fijando nuevos límites a las donaciones del sector privado y estableciendo sanciones. Sin embargo, no está claro que la Corte Electoral, responsable de controlar las cuentas, pueda llevar adelante su tarea debido a la falta de recursos. En pleno año electoral, la ley también regula la propaganda política en los canales de televisión, pero nada dice sobre la publicidad partidaria que inunda los espacios digitales. Sus autores insisten en que la legislación busca proteger al sistema de una eventual penetración del crimen organizado y del lavado de activos en las finanzas partidarias. “Es un avance, pero nos quedamos cortos”, admite uno de ellos.
La ley aprobada este miércoles en Diputados por 71 votos de 73, mantiene el régimen mixto de financiación de los partidos políticos, cuyas cajas se nutren de los aportes del Estado y del sector privado. El subsidio público es histórico en Uruguay, se remonta a 1928. Por ese lado, los partidos reciben dinero por cada voto obtenido y también financiamiento permanente. Por ejemplo, los partidos seguirán percibiendo 525 pesos uruguayos, unos 13 dólares, por cada voto válido a favor de las candidaturas a la presidencia de la República. Entre las novedades, esta ley prevé un aumento del pago por voto para el caso de las listas encabezadas por mujeres, como una forma de incentivar la efectiva participación femenina en ámbitos como el parlamentario.
En Uruguay existe un consenso generalizado con respecto a que la financiación pública de los partidos no reviste mayores inconvenientes. La preocupación gravita sobre el dinero que proviene del sector privado. “Lo peor que le puede pasar a nuestra democracia es que exista la sospecha de que los partidos políticos puedan estar financiados por actividades ilegales”, dijo el senador oficialista Luis Alberto Heber el pasado 28 de mayo, cuando la cámara alta dio luz verde al proyecto que este miércoles ratificaron los diputados. Según Heber, parlamentario del Partido Nacional (centroderecha), con esta nueva ley se avanza en transparencia, imponiendo mayores niveles de control y sanciones que antes no existían. Las multas por incumplimiento, por ejemplo, podrán alcanzar los 1,8 millones de pesos uruguayos, unos 46.000 dólares.
Como su antecesora, esta norma prohíbe expresamente aceptar contribuciones de organizaciones delictivas, empresas concesionarias de obras públicas o fundaciones extranjeras, entre otras. Establece que las donaciones no podrán ser anónimas a partir de 24.000 pesos uruguayos, unos 600 dólares. En total, este tipo de contribuciones anónimas no podrán superar el 10% de los ingresos declarados. Las restantes deberán incluir los datos del donante y tendrán un tope de 2,1 millones de pesos, unos 54.000 dólares, por año. La ley obliga a que estas donaciones se concreten mediante pago electrónico en una cuenta bancaria abierta para recaudar esos fondos. Asimismo, se fija el monto máximo que podrán aportar los candidatos a su propia campaña, que hasta ahora era ilimitado: 7,2 millones de pesos, que equivalen a unos 185.000 dólares, en el caso de quienes aspiren a la presidencia.
Durante las negociaciones, el aspecto más peliagudo del proyecto fue sin dudas el de la regulación de la publicidad electoral, que supone buena parte del gasto de los partidos. “Las campañas son cada vez más caras y más complejas”, dijo Carlos Varela, diputado del Frente Amplio (centroizquierda). En este ámbito, la norma aprobada señala que las condiciones para la publicidad en los canales de televisión abierta y por abonados deberán ser las mismas para todos los partidos. Es decir, no podrá haber precios diferenciales. Además, durante los 30 días previos a las elecciones esos medios tendrán que otorgar 13 minutos gratuitos a cada formación política, que se distribuirán en tres mensajes a la ciudadanía. La ley no hace referencia alguna a la propaganda electoral en internet, que campa a sus anchas en los múltiples espacios digitales burlando incluso la veda electoral. “La ley ya es antigua”, critican los analistas y reconocen legisladores como el senador Heber.
Una duda planea sobre el alcance de esta ley: ¿Tendrá la Corte Electoral, encargada de su fiscalización, capacidad para auditar, controlar y sancionar? Tanto políticos como estudiosos de la financiación de partidos sostenían que eso era inviable bajo la ley anterior, porque ese organismo no contaba con los recursos humanos ni materiales para llevarlo a cabo. En un intento de remediar esa falla, la nueva norma faculta al Poder Ejecutivo a “dotar de los recursos necesarios” a la Corte Electoral, que a su vez podrá solicitar el apoyo del Tribunal de Cuentas para auditar los números que deben presentar las formaciones políticas.
Esa disposición remienda pero no repara el problema de fondo, según vaticinan los expertos y coinciden algunos legisladores. “Este proyecto es un avance, pero se queda corto ante la realidad que estamos viviendo”, indicó el diputado Varela en la sesión del miércoles. Varela dijo estar convencido de que la Corte Electoral no podrá controlar lo que establece la nueva norma mientras el sistema político no se ponga de acuerdo en asignarle, mediante la ley de presupuesto, los recursos materiales y humanos que requiere su tarea. “Hoy la amenaza que tiene el sistema político uruguayo y la sociedad”, expresó el legislador, “es el crimen organizado y su peor expresión, el lavado de dinero”. En su exposición, Varela reconoció la solidez del sistema político uruguayo, pero advirtió que no está vacunado contra la corrupción. “Nos quedan demasiadas cosas pendientes para seguir pensando en el futuro inmediato”, remarcó.
